Diez pozos debían ser cerrados en 2024, según cronograma. En reporte de Petroecuador ya no se detalla la producción del ITT, sino que se junta con otros campos.
Han pasado más de tres meses desde que el Gobierno de Ecuador cerró el primero de los 246 pozos productores del Bloque 43-ITT, en cumplimiento de la consulta popular que dispuso mantener el petróleo del Yasuní bajo tierra.
Según el cronograma que Carondelet presentó a la Corte Constitucional (CC), para este año se deben cerrar diez pozos en total.
El colectivo Yasunidos, promotor de la consulta popular, reclama que “hay hermetismo” por parte de las autoridades, ya que se desconoce información oficial que dé cuenta del estado actual del cierre. También critica que Petroecuador dejó de diferenciar la producción de crudo del ITT en el reporte diario de producción que elabora la empresa pública, ya que antes esto aparecía en un solo ítem, pero desde octubre se juntó con la información de los campos Edén Yuturi y Apaika Nenke.
El Bloque 43 está conformado por los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT).
El cierre y abandono se inició el 28 de agosto con el pozo denominado B056S1, en Ishpingo, que hasta esa fecha produjo 655.000 barriles de fluido (agua y crudo), desde finales de mayo del 2023, según datos de Petroecuador.
Lo último que se supo del abandono de pozos fueron las declaraciones que dio a inicios de octubre el entonces ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves, cuando dijo, sin precisión, que para ese momento ya se habían cerrado “entre cuatro y cinco pozos”.
Según lo dicho por Goncalves, en poco más de un mes se habría cumplido con alrededor de la mitad de lo previsto para 2024.
El cronograma de cierre está detallado en el informe del Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní-ITT, que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, remitió a la Corte Constitucional el pasado 20 de agosto.
De los escenarios estimados, el plan escogido por el Gobierno de Noboa establece que el cierre y abandono anticipado de pozos tomaría cinco años y cinco meses, lo cual empezó a finales de agosto y terminará en diciembre de 2029.
Con base en ello, en 2024 se cerrarían 10 pozos; en 2025, 2026, 2027 y 2028 serían 48 pozos cada año. Y para 2029 se finalizaría con 44 pozos cerrados y abandonados.
El informe concluye que el cierre anticipado del Yasuní representaría una pérdida estimada de ingresos entre US$ 2.198 millones y US$ 3.581 millones, según el escenario de declinación de la producción. Además, se prevé un costo de cierre y abandono de aproximadamente US$ 1.345 millones.
Tanto el Gobierno como la organización Yasunidos han solicitado a la Corte Constitucional dar seguimiento a la sentencia de la consulta popular y convocar a una audiencia pública para conocer el estado del proceso. No obstante, los jueces constitucionales aún no se han pronunciado sobre los pedidos.
YASUNIDOS: EVIDENTEMENTE SE ESTÁ INCUMPLIENDO EL MANDATO POPULAR
Pedro Bermeo, vocero de Yasunidos, exige transparencia de las entidades responsables del cierre del ITT.
Sostiene que el Gobierno de Noboa está incumpliendo el mandato popular porque la producción de crudo sigue, a pesar de que en agosto terminó el plazo no mayor a un año que dio la Corte Constitucional, desde la notificación de los resultados de la consulta popular, para que se ejecute el “retiro ordenado y progresivo” de la actividad petrolera en el Yasuní.
“Hay un hermetismo total de lo que está sucediendo en el Bloque. Evidentemente, el Gobierno está incumpliendo el mandato popular y, por lo tanto, no permite que haya información pública, por ejemplo, de cuántos barriles se están extrayendo diariamente, que era una información que se ponía cada día en la página institucional de Petroecuador. Esto ha sido eliminado. Ahora ya no sale el Bloque 43 (de manera individual). Esto muestra claramente que no existe ningún proceso de transparencia para lo que está sucediendo en el Bloque”, y agrega que por esta razón hay dudas de que se avance con el cierre de los diez pozos planificados para este año.
Bermeo ve con preocupación que la Corte Constitucional no ha convocado hasta ahora a una audiencia pública, a pesar de que incluso se han ingresado al expediente varios amicis curiae por parte de organizaciones y profesionales que han expresado sus posturas.
Acusa a los jueces constitucionales de “actuar políticamente para poner este caso en la congeladora” y evitar que se acate el pronunciamiento de las urnas.
VEEDURÍA CIUDADANA: NOS PREOCUPA LA FALTA DE TRANSPARENCIA
La veeduría ciudadana que vigila el cumplimiento de la consulta popular tampoco ha tenido respuesta al pedido de información sobre el cierre de pozos. Sofía Torres, coordinadora de la veeduría, dice que en octubre solicitaron datos a Petroecuador tras las declaraciones del exministro Goncalves, pero la empresa pública no ha contestado, así que no se tiene certeza de cuántos pozos se han cerrado efectivamente.
Ante la falta de información oficial, la veeduría resolvió ampliar su tiempo de trabajo hasta agosto de 2025 para seguir buscando respuestas de las instituciones responsables. La veeduría debía concluir en octubre. Torres explica que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se comprometió a insistir a las entidades públicas por la información del cierre del ITT.
En septiembre la veeduría presentó a ese Consejo un primer informe parcial en el que se indicó que habría “indicios de incumplimiento” de la sentencia de la consulta popular.
“Como veeduría nos preocupa muchísimo la falta de transparencia”, comenta Torres y se suma a las críticas de que ahora los reportes de producción de Petroecuador no permiten distinguir cuánto crudo se extrae del ITT, lo que limita la fiscalización ciudadana.
“Ha habido además un cambio en la actitud de las distintas instituciones observadas, porque al inicio había mucha celeridad en responder. Aunque no se nos entregaba toda la información, se cumplían los plazos. Pero a partir del 20 de agosto (cuando el Gobierno entregó el informe a la Corte) nos dimos cuenta de que ya no existe esa predisposición por parte de las instituciones”, cuestiona Torres y remarca que la “opacidad” siembra dudas sobre el cumplimiento de la consulta popular.
¿CUÁNTO PETRÓLEO PRODUCE?
El 4 de octubre Petroecuador reportó que el ITT produjo el día anterior 44.190 barriles de petróleo, de Edén Yuturi se extrajeron 30.117 barriles y de Apaika Nenke fueron 3.496. Sumados los tres dieron un total de 77.803 barriles diarios.
Ahora, el reporte de Petroecuador, con fecha 13 de diciembre, que unifica en un solo ítem a los tres campos, indica que Edén, Apaika y el ITT produjeron en conjunto 79.014 barriles el 12 de diciembre, lo que implica un incremento de 1.211 barriles en comparación con el informe del 4 de octubre.
FALTA LICENCIA AMBIENTAL: "UNA INTELIGENTE JUGADA QUE PODRÍA BENEFICIAR AL PAÍS"
El experto petrolero Nelson Baldeón considera que la falta de claridad del estado del cierre de pozos del ITT podría estar relacionada con que la Corte Constitucional tampoco se ha pronunciado sobre el requerimiento de una nueva licencia ambiental -y con ello una consulta previa-, para desmantelar la infraestructura del Bloque 43, que planteó en septiembre la ministra del Ambiente, Inés Manzano, quien también está encargada del Ministerio de Energía y Minas.
“Creo que fue una inteligente jugada (del Gobierno) y podría beneficiar al país, porque la ministra sabe que para hacer estas operaciones se necesita una licencia ambiental y los jueces constitucionales nunca se van a meter a firmar este tema. Un error de la consulta (popular) es que nunca pusieron quién iba a ser el responsable. Creo que no hay más información porque no se tiene un manual de desmontaje, para no tener problemas ambientales”, opina.
Baldeón comenta que el país “pierde” con el cierre del ITT y es “grave” porque baja la producción petrolera, se reducen los ingresos al fisco, se pierde liquidez y al no haber los suficientes recursos en la economía empeora el consumo de la población. Todo ello deriva en que no mejore el nivel de riesgo país.
El experto aboga para que quien gane las elecciones presidenciales de 2025 impulse una nueva consulta popular para que el Bloque 43 no deje de producir.
Además, recuerda que existen comunidades amazónicas que se oponen al cierre del Yasuní, lo cual también se reflejó en los resultados de la consulta popular en las provincias de Orellana y Sucumbíos.
Este Diario solicitó información a Petroecuador y al Ministerio de Energía y Minas sobre el proceso de cierre y desmantelamiento del Bloque 43-ITT, así como datos de producción; sin embargo, hasta la publicación de esta nota no hubo respuestas.
