Así lo anunció el presidente de Brasil, Lula da Silva, quien ha convertido la lucha contra la deforestación en una pieza central de la política medioambiental de su tercer mandato. 

El gobierno de Brasil reveló el lunes cómo planea cumplir con la promesa de eliminar la deforestación en la Amazonía para 2030, utilizando el fortalecimiento de la aplicación de la ley contra los delitos ambientales y otras medidas en la selva tropical más grande del mundo.

Bajo el mandato del expresidente derechista Jair Bolsonaro, Brasil se unió a un pacto de 2021 con más de 140 países para poner fin a la deforestación en el planeta para 2030.

El izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, en el poder desde 1 de enero, ha convertido la lucha contra la deforestación en una pieza central de su política medioambiental.

El Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía (PPCDAm) establece una política coordinada entre más de una docena de ministerios hasta el final del mandato de Lula en 2027.

Además, pide un mayor uso de inteligencia e imágenes satelitales para rastrear la actividad delictiva, la regularización de los títulos de propiedad y el uso de un registro rural para monitorear la correcta gestión de bosques considerados vitales para frenar el cambio climático.

Se recuperarán los bosques degradados y se incrementará la vegetación nativa a través de incentivos económicos para la conservación y el manejo forestal sostenible, señala la iniciativa.

Entre las acciones a tomar, las autoridades cruzarán la información del sistema financiero con el registro rural y otras bases de datos e imágenes satelitales para erradicar a los madereros y ganaderos ilegales.

La inteligencia financiera puede, por ejemplo, señalar movimientos de efectivo para pagar equipos como motosierras con las que se talan árboles o excavadoras con las que se extrae oro de forma ilegal.

El plan también prevé la creación de un sistema de rastreo de madera, ganado y otros productos agrícolas de la Amazonía, en un momento en que los países importadores exigen cada vez más pruebas de que no provienen de tierras deforestadas.

Asimismo, busca desarrollar una economía verde para sostener la región amazónica sin deforestación que incluirá la certificación de productos forestales, asistencia técnica a los productores, provisión de infraestructura, energía y conexión a internet, y el fomento del ecoturismo.