La tasa de afiliación sindical en el país de AMLO ha subido sólo 0,3 puntos porcentuales en los cuatro años de vigencia de la reforma laboral del 2019. El avance es lento, coinciden especialistas, y plantea desafíos como una mayor difusión de los cambios en las reglas de negociación colectiva.

En 2019 entró en vigor la reforma laboral que estableció nuevas reglas de democracia sindical y negociación colectiva en el país, sin embargo, éstas no han logrado un impacto masivo. En los últimos cuatro años la afiliación de trabajadores a un sindicato apenas avanzó de 12.4 a 12.7%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hizo públicos esta semana los resultados del comportamiento del mercado laboral en el primer trimestre del 2023 y con ello se actualizaron indicadores complementarios, entre ellos la población trabajadora afiliada a un sindicato.

Actualmente, un poco más de 5 millones de empleados en México pertenecen a algún sindicato. Y aunque en términos nominales este universo no ha dejado de crecer a partir de la reforma laboral. Como proporción de los trabajadores subordinados, ha registrado un avance mínimo. De hecho, entre 2022 y 2023 la tasa de sindicalización se mantuvo en un nivel de 12,7%.

“Esto refleja la lentitud y las contradicciones en la adopción de la reforma laboral. Los cambios son una gran ventana de oportunidad, pero se están quedando en ventanilla. Era de esperarse que la transformación no sería de la noche a la mañana, pero ha sido lenta y con muchas contradicciones. La tasa de sindicalización muestra la gran desconfianza que tienen todavía los trabajadores hacia los sindicatos”, señala Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS).

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hay países con tasas de sindicalización superiores al 40% de su fuerza laboral. En este grupo se encuentran economías como Malta, China o Bélgica, e incluso en países como Dinamarca, Noruega o Suecia, la afiliación sindical supera el 50% de la población trabajadora.

El organismo destaca que las asociaciones gremiales “desempeñan un papel fundamental en la búsqueda de mejores remuneraciones y condiciones de trabajo. La afiliación sindical, la densidad sindical y el poder de negociación de los sindicatos tienen un gran impacto en las condiciones de los trabajadores”.

El desprestigio de los sindicatos en México, opina Héctor de la Cueva, se debe a que por muchos años crecieron las agrupaciones gremiales corporativas y de protección patronal, lo que mermó el interés de los trabajadores y ha limitado el impacto de los cambios regulatorios. Además, “los sindicatos independientes que están surgiendo o que ya existían, todavía no tienen un impacto general y por lo tanto, no se refleja en el interés de los trabajadores”.

Otro factor que incide en este comportamiento en el país, agrega, es que hay una tendencia empresarial de construir ambientes libres de sindicatos.

Desde la perspectiva de Paolo Marinaro, director del Centro de Solidaridad México, el entorno que se crea con la eliminación de contratos colectivos de protección y las nuevas reglas de negociación colectiva debería transformarse en una oportunidad para que los trabajadores organicen sindicatos reales y democráticos. “El cambio es positivo y crea buenas condiciones, pero la Ley es una hoja si no se implementa, y sólo los trabajadores organizados lo pueden hacer una realidad”.

En este sentido, expone, aún se requiere capacitación y difusión entre la fuerza laboral para conocer y entender los cambios. “Lo que ha pasado en los últimos dos años es algo extraordinario, las herramientas que propone la reforma son útiles, pero para poder hacer real el cambio, los trabajadores necesitan organizarse”.

En 2019 se modificó la Ley Federal del Trabajo (LFT) para crear un nuevo modelo de justicia laboral y nuevas reglas de democracia sindical y negociación colectiva, en este último rubro se incorporó el voto libre, personal, directo y secreto en la elección de directivas sindicales y en procesos para negociar condiciones de trabajo, y con ello, la posibilidad de formar asociaciones gremiales con un mínimo de 20 personas.

En México, la tasa de sindicalización se ha mantenido por debajo del 20% de la fuerza laboral desde que se tiene registro. El nivel más alto observado ha sido de 16.8% en los primeros dos años de levantamiento de la ENOE (2005 y 2006). Desde entonces, la afiliación ha disminuido constantemente, con excepción de 2011, 2019 y 2021 cuando tuvo algunos repuntes.

Aunque este fenómeno no es acotado a México, datos de la OIT muestran que en Estados Unidos también la tasa de afiliación a asociaciones gremiales ha disminuido entre el 2005 y el 2020. El mismo comportamiento se observa en economías como Dinamarca o Finlandia, caracterizadas por un alto nivel de representación sindical.

¿CÓMO AVANZAR?

Para Héctor de la Cueva, una clave para avanzar en una mayor sindicalización en el país es que los trabajadores conozcan los nuevos derechos de la negociación colectiva, y para ello, se requiere una difusión más amplia y constante.

“La difusión debe ser suficiente para que los trabajadores sepan que hoy están más protegidos y que pueden hacer valer mejor sus derechos a organizarse y perder el temor a ser despedidos. La gente sabe que afuera hay muchas personas esperando su empleo y el miedo aún está presente en gran medida por el desconocimiento de los derechos”, puntualiza.

Por su parte, Paolo Marinaro, expone que la experiencia de economías con un alto nivel de afiliación sindical es la negociación colectiva por industria. “Sería importante plantearnos como un objetivo la negociación sectorial y nacional. Es decir, aumentando los porcentajes de trabajadores organizados en sindicatos democráticos en sectores específicos se puede llegar a negociaciones de condiciones laborales mínimas para toda una industria”.

La OIT destaca que los sindicatos son figuras importantes en la construcción del diálogo social, uno de los medios principales “para promover condiciones de trabajo satisfactorias, así como la paz y la justicia social”.