Más de 90 organizaciones socioambientales declaran su oposición a la escala de explotación de los salares andinos difundida por el gobierno de Boric. Mientras el sector minero llama a licitar todos los yacimientos posibles de litio. 

La disyuntiva no es reciente. Hace décadas que se discute si la naturaleza es un bien en sí mismo o si genera más riqueza y desarrollo la explotación de los recursos naturales.

La historia de los últimos 200 años parece indicar que la segunda opción es la que prefiere el ser humano.

Hoy ese debate se está dando fuertemente en Chile, entre actores ambientales y comunidades indígenas y el sector minero, como alguna vez ya se dio en la minería del cobre.

En esta ocasión es el litio, material indispensable hasta el momento para la electromovilidad verde y energías limpias. Aunque la paradoja es que su extracción es ambientalmente dañina e intensiva en el uso de agua en la zona más seca del planeta

Son ecosistemas únicos que sustentan un economía de subsistencia entre los pueblos Atacameño y Colla, principalmente.

Pero todos esos acontecimientos están lejos de la capital, Santiago. Y las preocupaciones del grueso de la población se concentran más en encontrar empleo en una economía estancada, que ve con buenos ojos la generación de empleos en minería de litio así como la presencia de buses eléctricos chinos en una de las urbes más contaminadas por PM 2,5 de la región.

POLITICA DEL LITIO DE BORIC

Este jueves, cerca de 90 organizaciones difundieron su profunda preocupación por la dirección que está tomando el gobierno en relación con los salares andinos. 

Todo porque el martes 26 se anunció de parte del Consejo Estratégico de Ministras/os de Litio y Salares, instancia que lidera el Ministerio de Minería e integran las carteras de Hacienda, Relaciones Exteriores, Economía, Medio Ambiente, Ciencia, Conocimiento, Tecnología, una serie de medidas en torno a la Estrategia Nacional del Litio.

Entre otras cosas, allí se definen como salares estratégicos para su explotación los salares de Atacama y Maricunga en donde el Estado participará de forma mayoritaria a través de Codelco, empresa que buscaría asociarse con SQM mediante un convenio, algo que ha sido rechazado por comunidades originarias y amplios sectores de la sociedad.

Así, se establecen para explotación los salares de Pedernales, de Codelco, y el proyecto Salares Altoandinos, compuesto por los salares Grande, Infieles, Aguilar y La Isla a cargo de Enami, indicando que cada empresa pública liderará la búsqueda de socios.

También se define un listado de 26 salares para explotación privada, para los cuales se realizará un procedimiento público, que consistirá en un llamado a inversionistas nacionales y extranjeros a presentar su interés por explorar y/o explotar estos yacimientos de litio.

Y finalmente se crea una Red de Salares Protegidos que equivaldría al 33% de los salares.

"Esta decisión se está tomando sin considerar las opiniones y necesidades de los pueblos originarios y la comunidad en general. En un contexto donde enfrentamos desafíos climáticos y ecológicos urgentes, es esencial que se tomen medidas para proteger y conservar nuestros ecosistemas, que son fundamentales para el bienestar de nuestras comunidades y para enfrentar los desafíos sistémicos que estamos viviendo. Lo que observamos es un sacrificio significativo de nuestro valioso patrimonio natural, lo que pone en riesgo a territorios, comunidades y ecosistemas", indica la misiva que firmaron las organizaciones ambientales chilenas.

Su visión es que el recambio tecnológico impulsa una demanda insaciable de litio en países industrializados que les permite mantener sus altos niveles de vida a expensas de los ecosistemas de Latinoamérica, sin comprometerse con metas climáticas ambiciosas y manteniendo patrones insostenibles de consumo energético y de materias primas.

"La agenda del crecimiento verde, promovida por los mismos países responsables de la crisis climática, sigue poniendo presión en los ecosistemas del sur global, profundizando la dependencia de exportación de bienes naturales y agravando la vulnerabilidad climática de las y los habitantes del país, los territorios y ecosistemas", reclaman los ambientalistas chilenos.

Así, la explotación de casi la mitad de la superficie de los salares de Chile además aleja lo que los expertos y científicos recomiendan para garantizar la propia vida humana en el futuro, ya que según las recomendaciones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). "Es crucial proteger los ecosistemas vulnerables de América Latina y el Caribe frente a los impactos del cambio climático. En lugar de seguir el camino hacia una transición ecosocial sostenible , estamos hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones venideras", afirman.

Los antecedentes de la extracción minera pasada son una prueba, dicen las comunidades.

"Los proyectos mineros que ya se encuentran en los salares andinos han provocado daños irreparables, existiendo antecedentes de sanciones y denuncias por la afectación de los acuíferos y sistemas de vida en Salar de Atacama, Salar de Punta Negra, Salar de Llamará, Salar de Maricunga, Salar de Talabre y Salar de Surire, entro otros. Por ello, sostenemos que, bajo la legislación e institucionalidad actualmente vigentes, el Estado no cuenta con las condiciones necesarias que aseguren la protección de los nuevos salares que se someterán a la explotación, poniendo en riesgo las fuentes económicas y laborales de las comunidades locales", dice el comunicado.

LAS PREOCUPACIONES MINERAS

Aparentemente ajenos a estas consideraciones verdes, las empresas que viven de la extracción de litio celebraron esta semana la decisión chilena.

"Eramet, luego de un análisis preliminar, ve con mucho interés lo anunciado ayer por el gobierno acerca de los avances en la implementación de la Estrategia Nacional del Litio", indicó la empresa en declaración pública emitida esta semana.

La firma de origen francés, que también llegó a Argentina, anunció una inversión reciente de US$ 95 millones mediante la cual adquirió 120.000 hectáreas de concesiones mineras en siete salares chilenos.

"Las concesiones mineras de Eramet cubren casi en su totalidad los salares del área en la cual Enami ha sido designado por el gobierno como nuestro interlocutor. Eramet considera positivo que se deje flexibilidad en el esquema de asociación público-privado, y considera que esto debe acelerar la materialización de un acuerdo de asociación con Enami", recalcó la empresa.

Sobre los salares protegidos que se encuentran en nuestra zona de interés, Eramet requiere entender bien los mecanismos que se utilizarán para concretizar dicha clasificación y confirmar que esta clasificación coincida con los altos estándares de Eramet en materia de RSE.

Con todo, esta semana Reuters indicó que el plan del Gobierno chileno para impulsar la inversión privada en varios salares de litio del país podría tropezar con detalles no resueltos que generarán preocupaciones entre los inversores.

Y es que los actores de la industria están planteando interrogantes sobre cómo las autoridades del segundo mayor productor de litio del mundo adjudicarán los contratos que anunciaron el día 26.

"Se espera que los proyectos dupliquen la producción de Chile a alrededor de 500.000 toneladas de carbonato de litio equivalente para finales de la década", dijo el miércoles a los medios la ministra de Minería, Aurora Williams.

Para los 26 salares restantes, las autoridades chilenas aceptarán declaraciones de interés hasta julio.

Casi un centenar de empresas de una docena de países ya se han puesto en contacto con el Gobierno para buscar información sobre el lanzamiento de proyectos de litio, señaló Williams, incluidas firmas de Estados Unidos y China.

Pero no todo fue bien recibido.

De acuerdo con la agencia noticiosa inglesa, una preocupación radica en cómo el Gobierno adjudicará contratos de litio en salares donde anteriormente se han otorgado concesiones mineras, creando una especie de doble propiedad.

"Crea muchos conflictos potenciales, preparando el terreno para futuros problemas judiciales", dijo Sebastian Yang, miembro de la junta directiva de Simco Lithium, que tiene un proyecto en el Salar de Maricunga. "Esto planteará dificultades para atraer inversores potenciales", añadió.

En tanto que José Hofer, asesor sobre litio de la consultora SC-Insights, dijo que otros desafíos que podrían frenar el apetito de los inversores incluyen la asociación requerida con empresas estatales, el posible rechazo de las comunidades indígenas y las limitaciones a la extracción debido a las protecciones ambientales en toda una franja de salares.

"Esta superposición de políticas y el exceso de participación estatal han hecho que Chile sea 'no apto para invertir' en litio", dijo, señalando que es probable que Argentina y Brasil se conviertan en actores más importantes en comparación con la nación minera durante la próxima década.

Las empresas también deben lidiar con una mala racha para los precios del litio tras la desaceleración en las ventas de vehículos eléctricos, que ha cambiado el cálculo para garantizar proyectos económicamente viables.

Para la canadiense Wealth Minerals, avanzar con su proyecto de litio en el Salar de Atacama significará iniciar conversaciones con Codelco sobre los términos en los que adquirirá una participación mayoritaria, dijo su director ejecutivo, Marcelo Awad.

"Estamos optimistas, y muy interesados en empezar la negociación con Codelco a la mayor brevedad", finalizó.