Contratos a término fijo, sólo 10 o 11 salarios al año y el miedo a perder el empleo, son algunos de sus alegatos.

Olfatear un buen momento político. Organizarse. Parar. Negociar. El método del sindicato de maestros Fecode ha resultado efectivo en perspectiva histórica. Cada vez que salen a las calles, como ocurrió una vez más esta semana, y las aulas permanecen vacías, se convierten en una fuerza ante la cual el Gobierno de turno no le queda otra salida que entregar o prometer algún nuevo beneficio laboral.

Aunque Colombia sigue lejos de ofrecer condiciones ideales a sus maestros oficiales, existe un problema peor pululando lejos de las cámaras y la atención social: la mayoría de maestros de colegios privados tienen menos garantías laborales que sus colegas del sistema público.

“Usted nunca va a ver un sindicato de maestros privados”, respondió una profesora que a sus 29 años ya ha trabajado en cuatro colegios privados desde que se graduó en la Universidad Javeriana. A cada maestro le toca sobrevivir como puede. En su caso, saltar de un lado a otro ha sido su estrategia para ir ganando pequeños aumentos salariales.

De esos cuatro colegios sólo en uno de ellos recibió 12 salarios. En todos los demás le pagaron salario 10 meses. El contrato siempre fue a término fijo. Es la misma historia de miles de profesores en todo Colombia. Desde Pasto hasta Barranquilla. Cada vez que termina el año escolar reciben una liquidación, una prima y quedan en el limbo hasta el año siguiente.

“Les dicen que están en vacaciones, aunque realmente no son vacaciones, es desempleo”, comenta un profesor del Gimnasio Moderno, un colegio que al operar como una entidad sin ánimo de lucro sí ofrece a sus profesores 12 salarios al año e incluso una bonificación. Y remata su reflexión: “En esos colegios nunca se despide a nadie. Simplemente no se renueva el contrato”.

En contraste con esa situación, los profesores que logran entrar al magisterio tienen contratos a término indefinido, 14 salarios al año, menos horas laborales, mayor autonomía y acceso a oportunidades para cursar una maestría o doctorado.

Fue suficiente con escribir en redes sociales que en el periódico estábamos tratando de entender las condiciones laborales de maestros en colegios privados para que llovieran decenas de mensajes de personas dispuestas a contar detalles de su situación. Eso sí: todos anónimos, porque nadie quiere perder su trabajo ni meterse en líos. Los testimonios coincidían en las quejas principales: el tipo de contrato, la incertidumbre de no saber si les renovarían el contrato cada año, pocos años de permanencia en el mismo lugar, salarios bajos y a veces situaciones que consideran humillantes como tener que usar determinado uniforme o pagar almuerzos costosos dentro de la propia institución.

“Los meses que no hay trabajo se vive de la liquidación, algunos buscan hacer algo como vacaciones recreativas o algo así. Se vive de forma muy sencilla porque no hay sueldo completo durante todo enero y en febrero se sobrevive con la mitad del sueldo. Uno recién se siente tranquilo en marzo”, contó un profesor de un colegio en Floridablanca, Santander. Otros piden dinero prestado, trabajan en almacenes en la temporada navideña o dan clases particulares mientras esperan el “sí” para el próximo año.

¿No pueden o no quieren?

La pregunta del millón ante este panorama que se replica por igual en colegios con pensiones y matrículas por debajo de los US$70 hasta los que cobran entre US$348 y US$695 es:

¿No quieren pagar más o no pueden?

“Depende del colegio”, explica un rector de un plantel en Montería, “hay algunos que podrían pagar 12 meses sin problema y dar bonificación porque cobran pensiones y matrículas altas. En ciudades como Bogotá y Barranquilla las pensiones son altísimas. Ellos lo pueden hacer. Colegios que cobramos pensiones bajas seguramente tendríamos problemas. Algunos cerrarían. Sería un gran problema. Dos meses más de salarios sería imposible”.

Una de las razones por las que estos modelos de inestabilidad laboral para los maestros se extendieron por Colombia, según este rector, es que mientras el sector público está muy regulado, “no se ha reglamentado el sector privado”. El Código Sustantivo del Trabajo, por el que se rigen la mayoría, es muy laxo y poco claro. Tanto así, que la aplicación del escalafón docente entre los privados, para pagarles de acuerdo con su formación, depende de la buena voluntad del colegio. “Nosotros aplicamos el escalafón porque es lo justo, pero hay otros colegios que sólo pagan el salario mínimo o por mucho US$313”.

Un profesor de Pereira tiene su propia explicación: “Los directivos hacen dinero con la necesidad del trabajo. Son muy pocos los colegios privados que tienen un contrato a 12 meses con sus docentes. A mí me pagaban sólo 10 meses. El dueño se capitalizó y ahora estrenó su sede propia”.

Colegios públicos, un privilegio

La disparidad de condiciones entre un sector y el otro ha provocado todo un fenómeno de migración entre sistemas. Cada vez que se abre un nuevo concurso docente en el sector público para reclutar maestros, los de colegios privados se presentan en un intento por lograr mejores condiciones laborales. El resultado de cada convocatoria pública es que quedan vacíos cientos de puestos en los privados y a los directivos les toca salir a cazar con urgencia nuevos profesores en medio del año escolar. Esas plazas a su vez son la oportunidad para que nuevos maestros se enganchen en el sector privado o los que están en colegios con sueldos bajos escalen a uno con mejores ofertas.

¿Y la calidad educativa?

Un profesor de Villavicencio está convencido de que estas condiciones afectan “muchísimo la calidad de la educación, porque la verdad vuelve mediocre al docente y en muchos casos, para no tener problemas con los padres de familia, los mismos estudiantes y los colegas o directivos no se innovan o se evalúan a conciencia, porque es una batalla perdida que le puede afectar el trabajo o la estadía en una institución”.

En la otra orilla está el rector de Montería, quien dice que cuando compara a sus maestros con los de colegios oficiales, “como ellos tienen contratos seguros se fresquean. Aquí uno exige y mucho. Desde la llegada. Si es a las 6, es a las 6. Su forma de tratar a los estudiantes. Su presentación personal. En el sector público hay muy buenos, pero hay otros que se relajan”.

Alejandro de Zubiría, el director de la Fundación Alberto Merani, quien desde hace unos años junto a un grupo de profesores ha venido analizando datos de calidad educativa en Colombia, dice que al comparar la calidad de los colegios privados versus los públicos, los primeros siempre puntean más alto en pruebas Saber.

De acuerdo con sus cuentas, en Colombia el rango del valor de pensión en colegios privados va desde US$28 mensuales hasta más de US$695. Y eso hace que sean difíciles las comparaciones. “Sin embargo, un colegio oficial nos cuesta a los contribuyentes US$105 al mes, mientras uno privado, promedio, que son el 80%, cuesta alrededor de US$87”, explica.

El panorama entonces no es fácil. El sistema público paga mejor, pero esa ventaja no se ha traducido en una mejor educación. Muchos otros factores entran en juego en la ecuación. Pero al mismo tiempo el sector público está absorbiendo a muchos de los mejores maestros del sector privado que migran en busca de mejores condiciones laborales.
“Parece que los colegios privados con pensiones bajas pueden financiar esa calidad, pero a costa de las condiciones de los maestros”, reflexiona Zubiría.

Más allá de las cifras incompletas y la necesidad de mejores análisis, una profesora bogotana dice: “Cuando pelean los profesores públicos, los de los colegios privados decimos: ‘tienen huevo, los que deberíamos pelear somos nosotros’”.

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