El acuerdo de implementación es uno de los pasos claves para que HIF Global avance en la búsqueda de financiamiento del proyecto.

A casi un año de la firma del memorando de entendimiento y tras nueve meses de negociaciones, en la noche de este lunes 23 de diciembre, la estatal uruguaya Ancap concretó el acuerdo de implementación con la empresa chilena, HIF Global para la instalación de una planta de producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en el departamento de Paysandú. 

La iniciativa requerirá de una inversión aproximada de US$ 6.000 millones y, de concretarse, será el proyecto privado más grande en la historia del país charrúa.

El acuerdo de implementación regula la relación entre ALUR y HIF establece cómo será el contrato futuro de abastecimiento de CO2 biogénico (generada por la producción de etanol en Paysandú) y que la subsidiaria de Ancap le venderá a la compañía chilena y define el precio de venta del CO2.

Además, el acuerdo también regulaba en detalle cómo se iba a ejecutar el derecho de participación de Ancap en el proyecto, una posibilidad que tenía la estatal y de la que podía hacer uso más adelante cuando se concretaran otros aspectos de la iniciativa, o también podía desistir de esa opción sin que tuviera consecuencias, según se afirma en los estudios jurídicos a los que accedió El Observador.

Sin embargo, tras la negativa del Poder Ejecutivo y mandatada por el directorio de Ancap, ALUR eliminó esa posibilidad del contrato.

La firma de este acuerdo de implementación es uno de los pasos claves para que HIF Global avance con la iniciativa.

Si la empresa no contaba con la confirmación de que podía construir una planta de captura de CO2 en las instalaciones de ALUR, no podía avanzar con la búsqueda de financiamiento del proyecto.

Las autoridades de HIF concedieron varias prórrogas a Ancap pero dieron un ultimátum de que el acuerdo debía estar firmado, a más tardar, hoy 27 de diciembre.

El acuerdo será anunciado en una conferencia de prensa esta mañana en la que estarán presentes las autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Ancap y ALUR.

LOS ANTECEDENTES Y EL CONFLICTO ENTRE LAS AUTORIDADES

Estaba previsto que la firma se concretara entre mayo y junio de este año, pero diferentes obstáculos hicieron que se dilatara.

A partir del mes de setiembre, la principal tranca fue la falta de acuerdo entre los integrantes del directorio de Ancap respecto del rol que debería tener la empresa estatal en el proyecto.

Mientras el ahora expresidente de Ancap, Alejandro Stipanicic defendía la posibilidad de que la estatal participara como socio del proyecto, si eventualmente se consideraba conveniente; el vicepresidente de la estatal, Diego Durand y la ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio se oponían a esta idea por entender que el ente no debía asumir riesgos económicos.

En medio de profundas tensiones por esta discrepancia, el pasado 12 de diciembre el Poder Ejecutivo exhortó a Ancap a que desistiera del derecho de participación en el proyecto, según informó en ese entonces Búsqueda.

En una sesión extraordinaria que estuvo marcada por una fuerte discusión entre Durand y Stipanicic, finalmente el directorio resolvió acatar el exhorto del Ejecutivo y mandatar a las autoridades de ALUR a eliminar la cláusula en la que se regulaba cómo se iba a ejecutar el derecho de participación de Ancap.

Esa decisión del directorio contó con el voto a favor de Durand; del director en representación de Cabildo Abierto, Daniel Lamela; y del director en representación del Partido Nacional, Leandro Claramunt. Mientras que el director representante del Frente Amplio, Vicente Iglesias no votó por estar de licencia médica.

La decisión del directorio provocó la renuncia de Stipanicic quien dejó constancia escrita en el acta, de que a su entender el Poder Ejecutivo “incurre en un error conceptual severo” por suponer que el acuerdo a firmar con HIF” implica, “en el presente, la asunción de riesgo económico, o de ningún otro tipo, referido al proyecto".

Esta decisión fue rechazada también por las autoridades del gobierno electo, quienes exigieron al Poder Ejecutivo actual una explicación sobre los motivos que llevaron a desistir de la opción de participación.

"Lo que se está discutiendo no es si el Estado tiene que hacer inversiones millonarias o no. Lo que se está discutiendo ahora es el derecho a participar, eventualmente, del proyecto a futuro. Tenemos tiempo para analizar esa decisión, ¿por qué nos tenemos que adelantar? Ya estar diciendo que no, amputarnos esa posibilidad de participar, me parece grave y preocupante. Es terrible", había afirmado a El Observador, la futura ministra de Industria, Fernanda Cardona.

Asimismo, Jorge Díaz, el prosecretario de Presidencia designado por el mandatario electo Yamandú Orsi, dijo que este es uno de los temas fundamentales que forman parte de la transición del gobierno.

Por ello, planteó la posibilidad de que el Frente Amplio cite al Parlamento uruguayo a la ministra de Industria, Elisa Facio para que la jerarca explique por qué se renunció a ese derecho.

Tanto Díaz, como Cardona y el futuro secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez enfatizaron en la importancia de poder mantener la posibilidad de participación y analizarla en el momento en que correspondiera hacerlo.

La posibilidad de participar como socio en hasta un 30% del proyecto era un derecho que tenía Ancap, que eventualmente tenía un valor económico y que podía decidir utilizarlo cuando la empresa presentara la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés), algo que está previsto que ocurra en el segundo semestre de 2025.