Entre otros cambios, la flamante Ley de Cumplimiento Tributario incorpora un IVA a los productos importados por plataformas digitales y obliga al Servicio de Impuestos Internos a analizar transferencias y depósitos que superan un límite.
Es oficial. Influencers, emprendedores digitales y hasta los youtubers pagarán impuestos en Chile. Esta mañana, el presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia por la publicación de la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributaria, la cual busca fortalecer las competencias del Servicio de Impuestos Internos (SII). La meta final es que el organismo afronte con mayor éxito la evasión fiscal, la informalidad, el comercio ilegal y el crimen organizado.
Para ser más específicos, la nueva Ley incorpora un Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos importados a través de plataformas digitales. A raíz de esta medida, se elimina la exención de US$ 41 a la compra de bienes importados a través de plataformas digitales. Además, se incorpora un sistema simplificado para el pago de IVA en productos de hasta US$ 500 retirando los aranceles en este tramo.
Asimismo, obliga a iniciar actividades a todas las empresas que interactúan con instituciones del Estado chileno. Esto implica un cambio para las empresas que antes arrendaban máquinas de pagos electrónicos a organismos públicos de manera informal.
Aún más importante es el nuevo rol de los bancos: estos deberán informar al SII cuando un cliente reciba una cierta cantidad de abonos al mes o al semestre. Es decir, cualquier transferencia o depósito de fuentes formales e informales será motivo de estudio para los bancos y el SII si supera un límite.
Para Carlos San Martín, gerente tributario de Auditeris, consultora de outsourcing de empresas, la mayor novedad de la Ley es el punto de inflexión que supone para los trabajadores digitales.
“Según el Servicio de Impuestos Internos, hay un umbral de al menos 4.600 usuarios obligados a declarar impuestos por ser influencers. Solo el año pasado declararon 68% de estos influencers y también alcanzaron a recaudar $ 914 millones de pesos (US$ 961.044). Entonces, por eso es que quieren hacer una fiscalización mucho mayor”, declaró para AméricaEconomía.
Por otro lado, San Martín resalta que si bien, algunos influencers no venden productos ni prestan servicios, el hecho que cuenten con muchos seguidores puede convertirlos en difusores de marca, de contenido exclusivo y publicidad. “Por supuesto que esos ingresos o esos canjes lo hacen de inmediato partícipes de un incremento patrimonial y son ingresos que obviamente deben declarar”, añade.
Como muestra, Auditeris reportó que un influencer que no estaba regularizando sus ingresos, ganaba anualmente $ 380 millones de pesos (US$ 399.559). A esto se debe sumar el hecho que muchos de estos emprendedores trabajan por su cuenta o contratan solo algunas personas que los apoyen con la edición de videos o la difusión de contenido en redes sociales; por ende, las ganancias son aún mayores.
El Ejecutivo chileno ha elogiado la medida y asegura que la Ley permitirá recaudar el 1,5% del PIB, aproximadamente, unos US$ 4.500 millones. De esta suma, se estima destinar US$ 1.200 millones al Presupuesto 2025 para financiar iniciativas públicas como planes de seguridad ciudadana y la Pensión Garantizada Universal (PGU).
¿QUÉ DEBERÍAN HACER LOS EMPRENDEDORES?
Según San Martín, si bien es recomendable que un trabajador independiente se dedique al 100% a su emprendimiento para generar mayores ingresos, deben conocer de antemano cuáles son sus obligaciones tributarias. En Chile, muchas personas creen que solo deben declarar IVA o el impuesto a la renta en abril del próximo año.
No obstante, puede darse el caso que un usuario adquiera alguna licencia o asesoría profesional por alguna marca, lo que obliga a pagar un “impuesto adicional”.
“Como asesor, lo primero que uno recomienda al cliente es realizar un diagnóstico de la empresa, es decir, si realmente cumplimos con todos los impuestos disponibles. En segundo lugar, buscamos ayudarlos con una regularización de estas situaciones y tercero, que puedan estar al tanto de estos temas tributarios mediante webinars”, explica el vocero de Auditeris.
Estos problemas son frecuentes en Chile, porque en palabras de San Martín, el país no cuenta con una cultura tributaria muy extendida. El analista cree que el sistema educativo básico y superior debería incluir lecciones sobre la importancia de reconocer y pagar impuestos. Por ejemplo, las carreras universitarias centradas en negocios internacionales suelen abordar temas comerciales, pero dejan los tributarios en segundo plano.
Ahora bien, si una persona natural o jurídica se niega a colaborar con el proceso de fiscalización tributaria, el SII cuenta con las facultades para exigir el cumplimento de las responsabilidades. En estos casos, muchas veces ocurre que el usuario sostiene que debe una cantidad menor de impuestos a la expuesta por la SII, lo que atasca los procesos de fiscalización durante un tiempo considerable.
Sin embargo, la Ley del Cumplimiento Tributario introduce una nueva normativa que agilizaría este tipo de inconvenientes. Ahora el Servicio de Impuestos Internos puede pedirle autorización directa a un Tribunal de Justicia para levantar de manera unilateral el secreto bancario de un usuario si sospecha que no cumple con la declaración de ingresos.
“En otras palabras, ni siquiera me podría llegar a enterar que estoy en un proceso de fiscalización o revisión. No va a haber ningún problema por los derechos fundamentales de privacidad, sino que como el Servicio tiene la duda, va a efectuar la revisión y si llega a salir algo extraño, allí recién se entera el contribuyente”, aclara San Martín. En la misma línea, para combatir el crimen organizado, el nuevo marco legal establece la figura de denunciante anónimo para facilitar las denuncias.
