La iniciativa busca entregar un aval para el 50% del monto de la deuda por cuatro años. El beneficio estaría dirigido a personas con ingresos menores a un millón y medio de pesos (US$ 1.707).

A mediados de octubre el Ejecutivo chileno presentó un proyecto, que ya fue aprobado en el Congreso, para ayudar a que las personas de la clase media puedan adquirir viviendas nuevas, ya sea casa o departamento (beneficio tributario extraordinario para la adquisición de viviendas nuevas).

Y en la presente jornada el gobierno de Gabriel Boric, a través del Ministerio de Hacienda, anunció que presentará un nuevo plan que también apuntará a la clase media, con el cual se buscará apoyar a las familias de ese segmento a gestionar sus niveles de endeudamiento.

En específico, la ayuda vendría dada por un nuevo programa dentro del Fondo de Garantía Estatal (Fogaes), donde se ofrecería un aval estatal para la deuda equivalente a un 50% del monto por cuatro años.

Según detalló Diario Financiero, desde Hacienda estiman que se puede beneficiar entre 50 y 100 mil personas que ganan menos de un millón y medio de pesos mensuales o US$ 1.707 (el público objetivo del proyecto).

De esta forma, según explicó el ministro de Hacienda de Chile, Mario Marcel, las personas beneficiarias podrán reemplazar su crédito por otro con menor tasa de interés.

MODIFICACIONES A LA LEY DE FRAUDES

Dentro del proyecto, también se contemplan modificaciones a la Ley de Fraudes. Esto debido a que las modificaciones previas y su aplicación práctica han derivado en “un aumento significativo de los fraudes”, según detalló Marcel.

Además, el ministro aseguró que han constatado distintos auto fraudes, por lo que los nuevos cambios se enfocan en cuatro aspectos para minimizar esta situación.

Dentro de estas modificaciones se encuentran el estándar de culpa, pasando de culpa grave a leve, permitiendo que las instituciones puedan ejercer acciones legales.

También se incluyen cambios en los plazos de reembolso de los fondos afectados, pasando de cinco a diez días, los cuales se pueden ampliar en caso de que la transacción supere las 35 UF.

Además, se busca que la CMF pueda dictar estándares mínimos en los cuales las instituciones pueden excusarse de reembolsar los montos afectados, siempre y cuando acrediten que cumplen con los estándares mínimos de seguridad respecto al manejo de tarjetas.

Finalmente, se establece que no se permitirá desconocer transacciones realizadas en cuentas propias, según detalla DF.