Se trata de una antigua disputa entre la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) y la empresa cervecera de Bélgica, AB InBev, la que acusa a la empresa chilena de infligir la libre competencia al incumplir un acuerdo del año 2008. Es debido a esto que la firma belga recurrió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, buscando sanciones.
"A la fecha no hemos sido notificados de ninguna acción ante el TDLC. No obstante ello, queremos recalcar que siempre desarrollamos nuestros negocios cumpliendo la legislación y respetando la libre competencia en todos los países donde operamos".
Con esta breve declaración a AméricaEconomía, la empresa chilena Compañía Cervecerías Unidas (CCU), de propiedad del grupo Luksic, respondió a la presentación de la firma AB InBev, que llevó esta semana a la firma ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) local.
Lo anterior, ya que la cervecera de origen belga asegura que su rival infringió la libre competencia al incumplir un acuerdo de 2008 con la Fiscalía Nacional Económica (FNE), lo que constituiría un abuso de posición que perjudicaría al mercado.
Según reportó el Diario Financiero, en 2008 y tras analizar la industria cervecera, el entonces fiscal nacional económico, Enrique Vergara, interpuso un requerimiento contra la CCU por abuso de posición dominante.
Lo anterior, ya que se identificó que la empresa restringía la libertad comercial y contractual de los distribuidores minoristas.
Esto, por medio de cláusulas de exclusividad.
Pese a todas estas acusaciones, el caso no escaló y se cerró ese mismo año luego de una conciliación. Esto derivó en un avenimiento entre la CCU y la FNE, lo que se selló con tres acuerdos.
Acuerdos entre la CCU y la FNE
Segun la relación de hecho que hace Radio Biobío, en primer lugar se le prohibió a Compañía Cervecerías Unidas pactar acuerdos de exclusividad con cualquier entidad de lo que se conoce como canal HORECA, que incluye a hoteles, restaurantes y casinos.
Luego, la Fiscalía Nacional Económica obligó a la firma a terminar con los incentivos exclusorios.
Según acusó el fiscal Vergara en su momento, CCU mantenía acuerdos con sus distribuidores para aplicar descuentos a sus productos.
No obstante, los únicos descuentos que quedaron fuera del acuerdo fueron las ventas mayoristas.
Por último, la FNE ordenó una limitación a la publicidad de los productos de CCU en los puntos de distribuidores minoristas.
Esto no implicó que el conglomerado cervecero esté restringido de contar con avisos de su marca, pero tiene prohibido acordar ser el único competidor.
Antecedentes de la acusación de AB InBev
De acuerdo con información recabada por el local Diario Financiero, los hechos en los que se respaldan los belgas se remontan a 2018.
Esto, cuando la compañía detectó dificultades para ingresar en el mercado cervecero de Hoteles, Restaurantes y Casinos.
Tras ello, la empresa habría comenzado a recopilar antecedentes, juntando unos 100 casos en lo que los puntos acordados en 2008 se habrían infringidos.
AB InBev no sólo habría pedido al TDLC poner fin a la práctica anticompetitiva, sino que también aplicar multas, si se acredita el ilícito.
De esta forma, el TDLC podría aplicar las multas de tres maneras.
1. Pedir el pago del 30% de las ventas en la línea horeca cervecera correspondientes al lapso que duró la infracción.
2. Cobrar el doble del beneficio económico reportado en este mismo canal por los años en que se infringió la Ley.
3. Por último, si la entidad no logra determinar ninguno de los dos elementos, podría solicitar sanciones por unos US$ 56 millones.
Chile, el caso distinto
Lo cierto es que fuentes del sector aseguran que Ab InBev ha intentado esta sanción para CCU desde hace años, pero hasta el momento no se les ha aplicado multa alguna.
"CCU nunca ha pagado multa, pero otros actores sí han tenido que hacerlo", dijo la fuente.
Analistas del sector indican que hay que dimensionar que el de Chile es un caso distinto al resto de Latinoamérica, donde el actor dominante en el mercado cervecero es AB InBev. En cambio en Chile es la CCU quien tiene el rol preponderante.
También recordaron que AB InBev fue multada en Argentina.
Este mes, la secretaría de Comercio multó a la Cervecería y Maltería Quilmes por US$ 1,8 millones por abuso de posición dominante, de acuerdo a una investigación realizada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. El organismo antimonopolio constató que la empresa cervecera “no estaba dando cumplimiento a medidas correctivas anteriores por lo que determinó nuevas sanciones”.
"La Secretaría ya había multado previamente a la cervecería por US$ 725.000 en agosto de 2021 por abuso de posición dominante de tipo exclusorio. Se trata de conductas que generan la salida del mercado de competidores y el bloqueo de nuevos jugadores, debilitando la competencia existente o erigiendo barreras a la entrada, lo que da lugar a un 'cierre anticompetitivo del mercado'", reportó el medio argentino Página 12 el pasado 7 de marzo.
En Colombia, un país donde AB InBev tiene mas del 90% del mercado local cervecero, a través de la marca local Bavaria, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) decidió en abril del año pasado abrir un pliego de cargos a Bavaria, por un posible “abuso de su posición dominante”, en una decisión ante la que no procedían recursos.
También en 2022, pero en Uruguay, el Ministerio de Economía y Finanzas, por medio de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, multó a Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC), propiedad de AB InBev, tras ser demandada por abuso de su posición dominante por medio de la celebración de contratos de exclusividad con vendedores minoristas.
De acuerdo con el medio La República, la entidad concluyó "probado el abuso de posición dominante de FNC, con el agravante de que la conducta de la compañía había sido reiterada en ese país". La misma Comisión ya había sancionado a FNC en 2017 por los mismos hechos.