Montecon es el principal operador en los muelles públicos del Puerto de Montevideo; el reclamo es por el acuerdo del Estado con la empresa belga Katoen Natie.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) aceptó la solicitud de arbitraje por US$ 600 millones que presentaron los inversores de Montecon, operadora principal de los muelles públicos del Puerto de Montevideo, contra el Estado uruguayo.

Los inversores son ATCO (Canadá) y Ultramar (Chile), que integran Neltume Ports, la socia mayoritaria de Montecon. ATCO tiene un 40% de las acciones de Neltume Ports y Ultramar un 60%.

El reclamo de los accionistas es por el acuerdo con la empresa belga Katoen Natie que, entre otras cosas, le extendió la concesión de la terminar especializada (TCP) hasta 2081 y le dio prioridad para recibir barcos portacontenedores.

Según un comunicado de prensa de la empresa, los accionistas "fundan sus acciones en el hecho de que el Estado uruguayo violó el Acuerdo de Promoción de Inversiones suscrito con Chile".

"Estas medidas le impiden a Montecon transferir y almacenar contenedores en los muelles públicos del puerto de Montevideo, al tiempo que desconocen el régimen legal de libre competencia aplicable a estas actividades, todo lo cual infringe los compromisos asumidos por el Estado uruguayo en materia de Nivel Mínimo de Trato, Trato Nacional y Cláusula de la Nación Más Favorecida, contemplados en el tratado internacional", añade el comunicado.

Los accionistas entienden que el proceso de arbitraje comienza "tras el cierre sin éxito de un periodo de consultas y negociaciones directas para alcanzar una solución amistosa entre las partes, durante el cual se enviaron comunicaciones que no fueron respondidas por las autoridades de Uruguay".

"A partir de esta decisión del Ciadi, corresponderá la composición del Tribunal Arbitral, la definición del procedimiento y el inicio del juicio en sí", termina el comunicado.

Por otro lado, solo los accionistas canadienses –es decir, ATCO– ya habían presentado además otra solicitud ante el Ciadi. Esta denuncia, por US$ 240 millones, decía que se violaron los principios del tratado de protección de inversiones entre Uruguay y Canadá.