El avance en las reformas establecidas permitirá al gobierno ir recibiendo parte de los US$ 400 millones otorgados por el Fondo para financiar el presupuesto, del cual los primeros US$ 100 millones ya fueron desembolsados en el mes de junio último

El acuerdo entre el gobierno de Paraguay y el Fondo Monetario Internacional (FMI) contempla una serie de reformas que deben ser implementadas, entre ellas en el sector transporte público, en inversiones en obras y e el sistema financiero, para recibir todo el préstamo, US$ 400 millones aprobado inicialmente por el organismo.

La lista de las reformas comprometidas por el gobierno paraguayo dentro del programa “Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad” del FMI implica la ejecución de 13 medidas en el los años que dura el acuerdo.

El avance en las reformas establecidas permitirá al gobierno ir recibiendo parte de los US$ 400 millones otorgados por el Fondo para financiar el presupuesto, del cual los primeros US$ 100 millones ya fueron desembolsados en el mes de junio último.

Uno de los cambios que serán impulsados incluye la aplicación de un “impuesto al carbono sobre combustibles líquidos”, en sustitución al impuesto selectivo al consumo que actualmente grava la importación de combustibles derivados del petróleo; también la implementación de un transporte público eléctrico.

TRANSPORTE PÚBLICO INEFICIENTE

El transporte público de pasajeros es una de las actividades más ineficientes y costosas en el país guaraní, que recibe anualmente millones de dólares en subsidio del Estado, pagado por los contribuyentes, pero la gente sigue soportando largas horas de espera, reguladas delas empresas, buses chatarras y viajar en forma hacinada todos días.

El gobierno paraguayo, a través del Viceministerio de Transporte, anunció la presentación al Congreso de un proyecto de ley de reforma del transporte público, pero se desconocen los términos porque no fue socializado, de acuerdo con las denuncias hechas por organizaciones del  sector.

Con respecto a este tema, el anexo de medidas que el Ejecutivo puso a consideración del Congreso como parte del proyecto de ley que aprueba el préstamo del FMI, incluye la electrificación del transporte privado y autobuses eléctricos públicos.

CARGO DE ELECTRICIDAD A CARGO DE ANDE

Según el acuerdo el Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y su Viceministerios de Minas y Energía y Transporte; el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dictará las disposiciones reglamentarias de la Ley N° 6925/2023, “De Incentivos y Promoción del Transporte Eléctrico en Paraguay”.

Añade, que el MOPC y el Viceministerio de Transporte, en coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), se encargarán dela infraestructura pública adicional para cargar electricidad.

“El Viceministerio de Transporte liderará la selección del modelo operacional y desarrollará regulaciones para transporte público eléctrico en el área metropolitana de Asunción y establecerán objetivos para aumentar el porcentaje de buses eléctricos en esta área”, indica en este punto.

En el resumen escueto de las medidas que se pretende llevar acabo, no se mencionan fechas ni plazos de ejecución del programa.

ASPECTOS CLIMÁTICOS EN INVERSIONES

Las otras reformas previstas en el acuerdo son, el enfoque de gestión de la inversión pública orientado hacia proyectos que sean económica y ambientalmente sostenibles.

Sobre este tema indica que el Ejecutivo, a través del MEF, establecerá las disposiciones complementarias al Decreto N°4436/20, con el objetivo de incorporar aspectos climáticos en cada etapa del desarrollo de proyectos de inversión pública (valoración, selección, auditoría externa, etc.) siguiendo las recomendaciones de la asistencia técnica del FMI.

También incluye la taxonomía verde, para el cual el MEF y el Banco Central del Paraguay (BCP) desarrollarán una taxonomía verde alineada con las “Contribuciones Nacionalmente Determinadas(NDC) de Paraguay”, que permita identificar y clasificar claramente actividades económicas ambientalmente sostenibles de manera a facilitar la movilización de recursos financieros nacionales e internacionales en apoyo a los esfuerzos de adaptación y mitigación al cambio climático, según expresa.