El país sudamericano está dando pasos firmes hacia una mayor fiscalización con su nueva normativa tributaria. Mientras tanto, países vecinos como Perú y Argentina enfrentan desafíos similares, aunque con contextos y cifras distintas.

En medio de la discusión sobre el Pacto Fiscal en Chile, se está tramitando en paralelo una norma general para la evasión y la elusión tributaria que iría de la mano con la Ley de Delitos Económicos. De esta manera, se ampliarían las facultades de fiscalización, calificación de delitos tributarios y nuevas penas, según Víctor Jiménez, socio fundador del estudio tributario KC Consulting. 

Y es que parece haber acuerdo entre las fuerzas políticas para atacar este punto, dado que hace una semana la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que busca fortalecer la institucionalidad fiscalizadora, combatir el narcotráfico y reducir la informalidad. 

Pero, ¿será suficiente para desincentivar los llamados ‘delitos de cuello y corbata’? 

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Ahora despachado a segundo trámite, con la mayor recaudación fiscal se espera financiar un aumento de las pensiones y la inversión en seguridad pública, puesto que se estima que con solo la ley podrían recaudarse hasta US$ 1.000 millones extra al año, lo que, según el Ministerio de Hacienda, equivale a un 0,2% del PIB. 

Como referencia, la estimación de los últimos años del Servicio de Impuestos Internos de Chile (SII) la evasión fiscal en relación al PIB ha sido de 5,8% en 2021, 5,6% en 2022, y 5,4% en 2023. Cabe destacar que el 1% del PIB equivale a aproximadamente US$ 3.100 millones, por ello la relevancia de atacar la evasión y la elusión tributaria, asegura el socio fundador de KC Consulting. 

Sin embargo, esta no es una preocupación exclusiva de Chile, sino un problema mundial, que también afecta a sus países vecinos. 

En Perú, la evasión fiscal en relación al PIB se situó en 7,7% en 2021, descendiendo a 7,5% en 2022 y 7,3% en 2023. Esto significa que el 1% del PIB representa alrededor de US$ 2.000 millones. Por otro lado, en Argentina, la evasión fiscal fue significativamente mayor, alcanzando el 30,7% en 2021, reduciéndose a 29,9% en 2022 y 29,1% en 2023. En este país, el 1% del PIB se traduce en aproximadamente US$ 4.560 millones. 

“La comparación se realizó principalmente debido a que Perú posee una estructura tributaria notablemente estable, mientras que Argentina presenta desafíos económicos y tributarios más fluctuantes”, explicó Jiménez. 

De hecho, Perú se distingue por tener una presión fiscal más baja para las empresas en comparación con los otros dos países analizados, continuó Jiménez. Mientras que en Chile oscila entre el 20% y 21%, en Argentina se acerca al 30%, pero en Perú se sitúa entre el 14% y 16%. 

“Esta baja presión fiscal en Perú se debe a un menor número de contribuyentes, causado en gran parte por la informalidad en el mercado peruano”, sentenció. 

Para mejorar esto, Perú podría simplificar su régimen tributario y facilitar la presentación de respaldos fiscales, lo que no solo incrementaría el número de contribuyentes, sino que también la recaudación fiscal, aseguró el socio fundador de KC Consulting. 

Cuando se discuten reformas tributarias o pactos fiscales, el objetivo principal suele ser aumentar la recaudación. No obstante, el éxito de esto depende de factores como el crecimiento económico y los incentivos para la inversión. 

Un factor constante que acompaña cualquier cambio fiscal es el de la evasión fiscal, que puede manifestarse de dos maneras: evasión directa, donde se omite el pago de impuestos, y elusión, donde se aprovechan lagunas legales para reducir la carga tributaria. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto?

Primero, de acuerdo con Víctor Jiménez, los cambios tributarios no deben limitarse solo a incrementar las tasas impositivas, sino que también deben ir acompañados de incentivos para el crecimiento económico. Y segundo, continuó, es la necesidad de educación tributaria. Al implementar cambios, como el aumento de tasas o la presentación de informes más detallados, es crucial que los contribuyentes estén preparados para aplicar estos cambios. Aquí es donde la educación tributaria juega un papel vital. 

“Los contadores, como especialistas en la materia, deben actualizar constantemente sus conocimientos para ofrecer una asesoría adecuada a los contribuyentes. Si los cambios son constantes, los contadores pueden quedarse rezagados en su formación, lo que afecta directamente a los contribuyentes”, dijo Jiménez.

Por lo tanto, es esencial abordar dos aspectos clave para mejorar la recaudación: “más allá de solo aumentar las tasas, se debe enfocar en el crecimiento económico, incentivos a la inversión y, sobre todo, en la educación tributaria tanto para contadores como para contribuyentes”.

Por ejemplo, en Chile, durante el proceso de declaración de renta, se entrega anualmente un informe a los contribuyentes que detalla cómo se distribuyeron los gastos estatales, incluyendo financiamiento en salud, educación, temas sociales y salarios del sector público. Esto permite a los contribuyentes tener claridad sobre el destino de sus recursos. Si un contribuyente está satisfecho con esta información, naturalmente estará más dispuesto a cumplir con sus obligaciones fiscales, lo que mejora la eficiencia en la recaudación de impuestos. 

“A medida que los gobiernos sean transparentes en el uso de los recursos y los contribuyentes lo perciban, se fortalecerá la confianza entre ambos”, agregó.

La estrategia más efectiva sería abordar ambos aspectos: mejorar la estructura tributaria, promover la educación tributaria y generar incentivos para el crecimiento económico, mientras se implementan mecanismos de control para combatir la evasión y la elusión, finalizó Jiménez.