Los gremios plantearon que el IVA a los servicios "podría traer graves consecuencias a la economía nacional". Afirmaron que el "problema fue heredado por el actual Gobierno"; y que el anterior "no se dio el tiempo para revisar los alcances" y que "aprobó en una legislación exprés".

Cerca de una decena de gremios redactaron una misiva dirigida al presidente Gabriel Boric y al ministro de Hacienda, Mario Marcel, planteándoles la necesidad de aplazar el pago del IVA que aplicará sobre los servicios a partir del 1 de enero de 2023.

La medida gravará con ese impuesto a los servicios profesionales prestados en Chile (por empresas y por algunas sociedades profesionales) y los servicios prestados desde el extranjero, cuando sean utilizados en Chile.

Los cambios no aplicarán para quienes emiten boletas de honorarios por sus servicios como persona natural.

Quedarán exentos, en tanto, el transporte de pasajeros; servicios ligados a la Educación, los servicios de salud ambulatoria y otros que ya estaban exentos como las entradas a espectáculos y el arrendamiento de inmuebles no amoblados.

La carta de los gremios a Boric y Marcel

La carta dirigida a Boric y al ministro Marcel fue firmada por representantes del Colegio de Abogados, asociaciones que agrupan a banqueteros, productores de eventos y profesionales de la belleza; la Multigremial Nacional, la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Cámara Nacional de Comercio (CNC), entre otros.

En ella manifestaron “abiertamente su adhesión a la solicitud de postergación del IVA a los servicios (…), la que en caso de ser implementada podría traer graves consecuencias a la economía nacional”.

Conforme a lo publicado por Diario Financiero, en el escrito los gremios deslizaron una crítica a la administración de Sebastián Piñera. Cabe recordar que el IVA a los servicios quedó zanjado durante su gestión y tiene entre sus objetivos financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU).

“Reconocemos que este problema fue heredado por el actual Gobierno, y que el anterior no se dio el tiempo para revisar los alcances que tendría el cambio que propuso y aprobó en una legislación exprés. El énfasis estuvo en los objetivos y no en la mejor herramienta para financiar, por eso, la Ley 21.420 se discutió y aprobó en un mes”, expresaron.

En ese contexto, remarcaron al presidente Boric y al jefe de las arcas fiscales que la situación “provocará más daño al país”.

Por último, pidieron “allanar el camino a las MiPymes y no imponer más trabas que retarden su recuperación luego de sucesivas crisis, como el estallido social, la pandemia y un desmejorado escenario económico con altas tasas de interés e inflación”.