A menos de tres meses de la consulta ya se piensa en cómo compensar ingresos del ITT si gana en las urnas la tesis de dejar de explotarlo. El Ministro del ramo dice que subir los impuestos o el precio de combustibles es factible, aunque sabe que es impopular.
 

La iniciativa Yasuní-ITT, bautizada así por los tres yacimientos petrolíferos que forman el bloque 43 o ITT (Ishpingo, Tiputini y Tambococha), fue un novedoso intento del Gobierno ecuatoriano para no explotar el crudo en la zona más remota y mejor conservada del PNY, en la Amazonía norte de Ecuador.

Finalmente, y luego de 10 años de batallas jurídicas con el Estado ecuatoriano, una consulta popular decidirá si se queda bajo tierra el crudo en una zona del área protegida más grande del país.

El duro golpe de dejar de percibir US$ 1.200 millones de ingresos al año para el Estado, la descompensación de la balanza petrolera y de la comercial, y la necesidad de tomar drásticas medidas para compensar el hueco que generaría dejar de explotar el Yasuní ITT, son parte del escenario que ve a futuro el Gobierno si es que gana en agosto próximo la tesis en la consulta popular de dejar el crudo en tierra.

El movimiento ecologista YASunidos insiste en que pregunta sobre el ITT es viable, pese a que producción petrolera en la zona comenzó hace varios años.

Ya en 2019, por ejemplo, el gobierno de Ecuador había modificado el área que estaba autorizada para explotación petrolera en su reserva ecológica Yasuní, lo que llevó a reducir el tamaño de dos bloques clave: el 43 -conocido como ITT- y el 31.

Para Yasunidos y académicos que promueven la iniciativa de dejar el crudo en tierra, el monto que se dejaría de percibir sería mucho menor, unos US$ 148 millones anuales, actualizados, y la manera de compensar sería a través de la reducción de las exoneraciones y cobro de deudas tributarias a los más ricos.

Así, a menos de tres meses de la consulta del Yasuní, ya se piensan en medidas en caso de que ganara la opción Sí. Entre ellas: subir impuestos, eliminar los subsidios a los combustibles, cobrar deudas tributarias o reducir exenciones e incluso reordenar la política de importación de subsidios.

De acuerdo con el ministro de Energía, Fernando Santos, si se toma en cuenta que actualmente el ITT está produciendo 55.000 barriles día, a US$ 60 cada barril, serían US$ 99 millones mensuales de menores ingresos.

Esto representa $ 1.188 millones anuales. A esto se debería sumar los costos del desmantelamiento de las instalaciones, las indemnizaciones a las compañías contratistas. Es por ello que se habla de más de US$ 14.000 millones en 15 años, según los propios cálculos de Petroecuador, dice.

El ministro también hace caer en cuenta que con la disminución de los precios del crudo, y por el incremento de la importación, la balanza comercial petrolera está sufriendo desajustes. Ya en marzo pasado, los ingresos por exportaciones de crudo y derivados fueron de US$ 570 millones, en cambio la importación de gasolina diésel y gas licuado fueron de US$ 590 millones.

Si se le resta 55.000 barriles al día eso va a crear una enrome brecha entre exportaciones e importaciones y va a afectar a la balanza comercial global, sustento de la dolarización.

¿Qué hacer para compensar hueco que dejaría no explotar el ITT?

El ministro menciona el artículo 294 de la Constitución que habla de los presupuestos cuatrianuales (trimestrales), que debe aprobar la Asamblea, al momento está aprobado el presupuesto hasta el año 2026, el cual incluye el ingreso del crudo del ITT al presupuesto. Por eso, dice, que posiblemente cualquier suspensión de ingresos de esta zona debería esperar a partir del 2027. En medio se podrían buscar varias opciones.

En todo caso asegura que subir impuestos o subir el precio de los combustibles traería la protesta de la ciudadanía.

Sobre la posibilidad de que la embajadora Ivonne Baki busque reactivar la iniciativa ITT, para que la comunidad internacional pudiera apoye la iniciativa ambiental de dejar el crudo en tierra, Santos comenta que aún no se ha conocido de resultados. En todo caso sostiene que en los siete años que Petroecuador ha estado en la operación no ha habido ningún derrame de crudo y se ha llevado la operación de manera ambientalmente amigable.

El territorio ocupado es la décima parte del 1% del parque. Reconoce que Petroecuador ha demostrado que sí puede convivir una naturaleza sana con una operación petrolera bien manejada.

En este sentido, espera que la ciudadanía ponga en una balanza los pro y contra y tome una decisión informada.

Del otro lado, Vilma Salgado, ex ministra de Finanzas y asesora en el tema económico en la campaña de Yasunidos, explica que se han sacado cálculos que revelan que el impacto sería mucho menor y manejable. Con base a los propios datos de Petroecuador, entregados a la Corte Constitucional, se calcula que la producción sería de 52.000 barriles diarios.

Petroecuador estimaba un precio de US$ 89,05 que ahora no es real. Indica que si se pusiera un valor de US$ 64,8 (estimado por el Banco Central) ya no serían US$ 900 millones de menores ingresos, como decía Petroecuador, sino US$ 523 millones. Esta cifra se obtiene calculando el ingreso neto, pero también restando los gastos operativos y de transporte, que ya no se harían. Explica que se ha sabido que el costo de extracción en el ITT es elevado pues sería de $ 31,35 por cada barril.

Salgado dice que el propio Petroecuador frente a la Corte indicó que en 33 años (de 2023 a 2055) los ingresos a valores corrientes ascenderían a US$ 7.967 millones, pero a valores presentes serían US$ 4.883 millones en 33 años.

Así, el colectivo Yasunidos sostiene que ese hueco de 33 años es manejable. Por ejemplo, es equivalente a un solo año de exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios: US$ 6.338 millones, solo en 2021.

Para Salgado, si se toma en cuenta que según el Servicio de Rentas Internas (SRI) se les ha exonerado de diversos pagos tributarios al 10 % más rico de personas naturales por un total de US$ 598 millones, solo retirando estas ayudas, ya se tendría compensada la falta de recursos.

Adicionalmente, en el ranking de deudas del SRI hay 500 mayores deudores que deben US$ 1.983 millones (deudas en firme), y con esto también se podría compensar.

Salgado agrega que siendo el ITT una de las reservas naturales de mayor biodiversidad del mundo y existiendo problemas de cambio climático no tiene sentido extraer un crudo tan pesado a un alto costo, destrozando la riqueza natural, para recibir los ingresos minúsculos. Estos recursos pueden ser “fácilmente reemplazados al retirar subsidios que concedemos los ecuatorianos al 10 % o al 1 % más rico de personas naturales”.

Y no descarta que se pueda hacer un canje de deuda por conservación de la naturaleza, tal como se lo hizo recientemente con el tema de Galápagos.

Para Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, las cifras y alternativas que maneja Yasunidos son equivocadas: la única manera real que existe para compensar sería con el incremento de precio de los combustibles y la otra alternativa de la que se ha hablado es el incremento de impuestos, como el IVA. "El tema de quitar incentivos tributarios lo que podría generar es una fuga de capitales", dice.

Darío Dávalos, experto en temas energéticos, asegura que frente a la posible aprobación de la tesis de dejar el petróleo en tierra, el Gobierno debería replantear tres líneas de acción de su política energética. Lo primero, señala es dar inversión estatal para la reactivación petrolera. Indica que no se ha podido concretar ninguna propuesta del sector privado, mientras la producción petrolera ha decaído: “hemos dejado de exportar US$ 1.060 millones, aproximadamente, entre 2021, 2022 y en lo que va del 2023. El país no puede seguir esperando”.

Pero ¿de dónde saldría esa inversión estatal si no hay recursos?

Para tener recursos sostiene que se debería revisar la política de importación de derivados. No se debería seguir importando nafta de 95 octanos para mezclar el 90 % para la Extra y la Ecopaís y solo vender un 10 % como Súper Premium. Explica que el subsidio al diésel fue de $ 384 millones, según el Banco Central, que debería seguir el ejemplo de Brasil, donde no está prohibida la importación de diésel ruso con descuento.

Para Dávalos, el Gobierno tampoco debe perder más tiempo en la licitación del Campo Amistad, allí debería concretar sus mayores esfuerzos y suspender cualquier propósito de importación de este producto. "Por el fenómeno de El Niño habrá oleajes fuertes frente a nuestras costas, si los buques no pueden descargar el producto importado a causa de estos oleajes, no sirve de mucho apurarse con esta importación", concluye.