Según la Cámara Minera de México (Camimex), la propuesta implica la reducción de 50 a 15 años el término de la concesión, prorrogable por una sola ocasión hasta por un lapso igual, sujeto al cumplimiento de obligaciones.

Las empresas mineras dejarían de invertir alrededor de US$ 4.000 millones anuales si se aprueba la reforma minera propuesta por el Ejecutivo Federal, estimó José Jaime Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex).

“Nosotros estaríamos hablando de unos US$ 4.000 millones de reducción anuales”, refirió en una conferencia de prensa virtual este jueves.

En la última década, el monto de inversión más alto fue de US$ 8.043 millones en 2012 -en otro ciclo de altos precios- y el más bajo totalizó US$ 3.533 millones en 2020 -por la crisis de la pandemia de COVID-19-. El año pasado, la cantidad se cifró en US$ 4.810 millones.

Gutiérrez criticó la reforma minera propuesta afirmando que “existe un total desconocimiento de la industria” por parte de quienes la elaboraron.

Uno de los cambios implica la reducción de 50 a 15 años el término de la concesión, prorrogable por una sola ocasión hasta por un lapso igual, sujeto al cumplimiento de obligaciones, lo cual disminuirá, según el gobierno, la especulación de particulares con los recursos de la Nación.

Gutiérrez replicó que aproximadamente la mitad de esos 15 años se lleva sólo la exploración, faltando aún los permisos, los trámites y la construcción de las instalaciones, lo que hace “inviable” el período concesionado.

También cuestionó que se pretenda otorgar la concesión de agua sólo por cinco años, lo que supone un lapso menor a la propia concesión.

Otro cambio planteado en la reforma consiste en que la concesión únicamente sea realizada por mineral o sustancia susceptible de explotación, lo que permitirá, a juicio del Ejecutivo, un mayor control y generación de recursos para el Estado y las comunidades afectadas.

Por el contrario, Gutiérrez dijo que esto también deja ver un desconocimiento de la actividad, ya que es “imposible”, considerando que el mineral que se extrae de la alúmina, por ejemplo, viene en aleación con otros minerales. “Sería imposible llegar a hacer esto”, dijo.

“También se habla de cuestiones tan básicas como que el Estado sería el único que podría explorar en las concesiones mineras. Nosotros estamos invirtiendo cada año, y eso que ha disminuido, más de 1,000 millones de dólares en exploración. Pensar que esto lo pueda llevar a cabo alguna entidad del gobierno federal, como el Servicio Geológico, es totalmente irrealizable”, comentó.

Gutiérrez considero que las concesiones serían por licitación de aprobarse la iniciativa y que esto “es inviable, no práctico”; hizo un llamado para que se organice un “foro abierto” de discusión sobre la reforma, y advirtió que si prospera la reforma como originalmente está planteada, los miembros de la Camimex recurrirán a todos los recursos jurídicos a su alcance, incluidos paneles de solución de controversias al amparo de tratados comerciales.

En la iniciativa, el gobierno federal cuestionó la aportación de la minería al desarrollo económico y la redistribución de la riqueza en México.

“Nosotros como empleadores, como generadores de riqueza, estamos obligados a producir riqueza a los mejores costos posibles, a eso nos debemos. La distribución de la riqueza corresponde al gobierno, esto siempre que se cuide la permanencia de las empresas para que puedan seguir generando esta riqueza. Eso es un asunto que corresponde al gobierno, no propiamente a las empresas”, dijo.

México aplica actualmente la Ley Minera vigente desde 1992, que establece la normatividad aplicable en general que es conocida por los inversionistas, para los procesos y procedimientos que requieren las autorizaciones y permisos a fin de poder realizar actividades mineras en México, por lo que el país se mantiene atractivo para la inversión extranjera directa e inversiones nacionales importantes en materia minera de forma competitiva a nivel mundial.

Además, según el gobierno mexicano, hay una alta probabilidad de que se incremente a futuro la demanda de metales por ser indispensables para la transición energética y el uso de energías renovables, y por consiguiente la atracción de nuevas inversiones en México.

Cambio radical

Algunos de los puntos que plantea la iniciativa de reforma minera del gobierno son los siguientes:

• Concesiones más cortas: de 15 años prorrogables una vez por el mismo término, cuando actualmente el plazo es de 50 años.
• Las concesiones se otorgarían por mineral o sustancia susceptible de explotación.
• Otorgamiento de concesiones mediante concurso público, eliminando el esquema vigente de “terreno libre y primer solicitante”.
• La explotación minera no tendría carácter preferente, lo que significa que la exploración, explotación y beneficio de los minerales no justificarán ahora la expropiación en favor de particulares.
• Se precisan y adicionan como causal de cancelación de las concesiones mineras la falta de informe sobre posibles daños o riesgos al equilibrio ecológico.
• Se prevé la realización de un estudio de impacto social que deben presentar el ganador de un concurso de licitación para determinar las probables afectaciones de la actividad minera.
• El Estado mexicano sería el único que podría realizar las labores de exploración.