Con la aprobación de las leyes de Responsabilidad Extendida del Productor y la de Plásticos de un Solo Uso, que inician este año, el país busca reducir la cantidad de basura que llega a rellenos sanitarios. Pero el éxito en la ejecución dependerá en gran medida de un actor no regulado: la ciudadanía.

A pesar de su amplio uso, el plástico tiene mala fama. Y Chile no es la excepción.

El país sudamericano lleva ya más de una década organizando programas piloto e iniciativas educativas en distintos estamentos y ciudades, con miras a un objetivo final: conseguir que el país que más basura genera por habitante en Latinoamérica -unos 1,13 kg por día por habitante, según el ministerio del Medio Ambiente, y que es, a la vez, el menos recicla sus desechos con un mínimo 4%- se transforme en una sociedad donde se recuperen por lo menos el 30% de los residuos no degradables, como vidrio, papel, cartón y sobre todo plásticos.

Pero, a nivel de gobierno, se reconoce que existe aún mucho trabajo regulatorio por concretar: “Son desafíos ambiciosos en relación con modelos de reúso, trazabilidad de sistemas de gestión y al diseño de envases sustentables que nos orientan a seguir trabajando con el objetivo de avanzar hacia una economía circular de los plásticos”, señaló Tomás Saieg, jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) de Chile.

En estricto rigor, los plásticos no son el único residuo no degradable que preocupa a los reguladores y expertos chilenos. 

La Ley de Fomento al Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor, o Ley REP, busca que la sociedad completa se haga cargo de la gestión de los residuos, a través de la clasificación y valorización de productos catalogados como prioritarios para el mercado, para su reinserción en la economía, bajo la lógica de la economía circular y con metas claras y progresivas para cada uno de ellos. 

“Esto significa que debe existir un ecosistema que involucre distintas capacidades y tecnologías, desde la logística y el transporte, pasando por la clasificación y el pretratamiento, hasta su valorización propiamente tal” detalla Leonardo Curotto, gerente Comercial de Ambipar Environment.

La Ley REP ha establecido seis productos prioritarios que son aquellos catalogados como claves para su valorización, empezando con los neumáticos y envases y embalajes, cuyas metas de recolección y valorización ya comenzaron a regir este año. Luego vienen las etapas de pilas, baterías, aparatos eléctricos y electrónicos y aceites y lubricantes usados.

En el caso específico de envases y embalajes, la responsabilidad de la Ley REP recae en el productor que tuvo que usar un envase para vender su producto en el mercado. 

“Así, los productores son los responsables de organizar un Sistema de Gestión que permita valorizar esos envases, en un ambiente de sana y libre competencia, que asegure y de cuenta de su valorización efectiva a las tasas que establece la ley”, agrega Curotto. 

Todo esto genera nuevos actores y procesos. 

En el caso de los envases y embalajes domiciliarios, los productores son los encargados de articular toda la cadena de actores que permiten recuperar, clasificar y el pretratamiento los residuos bajo la figura de un Sistema de Gestión, asegurando que se cumplan las metas establecidas por la normativa. 

En el caso de los envases y embalajes no domiciliarios, el sector industrial está mucho más avanzado en la gestión. Estos Sistemas de Gestión hacen una labor de monitoreo para acreditar la recuperación y valorización de dichos envases y embalajes, dando cuenta de su valorización efectiva a las tasas que establece la ley. 

No solo eso. Con un fin social, la Ley REP reconoce y protege a los llamados recicladores de base, esas personas que recoletan meterias primas reutilizables desde la basura de la calle, y los obliga a formalizarse y profesionalizarse. 

“Les da un espacio obligatorio de gestión, donde capacidades como las nuestras van a estar al servicio de los recicladores de base y de los Sistema de Gestión, donde serán clasificados y pretratados para que sean posteriormente valorizados por otro actor de la cadena, lo que demuestra el espíritu de la ley REP es la de la colaboración, como la principal estrategia para lograr las metas establecidas”, dice el ejecutivo de Ambipar.

Esta ley todavía no es aplicable ya que necesita un reglamento. Pero por sí sola da luces de grandes cambios en el comportamiento que se exigirá a empresas, municipios y personas.

Germán Codina, alcalde de Puente Alto, uno de los tres municipios más grandes de Chile, explicó a AméricaEconomía que hace muchos años su comuna cuenta con puntos de reciclaje, denominados puntos verdes, para fomentar hábitos ciudadanos.

“Somos la comuna de Chile que más recicla (…) Sabemos que la ley REP es un gran desafío y por eso hemos estado en distintas reuniones tratando de ver cómo se instala, cómo se desarrolla y, obviamente, también los desafíos adicionales que vienen con la ley para que, podamos tener una mejor actuación de parte de las instituciones, pero, sobre todo, también ir acompañando a las familias en el desarrollo de hábitos que son sumamente importantes del cuidado medioambiental”. 

Por otra parte, la Ley de Plásticos de Un Solo Uso regula la entrega de plásticos desechables y botellas plásticas, con el objetivo de disminuir la generación de residuos, mediante la limitación en la entrega de estos productos en establecimientos de expendio de alimentos. Contiene, además, medidas para el fomento a la reutilización y la certificación de los plásticos de un solo uso, mientras que regula la producción y disposición de las botellas plásticas desechables.

Entre los puntos relevantes que instaura la ley, destaca la restricción en la entrega de utensilios plásticos en restaurantes y fomentar la reutilización de envases mediante refills o rellenos. “Lo cual promueve hábitos más sostenibles, no tan solo en contexto de comercio, sino también en las prácticas de la población”, indica Nicolás Calderón, socio adjunto de Servicios de Sostenibilidad de la consultora EY. 

Esta legislación se suma a leyes similares de países como Colombia, México, Brasil y naciones que viven del turismo y la naturaleza, como Costa Rica, Aruba, Jamaica, Belice, Bahamas, Barbados, República Dominicana, Granada y Trinidad y Tobago.

 LAS EMPRESAS SE PREPARAN

AméricaEconomía habló con distintas empresas que producen grandes cantidades de subproductos o residuos y que están en contacto directo con los consumidores.

“El trabajo que hemos realizado ha sido transversal y lo primero fue el periodo de capacitación, participando en seminarios, charlas y colaborando con la Cámara de Comercio de Santiago para comprender la innovación en este campo. También se realizaron cambios estructurales en la empresa, como la creación de un comité dedicado a seguir los avances normativos y un área de sustentabilidad mucho más robusto, que influye en las decisiones corporativas”, explica a AméricaEconomía Marcelo Rojas Panelo, director de Asuntos Legales, Relaciones Laborales y Asuntos Corporativos de Alsea Sudamérica, que incluye a Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Colombia

Desde que se publicó la nueva ley, todas las marcas del holding – Starbucks Coffee, Burger King, PF Chang´s y Chili´s- están adheridas a un sistema colectivo de gestión, Resimple para cumplir con las metas de recolección establecidas, con un enfoque colaborativo que va más allá de simplemente cumplir con las regulaciones y pasa a ser parte de una estrategia más amplia de sostenibilidad y responsabilidad corporativa, reconoce la compañía.

En general, la firma reconoce que encontrar soluciones eficientes ha representado a veces un desafío que prefieren ver como una oportunidad para adelantarse a los cambios y forjar un negocio verdaderamente sostenible. 

“En Alsea Sudamérica la experiencia local nos motiva a replicar estas prácticas ya que, como empresa, consideramos que estos cambios van más allá del cumplimiento legal y forman parte de nuestra misión”, añade.

En el caso del conglomerado local Cencosud, que tiene malls y supermercados, la publicación de la ley encontró a la firma con años de experiencia en recepción de envases para su posterior reciclaje. 

“Hemos implementado una serie de iniciativas, por ejemplo, automatizando nuestras declaraciones de Envases y Embalajes a través de una plataforma interna; adhiriendo en una etapa temprana al Sistema de Gestión de Envases y Embalajes – RESIMPLE- como socio fundador, y al sumarnos como parte del Acuerdo de Producción Limpia de Ecoetiquetado liderado por la Sofofa, a lo que suman una serie capacitaciones internas en la materia” detalla Raúl Troncoso, subgerente de ESG y Sostenibilidad de Cencosud.

El ejecutivo añade que en su gestión integral de residuos promueven la prevención, reducción, reutilización y reciclaje, para reducir la disposición final en los rellenos sanitarios.

“Potenciamos, por ejemplo, la reducción del uso de materia prima en nuestros empaques, y promovemos el ecodiseño para marcas propias. Nuestra mirada es abordar el tema ambiental de manera holística, por tanto, la gestión de las oportunidades de mejora en envases y embalajes repercute positivamente en los aspectos ambientales que trabajamos como compañía: energía, agua y gases de efecto invernadero”, enumera.

En general, el destino de los residuos de envases y embalajes a nivel industrial es diverso. 

En el caso de envases y cajas de cartón, existe un porcentaje importante, ya que más del 80% que se valoriza en la actualidad. Sin embargo, en el caso del plástico y del metal, el nivel de reciclaje es bajo, por lo tanto, esos deshechos terminan donde no debieran, en circunstancias que son productos totalmente reciclables y debieran ir a plantas de reciclaje. Y lo mismo ocurre con el metal.

Por ende, “la labor del Sistema de Gestión y lo que busca esta ley es precisamente aumentar los grados de separación y mejorar la gestión interna de las empresas para que la mayor parte de los residuos que se generan como consecuencia de sus actividades productivas vayan a valorización, o sea, a reciclaje”, afirma Pedro Álamos, Gerente General de ProREP, un Sistema de Gestión exclusivo para Envases y Embalajes no domiciliarios, 

Así, el principal desafío que impone la ley REP para las empresas es doble. “El primero es que, el rol de productor de envases y embalajes conlleva obligaciones y, por lo tanto, deben cumplirlas a través de un Sistema de Gestión con las metas de valorización de este reciclaje. 

Por otro lado, como generadores de residuos a nivel de empresa también tienen obligaciones en su rol de consumidor industrial. Eso significa que tienen que hacer cambios profundos en la gestión de residuos, con el fin de que aquellos que se generan como parte de su producción y su actividad en las plantas sean valorizarlos por ellos mismo o mediante por gestor autorizado”. 

Para Álamos, esto presenta un desafío doble y relevante que transformará el sector de la gestión de residuos, introduciendo la circularidad en el mundo industrial

ProREP, como Sistema de Gestión, tiene contemplado la entrega de incentivos para mejorar la separación de los envases e impulsar la demanda de material reciclado. 

Para ejemplificar, menciona el caso de Alemania, donde más del 90% de todo el vidrio y el 58% de todo el acero proviene de materia prima reciclada. “Eso significa que tenemos mucho que avanzar y modificar nuestra forma de hacer las cosas”, agrega. 

La firma Ambipar Enrivonment, en tanto, hizo una inversión de US$ 23 millones en una moderna planta para el tratamiento y la valorización de residuos domiciliarios, a diferencia de ProRep.

Cuando entre en operación en marzo próximo, será la instalación más grande y eficiente de este tipo en Chile, con una capacidad de procesar 60 mil toneladas anuales y una tasa de recuperación superior al 90%, convirtiéndose en una herramienta que ayudará a la industria a cumplir con las metas establecidas en la Ley REP. 

Además de clasificar y generar corrientes puras de material a partir de residuos, GIRI también se hará cargo de las fracciones que nos son reciclables y de la destrucción de mermas e inventarios obsoletos.

“Junto con esta inversión, hemos puesto en marcha un plan para ampliar nuestra capacidad operacional con dos plantas en las regiones de Tarapacá [al norte] y Los Lagos [al sur] y que significarán inversiones de US$ 3 y US$ 4 millones respectivamente, aportando 10 mil toneladas de capacidades anuales cada una”, precisa Leonardo Curotto, gerente Comercial de Ambipar Environment.

La incursión de la firma es totalmente privada, sin ayudas del Estado, ya que están confiados en que las regulaciones que tiene Chile contienen metas obligatorias que muestran un futuro promisorio para esta industria.

¿CIUDADANOS CONSCIENTES?

A pesar de las cuotas estimadas por la ley, será la ciudadanía mediante su comportamiento respecto de la basura, la que tendrá una alta responsabilidad en que el reciclaje y revalorización de desechos sea exitoso.

“El consumidor tiene un rol clave ya que somos nosotros quienes tenemos que entregar el material en buenas condiciones. Es decir, los usuarios domiciliarios son los encargados de la segregación de los residuos, entregándolos en los puntos de acopio, los que se materializan en Puntos Limpios o recolección domiciliaria, de acuerdo con las sugerencias entregadas por la autoridad y dependiendo del tipo de producto”, agrega Curotto. 

Para lograr las metas, este empresario considera que el gran desafío de los productores es incentivar a sus clientes y consumidores a que hagan las cosas bien, que vayan mejorando sus índices de residuos que se destinan a reciclaje. 

A pesar de ello, no todos los gremios están tan convencidos.

En enero, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, manifestó en el senado chileno sus reparos a la ley de plástico de un solo uso, ya que no obedece a la realidad diversa de los distintos tipos de establecimientos que impacta, los que tienen distintos tamaños y realidades. 

“Es necesario equilibrar el impacto de esta normativa en los emprendedores que ya no tendrán incentivos para crear materiales que sean más innovadores y amigables con el medio ambiente, en los pequeños y medianos comerciantes que no van a poder sostener económicamente este cambio y evitar el sobre consumo del agua que se producirá y que no es compatible con el escenario de crisis hídrica que aún existe en el país”, enfatizó Vial.

Al respecto Enrique Rosselot, coordinador de la División Sur de la consultora de sostenibilidad Gestión Social, coincide en que esta prohibición no considera la posibilidad de generar reciclaje o compostaje de dichos materiales, su ciclo de vida, ni toma en cuenta el uso de otros recursos naturales.

Aun así, la ley le parece positiva, para disminuir los residuos. “A partir de esta ley es que se han generado innovaciones como Algramo, que cuenta con centros de recarga de productos de limpieza como cloro, lavaloza, detergente, entre otros que se encuentran solo en algunos supermercados en la región metropolitana”, detalla.

Y en general, ve positiva la transición del país hacia una economía circular gracias a estas leyes. 

“A las empresas las incentiva a diseñar productos más duraderos, reciclables y fáciles de gestionar al final de su vida útil (…) y los productores ahora tienen la obligación de establecer sistemas de recolección y reciclaje, lo que ha contribuido a la recuperación de materiales valiosos de los residuos”.

Respecto de la educación ambiental y la conciencia pública requeridos, Rosselot cree que ha contribuido a un cambio cultural en la forma en que los chilenos abordan los residuos y la sostenibilidad que no ha estado exento de desafíos.

“Desde educar a las distintas comunidades, apoyo en el desarrollo de la infraestructura, el trabajo con los proveedores y otros miembros de la cadena de valor, la descentralización e incluso, alcanzar un verdadero cambio sociocultural en la materia sobre cómo debiese ser el correcto proceso de reciclaje y obtención de estos materiales”, afirma. 

Y si bien se le ha tildado como muy ambiciosa, a juicio de Nicolás Calderón de EY, a la vez marca un hito muy importante en el cuidado y protección del medioambiente.

“La adopción de la ley implica una transformación profunda en todas las etapas de comercialización, consumo y disposición de los productos. Este cambio será paulatino, ya que requiere que la industria comience a emplear productos de materialidades que se ajusten a esta nueva legislación, asumiendo un papel activo en materia de economía circular.

Respecto a su implementación, también es realista respecto de la respuesta ciudadana. 

“La dificultad se presentaría en los cambios de hábitos de consumo, dado que implica educar sobre alternativas más sostenibles para asegurar que se cumplan las expectativas de las regulaciones”, concluye.