El colectivo presentó un alegato ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El colectivo YASunidos presentó un alegato ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque no se ha cerrado el bloque petrolero del ITT en Ecuador.

Alegar significa presentar una petición para que se verifique si se han violado los derechos humanos, lo que así considera este colectivo, que argumenta que lo hace en defensa de la democracia directa y precisamente de los derechos humanos.

“Una vez que el Estado ecuatoriano ha dado contestación a la comunicación, presentada por YASunidos por el incumplimiento de la consulta popular por el Yasuní, hemos presentado una contestación formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del caso n.° 15.090″, informó YASunidos.

La organización explica que este alegato representa un esfuerzo por defender la histórica consulta popular por el Yasuní, los derechos políticos, la naturaleza y la protección de los pueblos indígenas en aislamiento, “en el que YASunidos expone las múltiples vulneraciones cometidas por el Estado ecuatoriano a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) al no dar cumplimiento al mandato popular expresado el 20 de agosto de 2023, cuando el 58,95% de la ciudadanía votó por mantener el petróleo bajo tierra en el Bloque 43 (ITT)″.

Entre los puntos clave del escrito, YASunidos denuncia:

1. Obstáculos administrativos y judiciales: expresados en una década de trabas políticas y legales para realizar la consulta popular.

2. Desacato a la voluntad popular: ya que, a pesar de haber pasado más de un año del referéndum, el Estado continúa con la explotación petrolera en el Yasuní, incumpliendo lo dispuesto por la Corte Constitucional.

3. Violación de derechos colectivos e individuales: ya que se mantienen las vulneraciones a los derechos políticos, a las garantías judiciales y a los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento.

Con la presentación del caso ante la CIDH, YASunidos espera que el Estado ecuatoriano rinda cuentas ante las instancias internacionales y la CIDH emita un informe de fondo que reconozca violaciones y ordene reparaciones integrales, incluyendo el cumplimiento del mandato popular y la protección efectiva de los pueblos indígenas y de la naturaleza.

Además, se busca sentar un precedente sobre el respeto de las decisiones democráticas en toda la región.