Las taxonomías verdes sirven a los gobiernos para vincular el sector financiero con los planes y objetivos climáticos de su mercado.
"La descarbonización en la industria de la construcción resulta fundamental ya que los edificios representan el 41% de las emisiones de carbono del total del 60% que representan las ciudades", señala la investigación "Descarbonizando Ciudades y Bienes Raíces" de Jones Lang LaSalle Incorported (JLL), una firma multinacional de bienes raíces, luego de cubrir 32 ciudades globalmente para ofrecer una visión de los instrumentos disponibles y más utilizados por las ciudades para la transición a cero neto y descarbonizar el sector de edificios.
Y es que de acuerdo con la agenda global y los lineamientos establecidos en el Acuerdo de París, también incorporando los objetivos de desarrollo sostenible instituidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), algunos países latinoamericanos han replicado aquellas prácticas ya instauradas en mercados líderes en términos de sostenibilidad que resultan más eficientes.
En términos generales, las taxonomías verdes sirven a los gobiernos para vincular el sector financiero con los planes y objetivos climáticos de su mercado. Estas políticas describen un enfoque estandarizado para la evaluación comparativa de las actividades sostenibles en una región con el fin de proporcionar claridad sobre qué actividades económicas son sostenibles y promover el flujo de capital hacia este tipo de inversiones. La primera taxonomía verde publicada por una autoridad gubernamental se desarrolló en 2015 en Francia y fue la que dio base a la Taxonomía de la Unión Europea, adoptada en 2020. Replicando esta acción, muchos países de América Latina han recurrido a taxonomías adaptadas a sus economías locales.
Se estima que la demanda de energía en América Latina crecerá a una media del 2% anual hasta 2040, donde las energías renovables representan alrededor del 25% de su fuente de energía, por encima del 20% de representación que podemos encontrar en EE.UU.
“Colombia se convirtió en el primer país latinoamericano en lanzar una taxonomía verde en abril de 2022, y México lo siguió en marzo de 2023. Estas taxonomías están sentando un precedente para las economías emergentes y, en conjunto, ofrecen la oportunidad de definir lo que constituye una inversión sostenible, teniendo en cuenta tanto los objetivos climáticos como las características específicas de una región. Siguiendo el ejemplo, Perú, Brasil, Costa Rica y Chile han desarrollado cada uno una hoja de ruta de taxonomía, con Perú declarando un objetivo claro de adoptar una taxonomía local para 2025. A futuro queda pendiente evaluar la necesidad de la consolidación de estas acciones para el posicionamiento de la región en el contexto global”, señaló, Mercedes Balmaceda directora Sustentabilidad GLA de JLL.
En el caso de Santiago de Chile más de la mitad del consumo de energía de la ciudad procedía de gasóleo y gas importado, por lo que, en un esfuerzo por reducir las emisiones de la ciudad y los niveles de smog tóxico “Santiago invirtió millones en eficiencia energética y mejoras de las energías renovables locales en los edificios públicos”, explica el reporte.
En el camino de la descarbonización la industria de la construcción resulta fundamental ya que los edificios representan el 41% de las emisiones de carbono del total del 60% que representan las ciudades. En este sentido los códigos de edificación son vitales para gestionar el accionar de los inversores. Se espera que la superficie construida solo en la región crezca un 65% para 2050.
Latinoamérica ya es una de las más urbanizadas del mundo, pues ha pasado de una tasa de urbanización del 62% en 1980 a más del 81% en la actualidad y se espera que alcance el 89% en 2050, pero gran parte de este crecimiento se ha producido sin una planificación adecuada. Esto ha provocado una expansión urbana intensiva en carbono y ha dado lugar a sistemas de construcción e infraestructuras especialmente vulnerables al riesgo climático. Casi todas las ciudades de las economías desarrolladas tienen objetivos fijados para descarbonizar los edificios, y la mayoría especifica algún tipo de objetivo operativo de neutralidad neta o climática para los edificios nuevos de aquí a 2030.
