El presidente Andrés Manuel López Obrador afronta sus últimos meses de gobierno con altos índices de popularidad y cifras macroeconómicas positivas que podrían asegurar la elección de la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la abultada deuda pública y una mala política petrolera se mantienen como problemas pendientes.
A simple vista, el escenario es inmejorable. México cerró 2023 como la 12º mayor economía a nivel mundial, según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI). Con un PIB equivalente a US$ 1,81 billones, el país azteca superó a naciones desarrolladas como Corea del Sur, Australia y España. Para ser precisos, la economía mexicana registró un crecimiento del 3,4%, apuntalado por la masiva llegada de inversiones extranjeras directas (IED) que según un estudio preliminar de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) crecieron 21% y ascendieron a US$ 43.900 millones. Se trata de la mayor cifra desde 2013 y es probable que se supere para este 2024.
No obstante, otros indicadores, más influyentes en la vida del mexicano de a pie, son menos alentadores. Por ejemplo, la inflación frenó su acostumbrada desaceleración, cuando en noviembre pasó del 4,26% a un 4,32% anual, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Y si bien el desempleo se mantiene por debajo del 3%, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló el mismo mes que 32,9 millones de mexicanos se dedicaban al empleo informal, sumando así el 55,4% de la fuerza laboral del país. Será un reto pendiente para el gobierno que suceda al socialdemócrata Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
Las elecciones presidenciales, programadas para este 2 de junio, son inéditas, pues enfrentarán a dos grandes bloques políticos, liderados por mujeres candidatas. Por un lado, se encuentra Claudia Sheinbaum, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien se postula por Morena, el partido oficialista. Mientras que su rival principal es la exsenadora derechista Xóchitl Gálvez, abanderada de la coalición opositora “Fuerza y Corazón México”. Es un frente compuesto por el antiguo Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus ex rivales, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Hasta el momento, el clásico refrán de “la unión hace la fuerza” parece ser ajeno a esta alianza, pues la última encuesta del diario El Financiero muestra una realidad: Sheinbaum lidera ampliamente las encuestas con un sólido 52%, le siguen Gálvez con un 30% y Jorge Antonio Alvárez, candidato del Movimiento Ciudadano, con un modesto 7%. Acaba de cerrar la etapa de precampaña y los candidatos presidenciales deberán abstenerse de organizar actos proselitistas hasta el 1 de marzo, según ordena el Instituto Nacional Electoral de México (INE) como estrategia para “resolver posibles diferencias internas”. Por ahora, todo apunta a que el apoyo contundente a Sheinbaum y las aceptables cifras macroeconómicas están emparentados. Pero, ¿qué tanto el gobierno de López Obrador ha sido responsable de este éxito?
Para Eduardo Ruiz-Healy, periodista y columnista político-económico de El Economista, el crecimiento del PIB mexicano obedece a un contexto global y a ciertas políticas públicas, como la apertura al nearshoring. Hasta ahora, esta situación ha generado una recuperación de empleos tanto en el sector formal como informal. Por ello, la ralentización de las economías estadounidense y china tendrá un efecto “contagio” en las finanzas mexicanas.
En cuanto a la inflación, ésta retomaría su tendencia al descenso, aunque no aplicaría para todos los casos. “La inflación general va a seguir cercana al 3%, pero el problema son los precios de bienes y servicios de primera necesidad como alimentos, combustibles, servicios, la educación, entre otros. Podemos suponer que este año se mantendrá por encima del 4%”, dijo a AméricaEconomía.
Desde su perspectiva, Ruiz-Healy opina que el “Paquete contra la inflación y carestía” (PACIC), acuerdo de precios impulsado entre el gobierno mexicano y los grupos empresariales no sirve de mucho para remediar el alza. “Los empresarios que negocian con el gobierno representan a los autoservicios y a los grandes consorcios, pero en México, el 99% de las empresas son micro, pequeñas o medianas. Entonces, esos actores no ingresan al pacto y venden al nivel que el mercado les permite sobrevivir”, aclaró. Asimismo, los acuerdos de reducción de precios solo incluyen marcas específicas, lo que reduce su alcance para la población de bajos ingresos. De esta forma, el PACIC dista mucho de los polémicos controles de precios estatales, típicos de las economías socialistas.
“A López Obrador pueden acusarlo de populista, pero en la cuestión económica se ha manejado como un presidente neoliberal, de esos que tanto critica. Y las finanzas se han manejado relativamente bien, a tal punto que el año pasado, el sector privado invirtió más en infraestructura que el propio gobierno federal”, aclaró Ruiz-Healy. No obstante, este panorama cambiaría, porque a la ya mencionada desaceleración de la economía global, el factor Donald Trump es clave. Incendiario en su discurso y proteccionista en lo económico, el expresidente de Estados Unidos es un actor capaz de generar un escenario de incertidumbre para las inversiones de empresarios estadounidenses en México.
“La única manera de que el riesgo de Trump se vuelva manejable sería que él no sea candidato. Esto es algo que, si bien es posible, también es bastante improbable”, sostuvo un reporte de Axios, publicado el pasado 6 de enero. Si sumamos la impopularidad de un desgastado Joe Biden y la retirada de la precandidatura del republicano Ron DeSantis en favor de Trump, el retorno del magnate a la Casa Blanca parece cuestión de tiempo.
Por su parte, Alfredo Coutiño, director para América Latina de la consultora Moody’s Analytics, sostiene que la victoria de Trump tiene consecuencias variadas. “Esto puede resultar en una espada de dos filos para México. Por un lado, un mayor proteccionismo contra China puede estimular la relocalización de empresas asiáticas hacia México. Pero por otro lado, también puede generar un ambiente hostil del gobierno estadounidense hacia México, dada la retórica trumpista de recuperar los empleos perdidos por culpa de su vecino del sur y los acuerdos de libre comercio”, dice Coutiño.
EL DRAMA DEL PETRÓLEO
Sin embargo, la gestión pública de López Obrador también ha incurrido en desaciertos notables. Quizás el más notorio es su política petrolera: inició su sexenio prometiendo una producción de 2,6 millones de barriles de crudo diarios. Para septiembre del año pasado, el sueño se había acabado y la Secretaría de Hacienda predijo que en 2024, recién se alcanzaría una cifra de 1,9 millones de barriles diarios. “El problema es que dada la onerosa carga de la deuda de Pemex y la falta de visión del gobierno, no se tuvo un plan de solución del verdadero problema de la empresa petrolera que es su baja capacidad productiva. Solo se dedicaron a apoyarla a través de solventar su deuda en lugar de implementar un plan de inversiones para ampliar la capacidad de producción petrolera”, sostiene Coutiño.
A su vez, esta falta de planificación se manifestó en el establecimiento de metas descabelladas para las refinerías petroleras. Por ejemplo, Ruiz-Healy destaca el caso emblemático de Dos Bocas, la cual recibió una inversión de US$ 4.000 millones para su construcción. El objetivo final del gobierno de AMLO era producir 300.000 barriles de petróleo diarios, a pesar que advirtió que estos fondos únicamente eran suficientes para producir 150.000 barriles. Finalmente, no solo esta proyección se hizo realidad, sino que el costo original se elevó porque no se tomaron en cuenta otros cálculos de construcción. “El problema de Pemex es que está mal concebida desde su origen. Es la única petrolera del mundo que se encarga de exploración, perforación, explotación, desplazamiento, refinanciación, distribución y hasta gasolineras”, critica Ruiz-Healy.
En contraste, el periodista destaca que usualmente, las petroleras estatales se enfocan en la exploración y explotación del crudo. Posteriormente, delegan el resto de actividades al sector privado, lo que permite ahorrar costos. Ruiz-Healy considera que México podría adoptar un modelo similar al de Noruega, donde la petrolera estatal concesiona los hidrocarburos al sector privado y exige el pago de un impuesto del 85% sobre cada barril. Al mismo tiempo, la transición energética se asoma en el horizonte como una promesa pendiente. De hecho, el perfil ambientalista de Claudia Sheinbaum podría presagiar un cambio de rumbo. “Pero es difícil de predecir. Podemos pensar que por su formación académica, Sheinbaum estará a favor de la transición, pero mientras sea candidata, se plegará al discurso oficialista para mantener el favor presidencial”, aclara.
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EL LEGADO DE LOS “PROYECTOS EMBLEMÁTICOS”
Otras obras públicas de la administración de Morena generan mayor optimismo. Es el caso del Tren Maya, cuyo primer tramo se inauguró el mes pasado bajo la promesa de unir el empobrecido sur de México con la turística península de Yucatán. El costo desmedido y el impacto ambiental en la construcción de la obra han sido los principales blancos de crítica. Ahora podría sumarse su efecto en el gasto público mexicano. “La realidad económica mundial y del país han demostrado que los gobiernos no son buenos administradores de negocios, ya que carecen de filosofía empresarial. Por lo tanto, terminan agregando presiones a las cuentas públicas y en consecuencia, desequilibrio fiscal”, opina Coutiño.
En cambio, Ruiz-Healy simpatiza con el proyecto del Tren Maya, porque lo percibe como una oportunidad para generar un polo de desarrollo económico en el sur de México, así como en el hecho que muchos gobiernos europeos destinan grandes subsidios al mantenimiento de ferrocarriles nacionales. “Pero debo aclarar que nos está costando mucho más de lo que se nos dijo originalmente. Porque este gobierno ha demostrado que no sabe proyectar costos ni planear obras. Lo mismo sucede con el Ferrocarril Transísmico que unirá el Pacífico con el Golfo de México”, sostiene el periodista.
Asimismo, Ruiz-Healy se opone al retorno de Mexicana de Aviación como aerolínea estatal, pues la considera un “capricho presidencial” que no puede mantenerse por sí misma. Al mismo tiempo, debe lidiar con problemas como las altas rentas de sus aeronaves y la presencia de tripulación extranjera que no está capacitada para volar en México.
“Gran parte de la popularidad del gobierno se debe a los programas sociales y sobre todo a las transferencias del gobierno a las familias, así como a su retórica persistente sobre el cambio prometido y su reacio antagonismo contra los gobiernos anteriores”. Así define Alfredo Coutiño la razón tras la popularidad de un López Obrador que cerró diciembre de 2023 con una aprobación del 55%. Resulta una cifra inusual para un presidente latinoamericano que está próximo a culminar su mandato.
El gobierno de Morena aumentó en 30% la inversión en programas sociales, al punto de totalizar un presupuesto de 6,5 billones de pesos (US$ 380 millones) en los últimos cinco años. Entre los programas destacados se encuentran pensiones destinadas a los adultos mayores así como becas de educación básica y universitaria. Pese a que los índices de pobreza se redujeron considerablemente, la deuda pública ha crecido de forma sostenida.
Es así que para 2023, el Congreso mexicano autorizó un endeudamiento neto de 1,29 billones de pesos para el sector público, un 23,4% más que en 2022. Esto representa un 4,1% del PIB total, siendo la proporción más alta en los últimos diez años. Sin embargo, la euforia por los logros alcanzados sigue intacta, al punto que la semana pasada, López Obrador propuso elevar a rango constitucional los programas sociales. Pero en la política mexicana, nada está escrito, ni siquiera en la relación entre el presidente y su aún sucesora de confianza.
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