El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que analice las opiniones de los expertos y asociaciones civiles sobre el impacto negativo.

En medio del "moment" de México por el nearshoring, las 60 empresas más grandes del país conformadas en el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) expresaron su preocupación por la aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo y pidieron al jefe del Ejecutivo garantice el pleno Estado de derecho a las inversiones.

Corporativos como Cargill, Fedex, AT&T, Nestlé, GM, Siemens, HSBC, PepsiCo, Shell, Exxon Mobil, Visa, entre otros, advirtieron que los efectos de la reforma van en detrimento del acceso de cualquier ciudadano a mecanismos legales que le permitan defenderse de posibles violaciones a sus derechos humanos o ante cualquier acto inconstitucional.

“Hacemos un respetuoso llamado al titular del Ejecutivo Federal para que, en ejercicio de sus facultades, analice los alcances de esta reforma en los términos en que fue aprobada y considere las diversas opiniones vertidas por expertos y diversos sectores de la sociedad”, señalaron.

México vive un momento inmejorable para atraer inversiones productivas como consecuencia de la relocalización de cadenas productivas internacionales.

“Reformas como ésta van en detrimento del objetivo de brindar condiciones óptimas para la atracción de nuevas inversiones y el establecimiento de nuevas empresas en el país, pues se debilitan las estructuras legales que les permiten defenderse ante actos que pudieran considerarse como violatorios de sus derechos”, alertaron las empresas que representan el 40% de la Inversión Extranjera Directa (IED) en México.

Los líderes en más de 20 sectores de la economía, que fomentan las cadenas nacionales de proveeduría, generan el 10% del Producto Interno Bruto (PIB), invierten en innovación, desarrollo de talento nacional, y son generadores de empleo para más de 8 millones de personas en el país, demandaron un México “con un sistema de justicia sólido y eficaz que brinde a sus ciudadanos instrumentos para garantizar sus derechos”.

No obstante, las Empresas Globales acusaron que las modificaciones a la Ley de Amparo en manos del Ejecutivo “va en sentido contrario” de un estado de derecho.

“La figura de la suspensión contemplada en la Ley de Amparo fortalece el Estado de derecho, los contrapesos y la impartición de justicia. Al modificarla, se afectan los medios de defensa para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, particularmente de los más vulnerables, y es un acto que va en detrimento de una impartición de justicia efectiva en México”, reprochó el CEEG.

“Como lo expresamos en nuestra iniciativa de políticas públicas, 20 Ideas para México, contar con sistema de justica eficaz es clave para garantizar los derechos constitucionales de todos y para generar certidumbre y confianza para las inversiones”, comentó.

Ante la ola de nuevas inversiones, las empresas demandan un Estado de derecho que promueva la confianza, incentive la inversión y proteja los derechos fundamentales de las personas, las comunidades y las empresas.