Delegados de empresarios plantearon aumento de US$ 4,12 pero al no llegar a un acuerdo aseguran que se debe aplicar artículo 118 del Código de Trabajo.

Al no haber llegado a un consenso con los trabajadores que integran el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, los representantes de los empleadores aseguran que el sueldo básico para 2024 que deberá establecer el Gobierno ecuatoriano deberá ser fijado en función de la inflación proyectada para el próximo año que es del 2,07%.

El salario básico unificado (SBU) que rige actualmente es de US$ 450, es decir que si se aplica un alza del 2,07% significaría US$ 9,32. “Cualquier cosa distinta a esto está fuera del marco legal y de parámetros técnicos”, sostienen.

La Cámara de Industrias y Producción informó que en la última reunión realizada hoy viernes 1 de diciembre los representantes de los empleadores recordaron que la aplicación de la metodología establecida en el Acuerdo Ministerial n.° 185 de 19 de octubre de 2020, expedido por el Ministerio del Trabajo, que conlleva parámetros técnicos y aspectos definidos en un estudio realizado por el Banco Mundial, significaría un incremento de US$ 4,12.

Sin embargo, al no alcanzarse un acuerdo, el artículo 118 del Código del Trabajo establece que el salario deberá ser fijado en función de la inflación proyectada para el próximo año: 2,07%, según informe oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, conforme lo establece, es decir, un incremento de US$ 9,32. “Cualquier cosa distinta a esto está fuera del marco legal y de parámetros técnicos”, indicaron en un comunicado emitido en la tarde tras el término de la cita.

El sector empleador recuerda que en las reuniones previas se conocieron los informes sobre el ejercicio de aplicación de la fórmula y el impacto en el empleo fruto de los incrementos salariales de los últimos años. Sin embargo, no se recibió información del dictamen de disponibilidad presupuestaria sobre el impacto fiscal de un potencial incremento salarial.

Indica que el mercado laboral ecuatoriano cuenta con un problema estructural marcado por la informalidad económica, que es incapaz de generar empleos en condiciones adecuadas y no permite superar las diferentes formas de exclusión laboral. Para ello es imprescindible apuntar a la reducción de brechas laborales de edad, género, territorio y habilidades, y trabajar en el fomento de la formalidad de la actividad económica y del empleo.