Afectados por la denominada “permisología” y en un entorno político de incertidumbre, un sector minero chileno alerta sobre la pérdida de competitividad del principal productor de cobre del mundo. El gobierno, hasta ahora, dice estar estudiando cómo cambiar el panorama.

La paradoja de la transición energética es que, para alcanzar un recambio hacia una sociedad que funciona sobre la base de electromovilidad y con cero emisiones de CO2, deberá aumentar la explotación y volumen de yacimientos mineros, especialmente de litio y cobre, para contar con los insumos que harán posible esa realidad de carbono neutralidad.

Un camino que se ve difícil con la creciente oposición ciudadana a los proyectos mineros en Chile, donde se ha instalado el concepto de la ‘zona de sacrificio’ entre los defensores ambientales, versus el problema de la ‘permisología’ -esto es, la excesiva exigencia de permisos y trámites burocráticos- que alegan empresarios e inversionistas.

“El cobre representa el 16% del PIB chileno y, sin embargo, tenemos una falencia en exploración greenfield (exploración temprana de nuevos yacimientos) centrándonos solo en la exploración brownfield (de yacimientos satélites a los que ya existen)”, dijo Miguel Zauschkevich, presidente de la Cámara Minera de Chile.

Hablando frente a un auditorio compuesto por firmas mineras locales, Zauschkevich fue uno de los oradores de un evento sobre minería verde desarrollada esta semana en la capital chilena, el que fue organizado por Vostock Capital, junto a la compañía local IT Logic y la firma china Huawei, una de cuyas ramas ha iniciado una fuerte actividad en generación de energía fotovoltaica para minería en la región desde 2021. 

El presidente de la Cámara Minera destacó las razones por las que su institución considera que el país sudamericano se está quedando atrás en el atractivo para la inversión minera.

“Perú es más inteligente [que Chile]: aplican 18% de descuento en el pago de impuestos a las empresas que hacen proyectos de exploración, sondajes, túneles y obras de prospección minera. Nuestra Cámara pide lo mismo para Chile, porque los capitales son hoy más móviles que nunca”, indicó frente a unos 100 actores del sector.

También Zauschkevich recalcó que elementos como la tramitación de la ley de royalty minero trajo consigo cuatro años de incertidumbre para la industria, de la misma forma en que los acontecimientos políticos vistos desde el estallido social chileno de 2019 ocasionaron inestabilidad al país.

“Para alcanzar las metas de electromovilidad propuestas debería haber distintos proyectos mineros de clase mundial ya funcionando…no creo que se alcance en Chile la carbono neutralidad en 2050. Tengo dudas, porque faltan iniciativas [mineras]”, recalcó Zauschkevich.

Otro de los oradores fue la principal autoridad en seguridad minera, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), quen indicó que se requiere una industria minera con altura de miras, sustentable y amigable con el territorio, pero a la vez reconoció falencias.

“Los desafíos normativos no están resueltos. Necesitamos avanzar fuertemente, desarrollar proyectos más rápido, [generar] más conocimiento y capacidad de explotación. Facilitar los proyectos de exploración es relevante en la minería de litio y de cobre. El esfuerzo por materiales críticos es una oportunidad que hay que aprovechar más procesos transformación minerales de forma más sustentable y producción segura”, indicó Patricio Aguilera, su director nacional.

Además, Sernageomin defiende que existen varias iniciativas en curso por parte del gobierno de Gabriel Boric para superar este aparente escollo minero. 

“Hay un compromiso del gobierno centrado en el Ministerio de Economía, para enviar un proyecto marco de ley para [agilizar] los permisos de autorización de la inversión en toda la economía, y en particular en el sector minero (…) Lo segundo es que, a partir de la Ley de Royalty, el Ministerio de Hacienda se comprometió a establecer una mesa técnica de trabajo para identificar aquellos materias donde se puedan disminuir los tiempos de los permisos, idealmente rebajarlos en 30%” recalcó en conversación con AméricaEconomía Aguilera. 

PROBLEMAS MINEROS

Como principal productor de cobre del mundo y segundo de litio, la economía chilena gira en torno a la minería. Y este 2023 no ha sido un buen año para el sector.

De acuerdo con un estudio de la consultora EY, junto al Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO) publicado a fines de 2022, los principales desafíos según una encuesta aplicada al sector minero son el factor Ambiental, Social y de Gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), la geopolítica, el cambio climático, las licencias para operar, la productividad y costos, problemas de las cadenas de suministros, la escasez de fuerza laboral y de capital, los requerimientos de innovación digital y nuevos modelos de negocios.

En lo referido al aporte minero para el presupuesto del gobierno, el producto interno bruto de la minería en el país sudamericano rondó los US$ 38.500 millones entre la producción del cobre y otras actividades mineras, sensiblemente inferior a la del año previo, que fue de más de US$ 46.000 millones.

Sin embargo, este año el aporte cayó más aun, con Codelco anunciando en julio que durante el primer semestre su aporte al Fisco fue de US$ 770 millones y que llegaría a US$1.540 en todo el año. La cifra es 43,9% menor a los excedentes reportados en 2022, los que llegaron a US$ 2.746 millones y fueron a su vez 63% más bajos que en el ejercicio 2021.

Esta baja de todos modos no es nueva, ya que el aporte al Estado ha sido oscilante, como reporta la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), que indica que, en términos directos, la minería ha ponderado, en promedio, un 10% del PIB en el periodo 1996–2021, pero con periodos como los años 2006 y 2007 donde superó el 20% y otros años, como 1998, donde su aporte fue inferior al 5%.

De acuerdo con Cesco, el cobre representa hoy más del 20% de los ingresos fiscales, solo superado por la recaudación del IVA. 

De ahí que para el gobierno resultase tan relevante conseguir la aprobación de la llamada Ley de Royalty a la Minería este año, que reemplazó a la anterior ley de regalías mineras del año 2005. 

El nuevo impuesto establece que los contribuyentes cuyas ventas provengan en más de un 50% de cobre, y con una producción mayor a 50.000 toneladas métricas de cobre fino al de año, enfrentarán un nuevo esquema de tasas que van desde 8,0% a 26,0% dependiendo del margen operacional minero. 

Con esto, espera aumentar la recaudación a las 10 mineras privadas más grandes del país en 50% para finales de esta década, partiendo por unos US$ 1.974 millones en 2023.

Al respecto, la minería privada reclama un entorno de reglas claras para funcionar.

“El Estado de Chile tiene el gran desafío de entregar certeza para el inversionista, no solo para los proyectos mineros, para todos los proyectos de inversión. Puede haber un país que tenga reglas más estrictas [que el nuestro], pero si esas reglas son conocidas de antemano, no hay problema, el inversionista va a llegar. Hay que disminuir al máximo las decisiones políticas y favorecer las decisiones técnicas”, le recalcó a AméricaEconomía Miguel Zauschkevich, ingeniero químico, civil químico, y magíster en geología que se ha desempeñado en gran y pequeña minería, además del sector público y como líder gremial. 

En simple, el gremio pide reducir la ‘permisología’ a un nivel racional.

“No puede ser que un proyecto demore más de 10 años en ser aprobado. O que, teniendo la resolución de calificación ambiental aprobada, esta sea después revertida por un comité de ministros. Estas son decisiones que deben ser basadas en disciplinas científicas y no en decisiones políticas. Nos quita competitividad también. Si queremos alcanzar en el mundo la carbono-neutralidad, debemos producir más minerales: necesitamos más cobre, y más oro, más plata y más aluminio”, enfatizó Zauschkevich.