Aunque el avance legislativo fue histórico, su aplicación real sigue en duda.

Mientras miles de repartidores zigzaguean por las calles entregando pedidos bajo el sol primaveral, el reloj institucional avanza hacia una fecha clave: el 23 de junio vence el plazo legal para que entre en vigor la primera reforma laboral del sexenio de Claudia Sheinbaum.

Se trata del nuevo capítulo de la Ley Federal del Trabajo (LFT) que reconoce derechos laborales a repartidores y conductores de plataformas digitales, un hito legislativo que ahora enfrenta su mayor prueba: pasar del papel a la realidad.

La reforma fue aprobada por unanimidad en diciembre de 2024 e implica una corrección a un modelo laboral que durante más de una década operó en la sombra: sin seguridad social, sin contratos por escrito, sin reglas claras para la asignación de tareas ni responsabilidad empresarial ante accidentes de trabajo. En una palabra: sin derechos.

El nuevo marco obliga a plataformas como Uber, DiDi y Rappi a asumir el carácter de empleadoras, establecer contratos formales, dar a conocer sus políticas de gestión algorítmica y pagar cuotas de seguridad social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

También se fijaron criterios de acceso progresivo: todos los trabajadores estarán protegidos ante accidentes durante sus trayectos, y quienes tengan guanacias mensuales iguales o superiores a un salario mínimo –alrededor de 8.300 pesos (US$ 406) en la actualidad– tendrán derechos laborales plenos, es decir, podrán acceder a prestaciones como atención médica, aguinaldo, vacaciones, ahorro para el retiro y reparto de utilidades, entre otros.

A partir de su promulgación, se dio un plazo de 180 días para que la reforma comience a operar plenamente; éste se agota la última semana de junio.

Pero a tres meses de esa fecha, las señales de avance son escasas. El IMSS, que debe implementar un programa piloto de afiliación, no ha dado grandes detalles sobre el avance y sólo ha dicho que todavía se están definiendo las bases.

Las plataformas digitales, que durante años resistieron cualquier forma de regulación, han vuelto a pedir “diálogo”, aunque se reunieron en más de 20 ocasiones con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) antes de la discusión de la reforma. La misma STPS, por su parte, mantiene un perfil bajo. No hay claridad de quién lleva el liderazgo desde el gobierno en el tema, al menos no públicamente.

La preocupación no es menor. Existen indicios de que las empresas buscarán dilatar o reinterpretar la reforma, promoviendo modelos voluntarios de afiliación tipo “trabajador independiente asegurado” que, como se ha advertido, no implican ninguna responsabilidad patronal y trasladan todo el peso al repartidor o chofer.

El riesgo es claro: que esta reforma termine siendo una victoria simbólica, pero infructífera. Como en otros casos, México tendría una legislación avanzada en el papel, pero en la práctica las condiciones de precariedad continuarían.

Una oportunidad de liderazgo regional en la regulación del trabajo digital podría quedar sepultada por la simulación.

El reloj corre. Y lo que está en juego no es sólo la suerte de más de 650.000 personas que laboran en estas plataformas en el país, sino nuevamente la capacidad de traducir las leyes en políticas efectivas, en un aparato que aplaude reformas progresistas, pero sin aplicarlas o que realmente no beneficien a quienes van dirigidas.

Si no, ahí están los ejemplos de la reforma de teletrabajo o de las trabajadoras del hogar, que suenan muy bien en el texto, pero con muy poco alcance en la práctica.

No basta con haber aprobado una reforma histórica. Lo que sigue es hacerla operativa, efectiva y vigilada. Porque, como siempre en el mundo del trabajo, el derecho que no se implementa, no existe. Y mientras eso no ocurra, los repartidores seguirán circulando bajo el mismo sol, pero sin los derechos que en teoría ya les pertenecen.