De no recibir apoyo para que puedan vender a precios que hagan rentable la producción se pondría en riesgo el cultivo de esos granos para el siguiente año y generaría trastornos económicos severos. 

Si el Gobierno federal deja que la caída de los precios del maíz y trigo causen la quiebra de los productores en los estados con agricultura comercial, se generará un efecto dominó que afectará la economía de esas entidades y del país en su conjunto. El valor de las cosechas de esos granos a escala nacional se estima en 166.000 millones de pesos (cerca de US$ 9.342 millones), que representa más de tres veces el presupuesto aprobado para la UNAM para 2023. Además, retrasará el cumplimiento de la meta trazada por la actual administración, de alcanzar la autosuficiencia alimentaria, señalan analistas y líderes de productores.

En mayo, al iniciar la temporada de cosechas, que se prolongará a julio, productores de maíz y trigo de Sinaloa, Sonora y Baja California iniciaron una serie de manifestaciones para exigir el apoyo del gobierno para que se fije un precio de garantía de 7.000 pesos (US$ 394, aproximadamente) por tonelada de maíz y 8.000 (US$ 450,25) la de trigo, con el fin de que sea rentable su negocio y no caer en quiebra y en moratoria de pagos ante bancos y proveedores.

Marte Nicolás Vega Román, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES) dijo a El Economista que debido a que hasta el momento solo se ha protegido con precio de garantía 1,5 de los seis millones de toneladas que se esperan cosechar en Sinaloa esta temporada, la situación es muy delicada.

“Es algo que no soportamos. Nos iríamos totalmente a la quiebra los productores y se generaría un efecto dominó”, dado que hay productores que hasta tuvieron que endrogarse con tarjetas de crédito para sacar su cosecha.

En ese sentido, dijo que hacen un llamado al Gobierno federal “a que acuda a nuestro rescate”, lo cual, recalcó, está contemplado en la Ley de Desarrollo Rural, que en situaciones críticas como las que se viven hoy en los estados con agricultura comercial, el gobierno debe intervenir para buscar una solución. 

Detalló que en estos momentos han quedado desprotegidos los productores que han cultivado de 11 hectáreas o más.

“Queremos invitar al gobierno para que nos ayude a concertar con los compradores un precio justo en una mesa de diálogo, donde estén productores, compradores como los industriales de la masa y la tortilla y el gobierno que tiene interés que esto siga funcionando”, dijo.

Además de que influye en la difícil situación que padecen la desaparición de programas como el de subsidio agrícola y de Financiera Nacional.

Vega Román aseguró que no es una situación privativa de Sinaloa, sino que afecta a todos los estados donde se cultiva maíz y trigo para comercialización. 

Recordó que México no es autosuficiente en maíz, por lo cual no aplica la recomendación de que, si no es negocio ese grano, que se dediquen a cultivar otro que sí lo sea.

Por su parte, Álvaro Bours Cabrera, presidente de la Asociación de Organismos Agrícolas del Sur de Sonora (AOASS), llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a reflexionar sobre la problemática que se viene, pues lo que hoy afecta a los campesinos, pone en juego la producción de maíz y trigo.

“No es exageración, si nos dejan tal cual, no vamos a poder pagar nuestros compromisos financieros, vamos a caer en cartera vencida y para el siguiente ciclo no va a haber quien financie a los productores”.

En riesgo producción de maíz y trigo valuada en más de 166.000 millones de pesos 

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en 2021, a escala nacional se cultivaron siete millones 310.000 hectáreas con maíz, donde se produjeron 27 millones 503.000 toneladas, con un valor de 148.601 millones de pesos.

Sinaloa fue el principal productor con 5,5 millones de toneladas, que representan 22,1%, seguido por Jalisco con 3,9, que representa 15,5% y el Estado de México, Guanajuato y Michoacán con 1,9 toneladas cada uno.

En tanto en 2021 en México se cosecharon tres millones 284.000 toneladas de trigo grano, volumen 9,9% superior al del año previo y con un valor de 17.736 millones de pesos.

Los principales estados productores son Sonora con 1,7 millones, Guanajuato con 357.000 y Baja California, con 313.000 toneladas. En 2021, Sonora aportó 52,4% de la producción nacional de ese grano, Guanajuato 11,9% y Baja California 10%. 

En Sinaloa la agricultura representa alrededor de 11,9% de la economía estatal. Eso significa que cualquier cosa que le pase al campo va a impactar en los 18 municipios que conforman la entidad, dijo Samuel Sarmiento Gámez, analista en temas de agro precios.

En esa entidad la agricultura representa 65.000 millones de pesos (US$ 3.658 millones). “Eso es lo que está en riesgo”.

Tan solo el trigo y el maíz representan 38.000 millones de pesos (US$2.138 millones, aproximadamente) que entran a la economía del estado en tres meses que dura la cosecha y tiene efectos multiplicadores en el resto de los sectores.

Por ello los efectos no se quedarán en los más de 27.000 productores de maíz y más de 6.000 de trigo, sino al resto de la economía. “Es efecto dominó adverso para la economía”. 

En riesgo autosuficiencia alimentaria

Por otra parte, el especialista dijo que esa situación podría tener efectos adversos en la meta de alcanzar la autosuficiencia alimentaria porque inevitablemente tendrá un impacto en el costo de la canasta básica. “Si los productores de maíz de esta región truenan, al año siguiente veremos kilos de tortilla de 40 o 45 pesos (US$ 2,25 o US$ 2,53) y en la Ciudad de México llega a 50 (US$ 2,81), por los costos de flete, almacenamiento y demás”.

Si Sinaloa no le aporta al país esos seis millones de toneladas de maíz se generaría un problema grave en la economía, dijo.

Actualmente el kilo de tortilla en Sinaloa está a 26 pesos (US$ 1,46), con todo que es el principal productor de maíz con sus seis millones de toneladas en promedio anual. 

Por eso, consideró que se trata de un problema económico, político y social porque no solo tiene que ver con el precio al que se pague el maíz, sino la inflación que puede desatar, así como problemas de empleo, entre otros.

En octubre de 2022, dijo, al inicio del ciclo agrícola que hoy se cosecha el presidente Andrés Manuel López Obrador fue a Sinaloa donde expuso que ese año esa entidad había producido 5,5 millones de toneladas y les pidió que hicieran todo lo posible para aumentar al menos a seis millones, lo cual se logró, pero ahora se enfrentan al riesgo de quiebra porque el precio internacional del maíz está en alrededor 4.900 pesos (US$ 275,76).

En aquella época había un problema de inflación muy fuerte; el precio de la tortilla en Sinaloa pasó de 22 a 26 pesos. “Los productores respondieron. El problema es que ahora el gobierno federal se está haciendo a un lado”.

También llamó la atención en que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo en 2021 seríamos autosuficientes en maíz, pero ahorita estamos importando 18 millones de toneladas, que significan 40% del consumo. “Si Sinaloa le baja seguramente tendríamos que importar más de 20 millones. Eso sin contar el maíz que se destina para forraje y alimentar, por ejemplo, al ganado para carne y lechero”. 

Además, añadió, debe tomarse en cuenta que los precios de los granos y los insumos como fertilizantes son altamente sensibles a factores como los que representa la guerra en Ucrania, problemas climáticos.

No es un problema de los estados con agricultura comercial; es un problema de todos los mexicanos por las repercusiones económicas que tendría.

El analista dijo que el gobierno debe servir de interlocutor con los compradores para que paguen precios más justos. Si no van a llegar como llegó Cargill a Sinaloa donde quiere pagar a 4.800 pesos (US$ 270), lo cual va a hacer tiras a los productores.

Podrían otorgar subsidios a los industriales, al menos para que el productor salga tablas con sus costos de producción.

Resienten eliminación de instituciones y programas de atención al campo 

Por otra parte, Sarmiento Gámez dijo que, debido al aumento del precio internacional de los granos ocurridos durante los últimos cuatro años, los productores de maíz y trigo no resintieron el hecho de que el gobierno federal haya eliminado instituciones e importantes programas destinados a apoyar a los campesinos, pero ahora se hicieron presenten sus consecuencias, ante el escenario adverso que hoy padecen.

El especialista recordó que cuando existía la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA), extinguida al principio de la presente administración federal, lo que hacía el gobierno era sentarse con los productores y los compradores para acordar un precio que no pusiera en riesgo la rentabilidad de la producción de granos básicos.

Concretamente lo que hacían era ofrecer apoyos para flete, almacenamiento, pecuario, exportación, entre otros, con lo cual a los compradores les era indiferente comprar el maíz a los agricultores mexicanos que comprarlo en el extranjero. “Ahora lo que hace Segalmex es ignorar a los compradores”.

Por otra parte, mencionó que al desaparecer Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero (Financiera Nacional), la cual dejó de otorgar préstamos desde diciembre de 2022, “dejó colgados alrededor de 9.000 productores por lo que se vieron obligados a endeudarse”. 

Dijo que, aunque Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) rescató a algunos productores, la mayoría están endeudados con proveedores, semilleras, distribuidores de fertilizantes, centros de acopio, dispersoras, amigos o incluso recurrieron a apalancar sus cultivos mediante tarjeta de crédito.