La reciente promulgada la Ley sobre Delitos Económicos, según palabras del propio presidente, contribuirá a recuperar la confianza pública, dejando al país latinoamericano con estándares similares a Estados Unidos. ¿Será suficiente para desincentivar los llamados ‘delitos de cuello y corbata’?
Dos casos económicos han remecido al sector financiero chileno este último mes: Primus Capital y Factop, ambas empresas de factoring que no son pequeñas.
En el caso de Primus, se trata del segundo factoring no bancario más importante de Chile, con oficinas también en Perú.
Para el caso Factop, se le ha calificado además como un escándalo financiero que divide a la comunidad judía, debido a la procedencia de los capitales que dieron origen al negocio.
En ambos escándalos hay enormes sumas de dinero que se han perdido, facturas falsas, acusaciones cruzadas de fraude y hasta firmas contables de renombre que han sido señaladas como laxas al no descubrir antes los posibles timos.
El escándalo que rodea al factoring Factop registra pérdidas asociadas por unos US$ 50 millones, con una sola familia que habría perdido más de US$ 5 millones, además del fondo inglés Global SME Growth Fund, que acusa pérdidas por US$ 6 millones, y el fondo mutuo de Zurich, con cerca de US$ 4 millones. También está salpicado Tanner, el mayor actor no bancario del sistema financiero chileno.
La acusación nació del socio Alejandro Topelberg, quien culpa a los hermanos Sauer de administración desleal y de entregar información falsa al mercado, entre otros delitos.
El caso agrega afectados y actores, desde el banco israelita Valley Bank (ex Leumi) –con el apoyo de Andre Roitman–, con garantías proporcionadas por RK Ventures y el aval de sus socios Rodrigo Topelberg y su madre, Aída Kleinkopf, además de la corredora local LarrainVial. Otros perjudicados son el factoring Concreces, la firma Arquitectura y Construcción Galibo, los hermanos Alejandro y Moisés Fosk, vinculados a la Pesquera Landes, Jair Ventura y BTG.
En el caso de Primus, el segundo mayor factoring no bancario del mercado, su controlador, Raimundo Valenzuela, acusa a su exgerente general, Francisco Coeymans, y al exdirector comercial, Ignacio Amenábar de emitir tanto facturas como cheques falsos, con casi 400 giros a terceros y una estela de medio centenar de clientes cuestionados y 396 giros a terceros.
Así, el factoring asegura ser víctima de un fraude que los ha obligado a hacer aumentos de capital por más de US$ 100 millones con los inversionistas y la anuencia de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) -la entidad que los fiscaliza- para mantener a flote la firma.
Todos estos casos preocupan por la señal que esta industria da al mercado.
Para muchos, estos escándalos revelan también el rol de las auditoras. Una de ellas, Deloitte, comunicó a la CMF que “(…) fuimos informados del descubrimiento de un esquema de defraudación que determina la necesidad de modificar dichos estados financieros, sin que hasta la fecha haya sido posible para Deloitte obtener suficiente evidencia para concluir la auditoría que nos permitiera reemitir nuestra opinión sobre los estados financieros”.
El medio local La Tercera descubrió, en tanto, que un informe de la auditora KPMG también detectó 18 clientes de Primus que fueron creados en la plataforma “Empresas en un Día” y cuyos socios son de nacionalidad venezolana.
“El perjuicio estimado en los 213 cheques falsos asciende a US$ 9,7 millones, pero los giros a terceros involucrados que fueron aprobados por los dos ex ejecutivos de Primus suman más de US$ 31 millones.
Más recientemente, ha trascendido que la compañía de factoring presentó el relato de tres gerentes de la filial peruana, quienes dijeron que los exejecutivos chilenos acusados de fraude, Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar, dejaron de ir a sus oficinas en ese país y solían reunirse con clientes y terceros en el Hotel Hyatt de Lima. Además, pidieron realizar gastos no vinculados con el giro del negocio, como la compra de un departamento para una modelo peruana.
REGULACIÓN MAS ESTRICTA
El factoring es una industria considerada por algunos como un mal necesario, pues es la que financia a la mayoría de las pequeñas y medinas industrias (PYMES) con una muy necesitada liquidez para sus pagos y vencimientos, ya que por lo general este sector recibe pagos a 60, 90 y más días, pero sus cuentas y compromisos tienen un vencimiento mensual.
Algunos analistas indican que, entre los factorings, fondos de deuda y los de inversión privada, en el país se mueven casi US$ 10.000 millones cada año.
Es tanta la necesidad de dinero fresco para las firmas que la startup más exitosa de Chile es, justamente, una fintech como Xepelin, que proporciona este y otros servicios para las pymes y que se ha expandido con éxito al mercado mexicano.
Al parecer esa danza de millones, atractiva y a la vez riesgosa, es una bomba de tiempo esperando estallar.
“Al mercado chileno lo tomó algo por sorpresa cuando se filtraron estas querellas mutuas” dice a AméricaEconomia una fuent del sector que prefiere no ser identificada.
A continuación, hace hincapié en que en ambos casos se trata de factorings de la industria no bancaria que, a diferencia del factoring bancario proporciona dos cosas: espaldas financieras y regulación más estricta.
“El factoring en Chile es un negocio que tiene asimetrías de información; es un negocio donde hay más riesgos envueltos donde hay préstamos, tasas de interés más altas que las convencionales”, explica la fuente.
Ricardo Schliebener es líder de la Asociación de Empresas de Servicios Financieros No Bancarios (EFA) una organización gremial con casi 20 años que agrupa a 22 empresas del rubro.
Respecto de los casos Primus y Factop, que no pertenecen a su asociación, Schliebener explicó justamente eso en una entrevista concedida a una radio local.
“El factoring es un producto financiero muy antiguo, la banca también lo ofrece. La cadena que existe en torno a la operación del factoring es bastante fuerte, en términos de registro, de análisis de riesgo y en términos de revisión”, indicó en radio Pauta.
Y aunque ambos casos empañan bastante al rubro y menoscaban las confianzas, los entendidos aseguran que, bien hecho, agrega bastante valor.
“Hay miles de personas y buenos negocios que necesitan más liquidez y el factoring se las provee de buena forma”, dice la fuente anónima. Pero mal usada es una maquinaria para engañar a otros.
“Aquí hubo un grupo que se enriqueció obteniendo dinero en base a documentos falsos y me parece muy raro que el controlador de este factoring no bancario no haya estado cerca del negocio (…) puede ser que el controlador haya estado confiado en la gente que tenía administrando el negocio y por un tiempo haya hecho la vista gorda en los directorios. Lo otro es que él permitiera ciertas irregularidades hasta que se dio cuenta que eran sumas muy grandes”, teoriza.
Una reciente denuncia del medio electrónico El Mostrador, ha perseverado en esa arista, afirmando que el controlador de Primus, Eduardo Guerrero, a quien identifican como el cerebro económico del candidato republicano J. A. Kast, habría tenido control de las operaciones cuestionadas con anterioridad.
DELITOS DE CUELLO Y CORBATA
Para nadie es un misterio que el presidente chileno Gabriel Boric y su coalición provienen de movimientos universitarios y estudiantiles, y que son relativamente ajenos al mundo de las elites empresariales.
De ahí que en su gobierno fuera especialmente relevante sancionar estos 'delitos de cuello y corbata', ya que la ciudadanía, en general, percibe que los empresarios reciben un trato privilegiado en la legislación chilena, con altas sumas malversadas y escaso o nulo castigo.
De hecho, uno de los casos insignes del país fue el de la colusión en el precio del papel higiénico y pañales hacia 2015, el que involucró más de US$ 2.700 millones, una condena de reparación que incluyo una inédita devolución del dinero a miles de víctimas de sobreprecio en estos productos y cuya sanción judicial, cinco años más tarde, fue la obligación para que los ejecutivos de las firmas involucradas asistieran a clases de ética.
Así es que varios sectores han visto con buenos ojos que el pasado 7 de agosto Gabriel Boric promulgase la Ley sobre Delitos Económicos, la que -según palabras del propio presidente- contribuirá a recuperar la confianza pública
“Desde hoy Chile tiene una nueva ley para sancionar de mejor forma los delitos económicos y ambientales, que tanto daño han causado en nuestra sociedad (…) “Por muchos años la ciudadanía ha visto con impotencia, cómo los que son llamados delitos de cuello y corbata, suelen recibir castigos menores que otros delitos, aun cuando involucran grandes sumas de dinero”, señaló el jefe de Estado chileno.
En teoría, la ley termina con los tratos especiales para las personas condenadas por delitos tributarios, malversación de fondos públicos o cohecho. Para ello, se tipifican nuevos delitos, se actualiza el delito de lavado de activos y, además, se restringen los casos en que las penas podrán cumplirse en libertad.
De esta forma, todo delito económico será sancionado siempre con una multa, además de la sanción penal que corresponda, cuyo monto tendrá relación con su gravedad y su permanencia en el tiempo.
A esto se suma que una persona que sea condenada por los delitos que están en este catálogo, va a quedar inhabilitada para ejercer cargos públicos, también cargos gerenciales; además establecer contratos con el Estado.
La ley plantea también la existencia de delitos que constituyen atentados contra el medioambiente, como la contaminación de aguas o suelos, o el daño a parques nacionales y humedales.
¿Pero qué se puede esperar de esta ley?
Hugo Aravena, presidente de CFA Society Chile, una entidad global que vela por el comportamiento ético en los negocios, considera que la ley de delitos económicos resulta bastante estricta para muchos agentes de mercado, porque los roles y las multas para los involucrados cambian de forma significativa respecto de lo que había antes.
“Se establecen multas y penas de cárcel para ejecutivos. Se puede multar directamente a las compañías tanto como a personas naturales con castigos de hasta US$ 21,8 millones pueden llegar a 19.000 millones de pesos más las multas que pueden tener las compañías y también los ejecutivos pueden ir a la cárcel directamente y ya no clases de ética”, dice Aravena a AméricaEconomía.
“Nos hubiera gustado ver cierta gradualidad, por lo que creemos que a lo mejor vamos a tener que hacer algunos ajustes en el camino. Pero yo lo veo como un mecanismo que de cierta forma va a desincentivar los delitos perfecto porque uno siempre se por las penas que me arriesgo son tan altas que ciertamente las personas que son más conscientes de cometer ciertos delitos deberían salir de ese esquema” asegura.
Hace pocos días, CFA Society Chile dio a conocer los resultados de la segunda versión del sondeo Ético del Mercado Financiero Chileno, que confirma la percepción de aspectos a mejorar en la ética en el mercado financiero local, en lo relacionado a conflictos de interés, uso de información privilegiada y sanciones ante delitos relacionados con la ética profesional.
Dentro de la información recopilada por el sondeo, destaca que los productos en los que se podrían dar con mayor énfasis los dilemas éticos son Monedas (17%) y Activos Derivados (16%), mientras que los menos mencionados son los Productos relacionados a pensiones (4%).
Pero los delitos de cuello y corbata no solo son cometidos por empresarios en Chile.
En junio, se reveló información que advertía sobre posibles desvíos de recursos del Ministerio de Vivienda a la Fundación Democracia Viva, entidad en la cual tenía participación Revolución Democrática (RD), el partido fundado por el exministro Giorgio Jackson. A raíz de este evento en particular, la investigación judicial se ha ampliado para abarcar otras fundaciones de características similares, descubriendo casos de malversación de fondos, lo cual ha resultado en renuncias y detenciones.
De acuerdo con la encuesta Research realizada en julio, un 71% de los encuestados opina que Chile está aquejado por la corrupción en diversos niveles, y un 54% predice un incremento en estos casos durante el resto del actual mandato.
Los resultados además indican que los partidos políticos encabezan la lista, con un 80% de desconfianza por parte de los consultados. Les siguen los municipios, con un 72%, y el Congreso Nacional, con un 69%.
Con este nuevo escenario, “las empresas deben afrontar nuevos desafíos y robustecer su sistema de prevención definiendo nuevos roles; asignando medios y facultades a los responsables para la generación de una correcta gestión, conociendo y analizando los diferentes procesos de negocio para identificar los riesgos asociados a la comisión de estos delitos incorporados en el marco de la Responsabilidad penal de persona jurídica y natural, generar actividades de prevención efectivas y mantener un monitoreo continuo”, afirmaron Carmen Gloria del Valle y Astrid Schudeck, socias de PwC Chile.
En tanto que Ricardo Schliebener señaló en prensa que “no sé si es necesario que haya una regulación adicional”. “El factoring es una industria extremadamente regulada, pero regulada de manera muy orgánica. Existe un entorno legal en el cual uno se puede desenvolver”, explicó.
“Los casos que se han mencionado (Primus y Factop), refieren a conductas que pueden ocurrir y han ocurrido en varias industrias. Estas empresas habrían montado ciertos modelos que no obedecen a la estructura del factoring. Ante ese tipo de actitudes, no hay regulación que pueda evitar acciones de esa naturaleza“, finalizó.
