El peligro de llevar dinero en efectivo y la desconfianza a los bancos dominados por el gobierno fueron el detonante de la confianza de los migrantes venezolanos en Bitcoins y otros criptoactivos.

En los últimos 25 años, el gobierno venezolano ha expropiado empresas, industrias, tierras de cultivo y otros activos. Los bancos tampoco se salvaron de esta política arbitraria, poniendo en riesgo los ahorros de millones de personas. Si a esta realidad le sumamos que tras la asunción al poder de Nicolás Maduro en 2013, la crisis económica existente degeneró lentamente en una hiperinflación, los ciudadanos buscaron soluciones urgentes para resguardar sus ingresos y ahorros. 

A mediados de la década de 2010, este era un problema complicado de asumir para los migrantes venezolanos que se desplazaban a los países vecinos en pos de una vida mejor. “A muchos venezolanos se les complicaba adquirir dólares para irse del país, ya sea en efectivo o bancarizado. Porque muchos no tienen cuentas en el exterior. En aquel entonces, las opciones existentes eran obtener dólares en efectivo u obtenerlos en un banco controlado por el gobierno”, explica el venezolano Mauricio di Bartolomeo, CEO de Ledn, startup prestamista de cripto activos, para AméricaEconomía. 

Di Bartolomeo añade que disponer de dólares en efectivo también era sumamente riesgoso, porque los migrantes podrían perderlos en cualquier punto de control fronterizo, dada la corrupción de la policía venezolana. Ante este peligro latente y el escepticismo hacia la banca, los ciudadanos comenzaron a monetizar otros activos.

Por ejemplo, algunos compraban dos o tres vehículos, les actualizaban el precio en bolívares y luego los vendían para recuperar la inversión. Posteriormente, el gobierno venezolano notó estas prácticas, acusó de “acaparadores” a quienes la practicaban y limitó el número de vehículos adquiribles por persona. Cuando la misma estrategia falló con otros productos por la intervención gubernamental, el Bitcoin empezó a posicionarse como un activo valioso.

“El venezolano descubrió que si compraba Bitcoins, estos conservaban su poder adquisitivo en dólares y después, podían ser vendidos para obtener la divisa. Así, empezó a popularizarse la minería de Bitcoin, ya que además, la electricidad en Venezuela es subsidiada, lo que puede ser utilizado para producir la cripto y venderla al precio real en el mercado abierto”, cuenta el CEO de la startup.

En diciembre de 2017, el régimen bolivariano respondió a estas operaciones con la creación de su propia criptomoneda: el Petro. “Debemos avanzar hacia nuevas formas de financiamiento internacional para el desarrollo económico y social del país”, declaró Maduro por aquel entonces.

Con el respaldo de las ingentes reservas de petróleo, oro y minerales de Venezuela, el gobierno esperaba utilizar al Petro como elemento de intercambio a nivel internacional. No obstante, la imposibilidad de minería y las sanciones de Estados Unidos a sus usuarios confinó al experimento al ámbito local. Aunque nuevamente la desconfianza al chavismo y el hecho que el Estado era el único proveedor de la criptomoneda la sentenciaron al fracaso. Sin embargo, la creación del Petro también habría guardado objetivos más oscuros.

“La verdadera meta del Petro era educar a los organismos corruptos dentro del gobierno de Maduro para perseguir a los mineros de Bitcoin. A través de campañas informativas, el régimen les enseñaba a las personas qué era un minero, así como el tipo de Internet y carga eléctrica que usaban. Esto servía para que los allegados al gobierno le roben sus activos a los mineros”, señala Di Bartolomeo.

El lanzamiento del Petro fue seguido por la creación de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP) en 2018 con la finalidad oficial de regular el uso de criptomonedas en Venezuela. El fundador de Ledn considera que esta institución fue creada con el objetivo de recopilar una base de datos de todos los mineros de Bitcoin en el país para quitarles sus activos. 

Sea como fuese, la SUNACRIP generó igual o más escepticismo que el Petro y muchos usuarios solían pasar por alto sus regulaciones. Hasta que en 2023, estalló el escándalo político “PDVSA-Cripto”. Resulta que funcionarios del gobierno venezolano habían desfalcado al Estado con cientos de millones de dólares a través de operaciones petroleras y monedas digitales del sistema público. En consecuencia, se arrestaron a decenas de presuntos implicados y la SUNACRIP afrontó un proceso de reestructuración que se prolonga hasta la actualidad.

Di Bartolomeo destaca que si bien las criptomonedas carecen de un “departamento de marketing que promueva su uso, los escándalos de corrupción y el accionar impredecible del régimen chavista son los factores que continúan impulsando la adhesión de los venezolanos al mercado cripto. Es una tendencia que se vería beneficiada con la llegada de mayor inversión estadounidense, poco probable si Maduro retiene el poder y por ende, las sanciones económicas impuestas por la Casa Blanca.

LA CRISIS ELECTORAL

En cuanto al conflicto político entre el chavismo y la oposición, el vocero de Ledn considera que si bien el fraude del 28 de julio era predecible, lo cierto es que el uso del Bitcoin ha ganado un nuevo impulso con la oleada de persecuciones políticas del régimen a cualquier sospechoso de disidencia. “Ahora vemos que si al gobierno no le gustan tus comentarios en redes sociales, van a tu casa a meterte preso. Si son capaces de algo así, ¿qué les impide quitarme todo lo que tengo en mi cuenta bancaria”, cuestiona. 

No es de extrañar que en este escenario, Ledn trabaje bajo amenaza constante. De hecho, todavía pesa el reciente bloqueo de Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas. Por otra parte, el chequeo de los usuarios registrados es clave: Di Bartolomeo afirma que deben asegurarse que una persona no esté en un régimen de sanciones ni esté expuesta políticamente antes de concederle un préstamo. Según su perspectiva, esta cripto seguridad y el rol de Ledn como una de las pocas prestamistas de criptomonedas en Venezuela y Latinoamérica son el valor diferencial de la startup actualmente.

Ahora bien, si la crisis venezolana tiene como desenlace la caída de Maduro y el ascenso al poder del opositor Edmundo González, Di Bartolomeo es tajante con las decisiones que debería tomar el nuevo gobierno en torno al mercado cripto. “Yo tomaría una decisión similar a la que aplicó El Salvador. Quizás no convertir al Bitcoin en una moneda de curso legal inmediatamente, pero sí lo convertiría en una parte de las reservas estratégicas de Venezuela”, opina.

El ejecutivo sostiene que el país llanero sufrirá para reconstruir un sistema bancario independiente apoyado en el devaluado bolívar. Ante este panorama, un eventual gobierno de González debería impulsar una política de puertas abiertas a fintechs internacionales para que los venezolanos accedan a servicios financieros respaldados por criptomonedas y otros activos.

Otra medida llamativa que apoya Di Bartolomeo es permitir que los contratos puedan pagarse en Bitcoins, a la usanza argentina. “Esto entraría como parte de convertir al Bitcoin en moneda de curso legal en Venezuela. Básicamente lo que hizo Milei en Argentina fue desregular todas las monedas del mundo para firmar contratos en dólares, criptomonedas e incluso, yuanes. Algo que también permitiría hacer facturas y vender productos en Bitcoin”, señala.