En el ejercicio de 2023, las consecuencias que conllevará la suspensión de las operaciones en las instalaciones se estiman en un monto neto de impuestos diferidos por un valor aproximado de US$ 55 millones.

Arauco, a través de un comunicado y de un hecho esencial reportado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile, comunicó que determinó suspender “de manera indefinida la producción de celulosa” de la planta Licancel ubicada en la comuna de Licantén, en la región del Maule.

La empresa explicó que la determinación radicó en un “conjunto de dificultades” que ha enfrentado la planta, especialmente en el último tiempo.

“La extrema variabilidad climática, con inundaciones consecutivas del río Mataquito durante este invierno, períodos extremos de sequía que ocasionaron reiteradas detenciones en la operación de la planta en veranos anteriores, e incendios forestales de alto impacto” fueron parte de los motivos.

A ello se sumó, dijo, “la ausencia de una política pública que promueva la reforestación durante la última década, han generado una baja disponibilidad de madera para uso industrial”.

Las autoridades locales ya están en conocimiento de esta información.

Los 163 trabajadores de Licancel, asimismo, fueron notificados, al igual que los contratistas. Para ellos, Arauco levantó un plan de salida para “generar el menor impacto posible en ellos y sus familias”.

En las próximas semanas, la compañía ejecutará labores de limpieza y mantención de equipos de la planta, que tiene una capacidad instalada de producción anual de aproximadamente 160.000 toneladas de celulosa cruda de pino, lo que corresponde a un 3% de la capacidad total anual de producción de celulosa de Arauco y a un 1,7% de los ingresos totales de la compañía correspondientes al año 2022.

En el hecho esencial enviado a la CMF, la compañía detalló que las instalaciones de Licancén fueron construidas en 1992.

En 1999, cuando las adquirió, pagó US$ 104 millones a la suiza Attizhold Holding.

Por último, Arauco admitió las consecuencias que conllevará la suspensión indefinida de estas operaciones en el ejercicio de 2023 (un monto neto de impuestos diferidos por un valor aproximado de US$ 55 millones).