El gremio afirmó que el alza de 3 puntos en el IVA impactará en los costos de los diferentes procesos productivos, industriales y económicos de hasta el 25%.
Una nueva demanda de inconstitucionalidad se suma en contra del alza del IVA del 12% al 15% que entrará en vigencia en Ecuador desde el próximo 1 de abril.
Esta vez es la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) la entidad que presentó una demanda contra el incremento de este impuesto previsto en la Ley para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica.
La semana pasada fue el movimiento Unidad Popular la organización que presentó una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, en Quito, ante la normativa que entró en vigencia el martes 12 de marzo tras su publicación en el Primer Suplemento del Registro Oficial n.º 516. Geovanni Atarihuana, director nacional de la UP, indicó.
”Cuestionamos estos artículos por la forma y por el fondo. Primero, el presidente Noboa no podía incluir en su veto textos que no fueron parte del proyecto original, que no se debatieron en la Asamblea. El IVA discrecional nunca se debatió en la Asamblea Nacional, por tanto, no podía ser incluido en el veto, eso es inconstitucional”.
En tanto, la CCG explicó que impugna la extralimitación de la Asamblea Nacional ecuatoriana al crear y modificar impuestos sin la debida potestad. Además, se cuestiona el ambiente de incertidumbre generado por la falta de previsibilidad y la desproporcionalidad de los tributos establecidos.
“Los continuos cambios, aumentos en impuestos y contribuciones afectan la inversión y la viabilidad de la empresa privada. Sin estabilidad y seguridad jurídica, que generan previsibilidad y certidumbre, se pone en riesgo la capacidad de planificar, operar y de afrontar las responsabilidades como empresarios”, sostiene el gremio.
Agregan que los cambios constantes generan desconfianza, particularmente cuando se aleja de las capacidades establecidas en la Constitución para lograr un objetivo político.
“Ecuador necesita ingentes cantidades de inversión para crear empleo. Sin embargo, la inseguridad jurídica ahuyenta la inversión”, informó el gremio a través de un comunicado.
La Cámara explicó que las compras de las empresas que tienen como principal actividad económica al comercio sumaron US$ 55.552 millones en 2023. Con tarifa de IVA al 12% estas debían pagar US$ 6.666 millones anuales en IVA en 2023. En el caso de que la tarifa de IVA aumente al 15%, el monto a pagar aumenta a US$ 8.333 millones. Es decir, un aumento de US$ 1.667 millones, lo que es equivalente al 25% adicional.
“Se podrá pensar que un aumento de 3 puntos porcentuales del IVA implicaría un incremento de los costos en un 3%. Sin embargo, se evidencia que al considerar el mismo volumen de compras en el sector comercial y al calcular el pago del IVA con las tarifas del 12% y el 15%, la disparidad entre ambos valores supera el 3%, llegando específicamente al 25%”, argumenta la Cámara en la demanda presentada.
De esta manera el gremio afirma que la alteración de la tarifa del IVA genera un incremento en los costos de los diferentes procesos productivos, industriales y económicos en general.
DEMANDA TAMBIÉN BUSCA DEJAR SIN EFECTOS LAS OTRAS "CONTRIBUCIONES"
En tanto, la demanda de la Cámara no solo es por el alza del IVA, sino que también busca dejar sin efecto la contribución temporal por seguridad y los otros cambios incluidos en la ley.
“El proyecto remitido por el Ejecutivo únicamente contempló una reforma relativa a la tarifa del IVA. Sin embargo, la Asamblea incorporó contribuciones temporales a las sociedades, contribuciones sobre las utilidades a los bancos, modificación del IVA en transferencias locales de materiales de construcción, modificaciones al impuesto a la salida de divisas, entre otras reformas que no cuentan con el dictamen favorable del ente rector de las finanzas, y por ello carecen del sustento técnico necesario para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales del régimen tributario y de la política fiscal”, argumentó la Cámara.
