La exgerenta legal de la extinta empresa pública Petroamazonas explica cuál sería el procedimiento para deshacer la adjudicación.

A casi una semana de que el consorcio Sinopetrol no pagara la prima de US$ 1.500 millones dentro del plazo que impuso el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, para hacerse cargo de la operación del campo Sacha, el Ministerio de Energía y Minas no ha ejecutado los procedimientos correspondientes para deshacer, legal y formalmente, la adjudicación del bloque petrolero.

La operación del campo iba a ser delegada por 20 años al grupo conformado por las empresas Petrolia Ecuador, subsidiaria de la canadiense New Stratus Energy, y Amodaimi Oil Company, subsidiaria de la petrolera estatal china Sinopec. Pero las negociaciones quedaron sin efecto luego de las 21:00 del martes 11 de marzo, cuando venció el plazo que puso como condición el jefe de Estado para firmar el contrato de participación.

La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, explicó a El Universo que se procederá con la notificación oficial del desistimiento por parte del Gobierno. “Notificarles a ellos sería el siguiente paso”, indicó.

La adjudicación del campo se oficializó el 28 de febrero a través de una resolución firmada por Manzano, en la que se acogió la recomendación del Comité de Licitaciones de Hidrocarburos (COLH) de delegar el bloque 60 a Sinopetrol.

En el oficio con la notificación que recibieron las empresas sobre esta resolución se indicó un plazo de 30 días hábiles para que se realicen los trámites respectivos para la firma del contrato, confirmó Manzano, al tiempo de aclarar que “no existe incumplimiento” por parte de las autoridades al haber decidido no seguir con la concesión.

Respecto del acuerdo ministerial 040, emitido el 26 de noviembre de 2024, que declaró la excepcionalidad para delegar el campo Sacha y que dispuso a Petroecuador devolver el bloque petrolero al Ministerio de Energía, Manzano mencionó que podría derogarlo o ampliarlo de cara un nuevo proceso.

“En cada caso hay que volverlo a hacer. Cuando terminan los procesos, si viene otro acuerdo ministerial, que es un acto administrativo, yo puedo derogar el anterior o ampliar ese de ahí. Lo mejor fuera volverlo a hacer, porque es un nuevo proceso con, seguramente, nuevas condiciones. Ya sabemos, por ejemplo, que menos de 1,5 billones no vamos a aceptar”, dijo de manera general.

No obstante, la autoridad no mencionó cuándo se notificará al consorcio o cuándo se modificará el acuerdo 040.

Desde que venció el plazo para el pago de la prima, la empresa Petrolia Ecuador —cuyo representante, Ramiro Páez, había brindado previamente entrevistas a medios de comunicación— ha preferido guardar silencio sobre la situación.

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO LEGAL PARA DESHACER LA ADJUDICACIÓN?

“En derecho público, las cosas se deshacen como se hacen”, responde la abogada Paula Piedra Espinosa, exgerente legal de la extinta empresa pública Petroamazonas.

Explica que, así como la ministra de Energía de Ecuador emitió una resolución adjudicando el campo a Sinopetrol, debe proceder por la misma vía para dejar sin efecto la decisión del 28 de febrero.

La nueva resolución no solo deberá estar firmada por la misma autoridad, sino que, para tratar de no vulnerar derechos constitucionales, “tiene que estar motivada”.

Es decir, se debe justificar cuáles fueron los motivos para dar de baja y dejar sin efecto la resolución de adjudicación. “En mi opinión, yo consideraría que tiene que estar por detrás, mínimo, un informe legal de la dirección jurídica del ministerio de Energía”, comenta.

“Una de las motivaciones debería ser la carta del presidente de la República donde les puso un ultimátum y una fecha y hora tope para la entrega de la prima. En vista de que no se cumplió, obviamente eso es lo que detona para dejar sin efecto la resolución de adjudicación”, agrega la abogada especializada en hidrocarburos.

La experta precisa que, mientras no exista una nueva resolución, la del 28 de febrero es un acto administrativo que sigue vigente.

Sobre el acuerdo ministerial 040, Paula Piedra señala que debe derogarse para que se devuelva el campo a Petroecuador —que actualmente actúa como operador— con el fin de que la empresa pública tenga la capacidad legal para realizar contrataciones, sacar certificaciones y todo lo que requiere el campo.

Aclara que la administración de los bloques petroleros “siempre” la va a tener el Ministerio de Energía, ya sea que la operación esté en manos de un privado o de la empresa pública.

“Entonces, el orden es darse de baja la resolución de adjudicación e inmediatamente darse de baja el acuerdo ministerial y nuevamente asignar el campo a Petroecuador, para que ya legalmente lo siga operando”, resume.

A criterio de Piedra, si más adelante el Gobierno busca emprender un nuevo proceso para delegar Sacha a un operador privado, se tendrá que rehacer todo, empezando por expedir un acuerdo ministerial y que Petroecuador entregue otra vez el campo al ministerio.

De momento, según lo dicho por Manzano, el régimen de Noboa analiza otras opciones para el desarrollo del bloque 60.