Casi un 80% de la población migrante venezolana se encuentra trabajando, lo que permitió una recaudación equivalente al 1,03% del total recaudado el año pasado.
Esta semana el gobierno de Chile anunció sus deseo de expulsar unos 2.600 migrantes del país, en medio de la crisis de seguridad provocada por los numerosos casos de secuestros extorsivos y ataques violentos que se han conocido en las últimas semanas.
Con un horizonte de 14 meses para concretar este plan, se proyecta un presupuesto de US$ 8,2 millones para el próximo año, destinado al Servicio de Migraciones.
Este año se han expulsado a 738 personas, 239 por orden administrativa y 499 por vía judicial y la meta al finalizar 2023 es que sean 1.000 en total.
Simultáneamente, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, está organizando un viaje a Caracas, Venezuela, con el propósito de llegar a un acuerdo para que la Fuerza Aérea de Chile pueda realizar viajes al territorio venezolano con el fin de concretar expulsiones, además de explorar fórmulas para agilizar el proceso de identificación de personas.
Esto, porque se identifica una mayoría de personas de nacionalidad venezolana entre los ilegales. Socialmente, en el país existe una percepción negativa respecto de estos ciudadanos y su vínculo con nuevas formas de delincuencia en Chile.
Al respecto, representantes de diferentes agrupaciones de la comunidad venezolana locales se han defendido, asegurando que no todos sus compatriotas han venido a cometer delitos, aseverando que “no se puede juzgar a miles de compatriotas por lo que ha generado un porcentaje menor”.
De forma paralela, la Cámara Venezolana de Comercio-Chile (CAVECOM) -asociación que busca crear oportunidades y fomentar el crecimiento de empresarios, emprendedores y profesionales, con foco en migrantes venezolanos que hacen vida en Chile- y la Cámara de Empresarios y Ejecutivos Venezolanos en el Exterior (CAVEX) presentaron el “Estudio de Impacto Económico de la Población Migrante Venezolana en Chile”, en el que el 79,6% de la población migrante venezolana se encuentra trabajando, lo que permitió una recaudación de impuestos fiscales de US$ 409,7 millones en 2022, equivalente al 1,03% de la recaudación fiscal total de dicho año.
“Se estima que este monto podría ascender a US$ 510,1 millones, si es que se regulariza a aquellos que participaron del proceso de empadronamiento en 2023”, indicó el economista David Licheri, director de Equilibrium SDC, la consultora que elaboró el reporte, con el auspicio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional.
PARTICIPACIÓN ECONOMICA
El estudio fue realizado entre los meses de abril y octubre de 2023, tomando en cuenta a toda la población migrante venezolana en Chile como población objetivo de estudio, considerando la Población Económicamente Inactiva (PEI) y a la Población Económicamente Activa (PEA). El objetivo principal es destacar y proveer información acerca de los hábitos de consumo, generación de ingresos, así como de barreras y limitantes para la inserción socioeconómica de esta población.
Como fuente principal se utilizó la Encuesta Casen 2022 (que mide la pobreza) y de manera complementaria, se hizo un levantamiento de información, del cual resultaron 535 encuestas y 6 entrevistas semiestructuradas a gremios del sector privado, así como a organizaciones de la sociedad civil y referentes de la cooperación internacional.
Además, se realizó una revisión exhaustiva sobre el contexto económico local.
Como información adicional, se contrastó el ingreso fiscal anual que produce esta migración (US$ 409,7 millones) con lo que equivaldría solventar el gasto público en salud (US$ 93 millones) y educación (US$ 154 millones) a nivel nacional (US$ 247 millones), lo que arrojó un beneficio de aproximadamente US$ 162,7 millones en 2022.
Según las estimaciones realizadas en el estudio, un 50,3% de las personas venezolanas cuenta con niveles educativos superiores a la educación media chilena, con un 36,8% que tiene educación universitaria y un 13,5% con educación técnica.
Si bien, estas cifras son positivas, solo un 36,9% ejerce su profesión. Dentro de las profesiones más comunes en este grupo están Administración, Docencia, Contabilidad y Derecho.
“Los procesos de integración migratoria masivos, como el de la población venezolana, son complejos y requieren de políticas migratorias que acompañen y contengan al proceso en forma ordenada. El pueblo chileno ha recibido con generosidad la migración venezolana y estamos muy agradecidos. Este es el primer estudio del impacto económico de la población venezolana en Chile y es un paso más para brindar información técnica que apoye positivamente los procesos de integración”, indicó el presidente de CAVECOM, Salvador Porta.
Actualmente se tienen registradas 444.423 personas migrantes venezolanas que han ingresado a Chile de manera regular, pero se espera que esta cifra sea mayor con el proceso de empadronamiento biométrico de este año.
Licheri también comenta que “gracias a los datos relevados y las estimaciones potenciales, se puede considerar como positivo el impacto económico de la migración venezolana en Chile, pues este refleja que mientras más oportunidades son otorgadas a la población migrante, más posibilidades de desarrollo y crecimiento existen”.
