La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) ha propuesto una serie de medidas que abogan por el crecimiento económico, la eficiencia del gasto público y el mejor cumplimiento tributario.
El ministro de Hacienda de Chile, Mario Marcel, se reunirá este miércoles con representanes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la principal organización del empresariado chileno, para analizar la propuesta tributaria presentada la semana pasada por estos y encontrar puntos en común con el documento del Gobierno.
En dicha propuesta, la CPC ha incluido una serie de medidas que abogan por el crecimiento económico, la eficiencia del gasto público y el mejor cumplimiento tributario. A su juicio, las propuestas de impulso económico del Gobierno de Chile van en general en la dirección correcta, aunque no son suficientes "para el nivel y velocidad de reactivación que hoy se requiere".
Así, ambas partes se han emplazado a un encuentro esta semana para analizar sus propuestas. El ministro cree que las principales líneas del texto del Ejecutivo chileno coinciden con las de los empresarios, por lo que esperan salir de la reunión con un análisis claro y detallado de los puntos de convergencia.
"No vemos grandes diferencias en la propuesta fiscal de los empresarios", ha sostenido Marcel, que inicialmente se había mostrado más reticente a los planteamientos de la CPC.
Como alternativa a la propuesta del Gobierno de Gabriel Boric, los empresarios presentaron una agenda pro crecimiento y de convergencia tributaria, que permitiría a Chile ser competitivo en esta materia con países vecinos y de la OCDE y, de esta forma, atraer nuevas inversiones.
Así, la propuesta empresarial apunta a avanzar en la reducción del impuesto total que paga el capital, de manera que converja desde el tope actual de 44,45% a 35%, que es la tasa que enfrentan inversores extranjeros en Chile, siendo esta una cifra "bastante más alineada con el mundo desarrollado".
En cuanto al pilar de cumplimiento tributario, la CPC releva la importancia de reducir la informalidad y atacar con fuerza la evasión, ya que afectan fuertemente a la recaudación tributaria y, con ello, los recursos fiscales para la provisión de derechos sociales y otras prestaciones del Estado chileno.
El documento señala que la evasión se combate con medidas como la simplificación de trámites y reducción de costos de formalización, el aumento de la fiscalización, la promoción de los beneficios de la formalidad, el impulso a la educación y capacitación, la bancarización de las transacciones comerciales, y una mayor fiscalización y control.