Con una actividad económica que ha estado en pausa durante los cuatro años que duró el proceso constitucional, el mandatario chileno se enfrenta a una abultada y urgente agenda de pendientes en sectores claves.

El último domingo, el gobierno chileno dio por cerrado el capítulo de incertidumbre constitucional después de que la ciudadanía rechazara por segunda vez la propuesta para cambiar la Constitución. “Quiero ser claro, durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional. Las urgencias son otras”, dijo enfáticamente Gabriel Boric, presidente de Chile tras conocerse el resultado del Plebiscito.

Y es que la agenda de pendientes en materia económica en el país sudamericano es abultada y urgente, tomando en cuenta que este proceso de cuatro años puso en pausa a una de las economías más dinámicas de Latinoamérica que ha visto una notable caída en la inversión, el cierre de empresas y crisis en sectores claves como el de la construcción.

Para el sector empresarial, uno de los desafíos más importantes es la crisis de seguridad con la irrupción del crimen organizado, convirtiéndose en una barrera que bloquea el desarrollo económico y las inversiones. Para el ciudadano a pie, la historia es similar a tal punto que la inseguridad se ha convertido en la primera preocupación de los chilenos. Según un informe de la Fundación Paz Ciudadana, el miedo a ser víctima de un delito llegó al 30%, el máximo histórico desde el año 2000. En tanto, la percepción de inseguridad alcanzó el 90,6%, la más alta en 10 años, de acuerdo con la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana.

A esto, se le suma la permisología, otra amenaza que a través de largos procesos burocráticos desaniman el espíritu inversor y el desarrollo de más proyectos. De acuerdo con la última edición del índice de facilidad para hacer negocios, Doing Business 2020, Chile ocupaba el puesto 59 de los 190 que conforman este ranking, cayendo tres puestos con respecto al año anterior.

Distintas voces concuerdan en que la suma de estos factores ha tenido un fuerte impacto en la situación económica del país, que desde hace una década se ha visto estancada. Muestra de ellos es que entre 2014 y 2023 el crecimiento del PIB fue de 1,9% al año, un 2,9% menos que el registrado entre 2004 y 2014. Según el Ministerio de Hacienda, este año el crecimiento sería casi nulo, pero se espera que en 2024 llegue a 2,5%, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que será más cercano al 2%. 

“Lo que precipitó el estancamiento económico fue la política monetaria completamente restrictiva para el sector construcción de parte del banco central, y la política fiscal del gobierno de Boric”, dice Gonzalo Martner Fanta, economista y político chileno miembro del Partido Socialista a AméricaEconomía.

¿LA HORA DE LAS REFORMAS?

“El pueblo de Chile nos dio un mensaje muy claro: quieren soluciones, quieren que seamos capaces de ponernos de acuerdo. Basta de peleas y a trabajar con humildad y mucha convicción y trabajo”, manifestó el mandatario chileno el domingo. 

En efecto, la representante del Gobierno, Camila Vallejo, expresó poco después de la divulgación de los resultados del referéndum que la administración se enfocará en promover las medidas anunciadas durante la campaña electoral, siendo la reforma de pensiones, en particular, una prioridad destacada. 

“No es común que países del nivel de renta per cápita de Chile sean incapaces de llegar a acuerdos sobre reformas como pensiones, tributarias, o la misma discusión constitucional”, comenta Diego Pereira, analista de JP Morgan, empresa de servicios financieros. “Pero simplemente aprobar reformas tampoco es sinónimo de mayor inversión. No solo es importante aprobar reformas, sino reformas consistentes con elevar el bienestar económico y social de la población en el mediano y largo plazo”. 

En este contexto, la falta de acuerdos ha exacerbado las tensiones y desafíos que enfrenta el sector empresarial, con impactos que trascienden a la estabilidad financiera de empresas consolidadas en distintos sectores. La necesidad de reformas coherentes y adaptadas a las demandas económicas actuales se vuelve más evidente ante el crecimiento de las solicitudes de liquidación.

Según las estadísticas de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento del país, durante el primer semestre se recibieron 72 solicitudes de liquidaciones de empresas relacionadas con la construcción, es decir, un 2% más respecto al 2022. Este año no solo afectó a pequeñas empresas, sino también a aquellas que llevan décadas funcionando.

Esto se explica por los efectos de la pandemia que paralizó obras, el aumento del precio de los materiales, la menor disponibilidad de mano de obra con costos al alza, el incremento de la inflación e interrupciones en la cadena logística. 

Otro punto en la agenda de reformas es la de salud, en específico de las isapres, aseguradoras privadas de salud que atienden al 17% de la población chilena. Ya en noviembre de 2022, la Corte Suprema les ordenó devolver de forma retroactiva los cobros excesivos que habían realizado a sus afiliados. Posteriormente, en agosto de este año, un nuevo fallo de la Corte fijó una tarifa máxima que estas empresas podrían cobrar por el paquete de Garantías Explícitas en Salud (GES). Las isapres no solo han argumentado que estas medidas provocarían su eventual ‘quiebra’, sino también la migración al Fonasa, el sistema público de salud no está en capacidad de recibir a los tres millones de beneficiarios de las isapres.

“El lunes en la noche se aprobó una medida en la Comisión de Hacienda del Senado para adelantar el índice de precios de la salud que va a impactar en el cobro de los usuarios e incrementar los ingresos de las isapres”, informó Martner. 

En cuanto a las reformas, el Gobierno llamó a la oposición a dejar atrás el revés constitucional del domingo y avanzar en las relacionadas con las pensiones y con el acuerdo fiscal, las cuales han estado estancadas en el Parlamento durante varios meses. 

El lunes la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannettee Jara, detalló que se presentará una nueva propuesta para la distribución del 6% de la cotización adicional, el principal nudo de la reforma que ha impedido retomar la tramitación, con una distribución de 1%-2%-3%. 

Esto implica que el 1% se utilizará para fortalecer el empleo formal de las mujeres a través de la implementación de salas cuna y ajustando las expectativas de vida. Un 2% se destinará al ahorro individual, mientras que un 3% contribuirá al seguro social. Este último permitiría un incremento de una Unidad de Fomento (UF), equivalente a US$ 41,4, por cada año cotizado para todos los afiliados. 

“¿Por qué vas a cometer la imprudencia de destinar un punto de cotización a sala cuna y a mejorar el mercado laboral femenino con las cotizaciones para pensiones, sabiendo que las pensiones son bajas? ¿Sabes lo que significa un punto de cotización a lo largo de tu vida laboral en cuanto a una pensión?”, contradijo el exfiscal de la Superintendencia de Pensiones, Alejandro Charme, quien además cree que la propuesta es más de lo mismo y que el gobierno se desfocalizó. 

Aunque se espera que Gabriel Boric comience a resolver estas reformas, ya anunció que ya ha encomendado al gabinete a retomar la tramitación legislativa de la reforma previsional y pacto fiscal, así como redoblar los esfuerzos de gestión en seguridad, esto se vería obstaculizado por falta de presencia en el parlamento. 

“En el gobierno de Boric no habrá reformas porque no tiene mayoría parlamentaria ni la Cámara del Senado [para obtenerlas]”, sentenció Martner.