La operación fue anunciada a inicios de abril de 2023 y ratificada a mediados de junio pasado, con la firma del acuerdo vinculante de venta. Abarca 12 plantas de ciclo combinado y una eólica, con una capacidad de generación conjunta por 8.539 megawatts.
La agencia antimonopolios mexicana está analizando “con mucho cuidado” el traspaso de las plantas eléctricas de generación fósil de la española Iberdrola al gobierno mexicano, dijo ayer miércoles la presidenta de la autoridad regulatoria.
“Ese caso fue notificado a la Comisión de manera formal en septiembre de 2023 y es una operación que tenemos que revisar con mucho cuidado, con todo el rigor técnico”, comentó Andrea Marván Saltiel, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en una rueda de prensa.
La operación fue anunciada a inicios de abril de 2023 y ratificada a mediados de junio pasado, con la firma del acuerdo vinculante de venta. Abarca 12 plantas de ciclo combinado y una eólica, con una capacidad de generación conjunta por 8.539 megawatts.
Las centrales representan casi 80% de los activos de generación de Iberdrola en México y 55% de su flujo Ebitda en el país. El precio del traspaso se pactó en US$ 6.000 millones.
“Este tipo de operaciones, no solo aquí, sino en cualquier agencia puede tener varias implicaciones, es una operación complicada que se tiene que analizar con mucho cuidado”, recalcó la presidenta de la Cofece.
El visto bueno del ente antimonopolios es uno de los requisitos para el cierre de la operación, que ha demorado más de lo esperado, pues el gobierno mexicano pensaba que pudiera concretarse en 2023.
La legislación de competencia establece que la Cofece tiene 60 días hábiles para dar su resolución una vez que los solicitantes hayan entregado toda la información requerida.
Sin embargo, la “Guía para la notificación de concentraciones” publicada por la Cofece en 2021, establece que “en casos excepcionalmente complejos, la Comisión puede ampliar el plazo para emitir resolución hasta por 40 días adicionales”.
Andrea Marván refirió que el análisis y la posterior resolución de la Cofece puede tomarse “varios meses”.
La transacción pactada por el gobierno mexicano e Iberdrola es sofisticada en los aspectos legal, administrativo y financiero.
La adquisición se realizará a través de un vehículo especial constituido por el gobierno, pero la administración de este recaerá en un fondo privado, en este caso, el Mexico Infraestructure Partners (MIP).
A la vez, las plantas eléctricas serán operadas por la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) —el generador dominante del país—, pero no formarán parte de su patrimonio.
Para financiar la compra, el gobierno mexicano prevé una aportación de capital de unos US$ 2.604 millones y préstamos por otros US$ 3.848 millones.
No a la confrontación
En su primera rueda de prensa desde que fuera designada como presidenta de la Cofece en marzo de 2023, se le preguntó a Marván Saltiel su opinión sobre los constantes ataques de que ha sido objeto el órgano antimonopolios por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“No tenemos interés en generar polémica con el Ejecutivo Federal”, dijo. En cambio, enumeró un conjunto de acciones de la Cofece encaminadas a que la política de competencia “tenga beneficios tangibles para la población”.
Recordó que en este 2024 la Comisión conduce 11 investigaciones por colusiones, 11 investigaciones por abuso de poder de mercado o concentraciones ilícitas y cinco procedimientos especiales (para determinar condiciones de competencia o barreras a la competencia).
Además, publicará tres estudios sobre el clima de competencia en los sectores de Fintech, carne de res y gas natural.
Atentos a Mexicana
Finalmente, afirmó que la Cofece se mantendrá atenta a las condiciones de competencia en el sector aéreo, a propósito del reciente inicio de operaciones de la nueva Mexicana de Aviación.
Cabe recordar que esta aerolínea es operada por el ejército mexicano, a pesar de que este también administra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que es su base de operaciones.
No obstante, esto fue posible gracias a la polémica aprobación de reformas a las leyes de Aviación Civil y de Aeropuertos, en abril del año pasado.
“No es un tema de política de competencia si existen empresas públicas o no, como sí lo es que exista un piso parejo para competir y el rol del regulador de los mercados es asegurar que exista ese piso”, dijo.
Previo a la aprobación de las reformas, la Cofece emitió una opinión advirtiendo riesgos a la competencia si se permitía al ejército administrar aerolíneas y aeropuertos, simultáneamente.
“Se detectaron ciertos riesgos que podían suceder (...) ahora hay que estar atentos a ver si los riesgos se materializan o no”, remató.
