Las recientes críticas de Carlos Slim al IFT han abierto el debate sobre la viabilidad de un organismo que ha impulsado el acceso al Internet móvil en México, pero no ha sido ajeno a las disputas políticas.
La pugna entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por la liquidación de este organismo ha entrado en un nuevo capítulo. No porque el Congreso mexicano haya tomado una decisión, sino por una declaración de Carlos Slim Helú, CEO de América Móvil. El multimillonario de origen libanés ha acusado al IFT de ser ineficiente, caro e incumplir su objetivo de liquidar los monopolios en las comunicaciones de México.
Posteriormente, Slim cuestionó la independencia del organismo al asegurar que algunos de sus funcionarios fueron designados por el Ejecutivo mexicano. Por ejemplo, el abogado Gabriel Contreras, primer presidente del organismo en 2013, fue elegido por Humberto Castillejos, director jurídico del Ejecutivo Federal de 2012 a 2017 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Asimismo, poco después de abandonar por la ley la presidencia del IFT, Contreras fue contratado por AT&T, compañía de telecomunicaciones estadounidense y principal rival de América Móvil en el mercado mexicano.
Cabe destacar que anteriormente, Contreras había impuesto una serie de medidas regulatorias para las empresas de Slim como la compartición de infraestructura, un veto al ingreso a la venta de televisión de paga y la partición de Telmex en dos compañías.
No extraña entonces que el magnate esté tan disgustado con el rol tradicional que ha jugado el IFT en sus maniobras anti monopolio. Incluso, pese a estas políticas, Telcel mantiene a la fecha el 70% de los ingresos celulares y el 60% de los usuarios de ese negocio. Por su parte, Telmex ha corrido una suerte algo distinta al percibir una caída de su participación de mercado al 39% y una aparición de 11 millones de acceso en el segmento fijo para la competencia.
Estos resultados dispares fueron los principales detonantes para que el presidente López Obrador justifique su proyecto de liquidación del IFT. De proceder, las funciones del organismo autónomo serían asumidas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
“El IFT no ha sido efectivo para combatir los monopolios en el sector, pese a su gigantesca estructura orgánica y los elevados salarios de sus comisionados”, declaró la Presidencia de la República. Se trata entonces de una política inusual para un gobierno socialdemócrata que, en los últimos años, ha optado por la expansión del gasto público en líneas generales.
Sin embargo, AMLO ha sido tajante en su postura. El pasado lunes 5 de febrero, el gobierno mexicano presentó un paquete de reformas al Congreso que buscan liquidar el IFT y otros seis órganos independientes. Entre las instituciones asediadas se encuentran la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Instituto Nacional Electoral (INE). La idea que este último desaparezca es controversial, porque comprometería la transparencia de las elecciones mexicanas.
El argumento bandera del gobierno sostiene que estos organismos restan fondos para los programas sociales destinados a familias vulnerables y adultos mayores, uno de los principales activos del gobierno de Morena. Por supuesto, el IFT defendió su existencia con un comunicado donde resalta el alcance de sus acciones regulatorias y critica la decisión de AMLO.
“Este Instituto considera que la propuesta representa un retroceso en perjuicio de las personas usuarias y audiencias, dado que implica volver a un modelo que demostró tener serias limitaciones para lograr, entre otros objetivos, la entrada de más competidores, mayor certeza jurídica y asegurar piso parejo para que más mexicanos contasen con más servicios de telecomunicaciones a menor precio y con mayor calidad, así como con más estaciones de radio y televisión donde pudieran expresarse mayor diversidad de voces y opiniones”, expresó el pasado martes 6.
Para contextualizar su informe, el IFT señaló que desde su creación en 2013, 94 millones de mexicanos han podido acceder al servicio de Internet móvil. Además, el organismo señaló que por cada peso invertido por el Estado a favor de su trabajo se ha traducido en beneficios por 45,5 pesos (US$ 2,65). Asimismo, se destacó cómo la Comisión Federal de Telecomunicaciones, antecesora del IFT y adjunta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tuvo un papel cuestionable como regulador.
De hecho, en 2010, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destacó que se generó un perjuicio social no menor a US$ 129.000 millones. Mientras que por aquella época, solo un 34% de mexicanos podía acceder a Internet. Y si bien entre 2013 y 2022, la industria de telecomunicaciones y radiodifusión creció 144,7% en parte por la expansión orgánica de la industria, lo cierto es que la concesión del IFT de nuevas licencias de frecuencias radiales y televisivas también contribuyó.
A mediano plazo, el paquete de AMLO tiene altas posibilidades de fracaso: las bancadas opositoras del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya han tildado de “autoritarias” el proyecto de disolver los organismos autónomos. La ausencia de una mayoría absoluta de Morena en el Congreso deja en claro lo poco viable que es la iniciativa. Se trata de una de las últimas disputas entre el gobierno y la oposición antes de las elecciones de junio de 2024, donde se proyecta un amplio triunfo del oficialismo.
Hasta entonces, es evidente que el IFT no ha sido totalmente ajeno a los colores políticos en su década de existencia. Pero quienes lo atacan suelen venir tanto de un empresariado opositor a las prácticas antimonopolios, como de autoridades que rechazan las cortapisas al ejercer el poder. Ahora solo queda preguntarse si estas iniciativas continuarán en un eventual sexenio de Claudia Sheinbaum o se verá un giro de 180 grados.
