Exportadores aseguran que las sanciones de la Ley del Banano son desproporcionadas, productores aseguran que quieren eliminar el Precio Mínimo de Sustentación.

Una nueva confrontación sacude el sector bananero ecuatoriano, exportadores y productores de la fruta vuelven a enfrentarse ahora por un pedido de inconstitucionalidad que la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano del Ecuador (Acorbanec), a través de su director ejecutivo y administrador, Richard Salazar, presentó en julio del 2022, que fue admitida en septiembre de ese año por la Corte Constitucional, y que tras más de dos años de proceso, estaría por emitir un dictamen.

El gremio impugnó los Artículos 4 y 7 de la Ley para estimular y controlar la producción y comercialización del banano, plátano (barraganete) y otras musáceas afines, que está vigente desde el 16 de abril del 2004. Estos artículos contienen las sanciones para los exportadores que incumplan el pago del Precio Mínimo de Sustentación (PSM) de la caja del banano a los productores, que según los exportadores son desproporcionadas en función a la infracción. Para el 2025, los exportadores y productores acordaron fijar el precio de la caja de la fruta en US$ 7,25.

El sector productor aseguró que los exportadores buscan que con la declaratoria de inconstitucionalidad se eliminen estos artículos y con ellos el PMS, lo que a entender de Segundo Solano, presidente de la Asociación de Bananeros Orenses (ABO), legalizaría la informalidad en el negocio bananero y privaría a los productores de reclamar sus derechos de cobrar un precio digno por la fruta.

“Simplemente se quieren volver a las viejas prácticas y que a los pequeños productores se les pague el precio que a ellos les dé la gana”, reclamó el dirigente.

Solano, así como otros representantes del sector productor, se pronunciaron este miércoles, 26 de febrero del 2025, en Quito, a donde llegaron para “hacerse escuchar” por la CC. Esto, después que el 5 de febrero pasado, se realizó una audiencia en el organismo con la que el sector productor se mostró inconforme.

De acuerdo con Francis Abad, abogado de los productores, en esta audiencia estuvo el sector exportador (Acorbanec) y el Estado, representado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), mientras que los productores acudieron en calidad de “terceros interesados” por lo que solo se les permitió una intervención de 5 minutos, lo que fue criticado por Abad, además del hecho de no haber convocado a la Asamblea Nacional, organismo en donde se han debatido en los últimos años la Ley del Banano y que según el jurisconsulto era la indicada para dar una exposición más clara acerca de la normativa.

Por esta razón, Abad pidió que se deje sin efecto la audiencia del 5 de febrero pasado y que se convoque a una nueva diligencia en la que estén presente todos los miembros de la CC y se convoque además a la Asamblea Nacional.

Solano apoyó el pedido de Abad al señalar que además de la presencia de la Asamblea Nacional, las autoridades deben sensibilizarse para que conozcan el daño que se va a ocasionar. “Sacar estos artículos de la legislación bananera significa legalizar la informalidad y que exista el caos dentro de la producción y comercialización del banano, de ser así vamos a quebrar el 90 % de los productores”, enfatizó.

¿Cuáles son las sanciones de los artículos 4 y 7?

El Artículo 4 dispone que de llegar a determinarse el incumplimiento, se aplicará una multa equivalente de veinte y cinco (25) a cincuenta (50) veces el monto de evasión o incumplimiento, dispondrá la reliquidación y devolución a los productores por el monto evadido o no pagado; y, ordenará la suspensión de exportar por quince días, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar. En caso de reincidencia, la suspensión de exportar será de treinta días. De no pagársele al productor el precio mínimo de sustentación por una tercera ocasión, la sanción al exportador será la suspensión de exportación por sesenta días; y, en caso de continuar el incumplimiento por una cuarta ocasión se ordenará la suspensión definitiva del exportador.

Mientras, que el Artículo 8 prohíbe que en las liquidaciones de pago de las cajas de banano para exportación consten descuentos no autorizados por el productor. El exportador que violare esta disposición será sancionado con la multa equivalente al quinientos por ciento (500 %) de los valores indebidamente descontados, de la cual se devolverá al productor el valor correspondiente.

También hay sanciones en el COIP para exportadores

A esto, Salazar agregó que también hay sanciones a través del Código Integral Penal (COIP). Se refirió al Artículo 8, numeral 2 que indica que La persona que no pague el precio oficial mínimo de sustentación o indexación establecido por el Estado para el banano, maíz, arroz, leche cruda o cualquier otro producto agrícola o pecuario, con fines de comercialización en el mercado nacional o extranjero será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Para Solano, las sanciones no son exageradas y aseguró que los exportadores no han justificado su impugnación. “No han dicho cuáles son los exportadores que han quebrado, cuáles han sido sancionados, cuáles no han podido exportar por este tipo de sanciones, cuáles”, indicó el dirigente.

Aseguró que los productores no permitirán un fallo desfavorable, y exhortó a la CC a inadmitir y rechazar el planteamiento de los exportadores y que se archive por ser atentatorio contra los productores, contra la propiedad privada, contra el trabajo y en contra de tener una vida digna.

De lo contrario, advirtió Solano, “los que vamos a quebrar somos los productores bananeros, que somos los más golpeados de este eslabón de producción, somos los que generamos empleos y divisas y somos los que menos estamos protegidos”.

El titular de la ABO aseguró que más de 2 millones de personas dependen directa e indirectamente del negocio bananero.

Mientras, Salazar defendió lo actuado e indicó que cuando la CC admite una demanda es porque hay indicios de inconstitucionalidad.

En la demanda, el titular de Acorbanec argumentó que los artículos 4 y 7 infringen el principio de proporcionalidad estipulado en el Artículo 76 numeral 6 de la Constitución, que indica que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. De acuerdo con Salazar también se infringe el derecho a la seguridad jurídica estipulado en el Artículo 82, el derecho a la propiedad privada (Artículos 66 y 321), y el principio de la no confiscatoriedad (Art 323).

Además, Salazar aclaró que el gremio no busca que se eliminen los artículos y el PSM como indican los productores, sino que se establezca una sanción proporcional a la infracción.

“Esa ley como tal, a nuestro entender, tiene sanciones desproporcionadas violando la Constitución de la República, por eso hemos pedido esa declaratoria, que se declare inconstitucional y que se cambié, no estamos diciendo que se eliminé, lo que estamos diciendo es que se establezca la sanción, pero que se ponga de manera proporcional en función de la infracción, no como está actualmente. No hemos dicho jamás que se elimine la sanción, para nada todo lo contrario, simplemente que se la haga proporcional, nada más. y estamos esperando el dictamen de la Corte”, dijo Salazar.

Agregó que además de tratarse de una ley con sanciones exageradas tampoco es equilibrada entre todos los actores de la cadena. “Es una ley que es simplemente sancionatoria contra el exportador, pero no hay un equilibrio porque también hay muchas veces que el productor infringe la ley y no hay ningún tipo de sanción para ellos”, advirtió.

Mientras, Solano recordó que en octubre del 2024, cuando exportadores y productores llegaron a un acuerdo para fijar en $ 7,25 el precio actual de la caja del banano, “nadie dijo que esta ley es muy severa con las sanciones, nadie comentó nada”. Además, adelantó que se preparan movilizaciones.

“Están preparando una gran movilización a nivel nacional porque debemos defender el derecho al trabajo, a la vida, a tener una vida digna”, culminó.