Otras indicaciones tratan sobre modificaciones a la ley que sanciona los delitos económicos y ambientales, inversiones en hidrógeno verde, y solo un punto sobre recursos adicionales para el Estado mediante la creación de un nuevo fondo soberano.

Durante el jueves, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), presentó el documento titulado “Acuerdo por el crecimiento económico y la eficiencia del gasto público”.

En el informe se detallas más de 40 propuestas que, según el gremio, buscan “reimpulsar la economía en el corto plazo, generar condiciones para incrementar el crecimiento tendencial en el mediano y largo plazo, y levantar recursos que permitan financiar prioridades transversales de gasto público”.

Estas cuentan a su vez con el apoyo de representantes de la SNA, CNC, Sonami, Sofofa, CChC y Abif.

Las propuestas se dividen en tres ámbitos: reimpulso económico, crecimiento de mediano y largo plazo, y recursos adicionales para el Estado.

Sobre lo primero, algunas de las observaciones son la aceleración de la entrega de viviendas enmarcadas en el Plan de Emergencia Habitacional, el profundizar en el uso del Fondo de Garantía Estatal (Fogaes) y modernizar marcos contractuales de contratación de obras públicas.

Otros puntos tratan sobre que en un periodo de 24 meses se aumente el número de viviendas acogidas al DFL N°2, que permite a los dueños de viviendas de 140 mt2 o menos, acceder a beneficios tributarios.

También se nombra el aumento del límite de contratación de trabajadores extranjeros, reducción de la informalidad laboral, y la toma de medidas para terminar con el comercio ilícito, incluido el digital y la modificación de la ley sobre delitos económicos y ambientales.

En este ámbito la CPC propone “modernizar y abreviar la tramitación de proyectos de inversión, con un mejor sistema de permisos sectoriales y ambientales”, facilitar la inversión privada en industrias como del hidrógeno verde y converger en el mediano plazo, la tasa total de tributación de los inversionistas nacionales en unos rangos similares a los inversores extranjeros en Chile.

Otro aspecto destacado es que el gremio de empresarios considera que el aprovechamiento de los recursos del litio y la industria alrededor del recurso, debe hacerse “a través de la extensión de los contratos actuales o la explotación privada de otros salares, sin poner al Estado como controlador de las operaciones del mineral“.

También recomiendan modernizar el sistema de compras públicas, la ley de ciberseguridad, y mejorar la ley de silencio administrativo y la normativa de I+D para permitir la adquisición de Emprendimientos de Base Tecnológica.

Finalmente, respecto a recursos adicionales para el Estado chileno, solo se enumera una propuesta, que es la creación de un fondo soberano, donde sus aportes provengan de pagos anticipados por concesiones de litio o liquidación de activos del Estado, entre otros.

Según expresó el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, “las empresas hemos contribuido en el último tiempo con importantes recursos adicionales, tanto a las arcas fiscales, como en beneficio del bienestar de las personas”.

Además, según expresó el empresario, los costos para el sector privado han aumentado entre 3,7% y 4,1% del PIB, debido al impacto de la ley de 40 Horas, el alza del sueldo mínimo y el royalty minero, entre otros aspectos.

Sobre los permisos ambientales y sectoriales, estos también están en la mira de Mewes, quien acusa que estos se han “transformado en un importante escollo que alarga y dificulta excesivamente la tramitación de proyectos de inversión y no siempre redunda en una mayor protección ambiental, pero sí en un enorme desincentivo e incertidumbre para quien decide invertir”.

Por tanto, desde la agrupación plantean que “en lugar de aplicar alzas tributarias o nuevos impuestos, proponemos avanzar en un Acuerdo por el crecimiento y la eficiencia del gasto público, pues el crecimiento explica la mayor parte del incremento de la recaudación fiscal en los últimos 30 años”.

A su vez, la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, postuló que “apostar por el crecimiento es ir en beneficio de todos los chilenos”.

Y en línea con su par de la CPC, la empresaria explica que, debido al impacto que han tenido las distintas reformas en el último tiempo, “es necesario evitar que nuevas iniciativas impacten en la calidad de vida de los ciudadanos y en la inversión”.