El acuerdo se aplica de manera provisional desde 2013 en el caso de Perú y Colombia y desde 2017 en el de Ecuador, pero su ratificación definitiva permitirá culminar su aplicación y asegura una mayor seguridad jurídica a todos los actores.
Los gobiernos europeos han cumplido este lunes el último trámite formal para la ratificación del acuerdo comercial que la Unión Europea cerró con Perú y Colombia en 2012 -y al que se unió más tarde Ecuador -, lo que permitirá aplicar plenamente a partir de noviembre todas las disposiciones de un pacto que ya se aplica de manera provisional desde hace once años.
El Acuerdo Comercial Multipartes suscrito con estos tres países de la Comunidad Andina supuso la apertura gradual de los mercados entre las dos regiones tanto en la rama comercial como de inversiones, por lo que abarca también servicios, propiedad intelectual, contratación pública y protección de los Derechos Humanos.
El acuerdo se aplica de manera provisional desde 2013 en el caso de Perú y Colombia y desde 2017 en el de Ecuador, pero su ratificación definitiva permitirá culminar su aplicación y asegura una mayor seguridad jurídica a todos los actores.
La Unión Europea es el tercer socio comercial y un importante inversor en los países andinos, según datos comunitarios que indican que en 2023 el comercio total de la UE con esa comunidad ascendió a unos 33.000 millones de euros.
Además de abrir mercados, el marco establece mejores condiciones para el comercio con regulación en materia de barreras no arancelarias, competencia, transparencia y derechos de propiedad intelectual.
También ofrece, según ha destacado el Consejo en un comunicado, un entorno más estable y previsible para las empresas con un mecanismo bilateral de solución de diferencias y un sistema de mediación para las barreras no arancelarias.
Asimismo, prevé regímenes de cooperación en materia de competitividad, innovación, modernización de la producción, facilitación del comercio y transferencia de tecnología; así como un capítulo amplio sobre comercio y desarrollo sostenible con compromisos sobre protección laboral y medioambiental, incluido un sistema de arbitraje transparente y procedimientos para colaborar con la sociedad civil.
