La medida busca evitar el bloqueo de las vías en un escenario de protesta del sector transporte, que reclama una reducción del precio de los combustibles y subsidios en los peajes, entre otras cosas.

El Gobierno de Perú declaró el lunes estado de emergencia en las carreteras a nivel nacional y dispuso el control del orden de las vías a la policía y fuerzas armadas, tras el anuncio de una huelga de camioneros que demandan medidas para reducir los impactos del alza global de los precios de los combustibles.

La medida suspende los derechos constitucionales de libre tránsito y de reunión de personas, en busca evitar el bloqueo de las vías frente a la protesta. En las primeras horas del día se apreciaba normal la circulación de vehículos, según imágenes de la televisión local y reportes de ciudadanos en las redes.

Dirigentes de los camioneros se habían reunido sin éxito el fin de semana con representantes del Gobierno para atender sus demandas. El líder del gremio de transportistas de carga pesada, Marlon Milla, había anunciado la huelga desde el lunes de su gremio que agrupa a 400.000 unidades en el país.

Algunos gremios sector agrario anunciaron también que se sumarían a la huelga, en protesta por el alza de los precios de los fertilizantes y escasez de este producto a poco más de un mes del inicio de la campaña de siembra a nivel nacional.

Los altos precios mundiales del combustible vinculados a la invasión rusa de Ucrania han avivado el malestar en Perú, el segundo productor de cobre del mundo. El gobierno del presidente izquierdista Pedro Castillo ha tomado medidas para frenar el aumento del costo de vida, pero la tasa de inflación anual se mantiene en torno al 8%, su nivel más alto en 24 años.

Juan Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas, dijo el lunes a la local América Televisión que la medida de fuerza de su gremio se vería recién en las próximas horas y que las últimas propuestas del Gobierno como subsidiar los peajes y la promesa de estabilizar el precio de los combustibles por 60 días fueron insuficientes para el gremio.

La popularidad del presidente Castillo ha caído fuertemente en medio de investigaciones de corrupción en su Gobierno y protestas tras asumir funciones el julio del año pasado, con la promesa de dar beneficios a los más pobres en el país andino.