Una disposición del Presupuesto General del Estado (PGE) permite sanciones, control y decomiso de los productos que se almacenen con el objetivo de incrementar sus costos.

La Federación Regional de Gremiales de El Alto (Bolivia) anunció que a partir del subsiguiente lunes iniciarán una gran marcha hacia la ciudad de La Paz, en rechazo de una disposición del Presupuesto General del Estado (PGE) que entró en vigencia el 1 de enero y, consideran, afectan las actividades económicas del sector.

En concreto, el rechazo es contra la disposición séptima de la Ley Financial, la cual autoriza un mayor control del Gobierno de Luis Arce a las mercaderías y productos de los comerciantes y productores.

"Nos preocupa mucho que el Gobierno pretenda confiscar nuestra mercadería. Nuestros compañeros pueden ser interceptados y despojados de sus productos. Advertimos al Gobierno que, de incluir esta disposición en el presupuesto, automáticamente los gremiales saldríamos a las calles", afirmó Toño Siñani, representantes de los gremiales.

GREMIALES

Inicialmente, la disposición fue eliminada por la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, debido al rechazo generalizado que existía en diversos sectores.

Sin embargo, el proyecto de ley no pudo ser tratado a tiempo en todas las instancias en la Asamblea Legislativa, debido a que los parlamentarios entraron en receso.

Por ello, pese a no haber sido aprobado, el Presupuesto entró en vigencia por ‘fuerza de ley’, sin ninguna modificación, incluyendo la polémica disposición adicional séptima.

La misma, en cuestión, señala que “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

El Gobierno de Arce afirmó en reiteradas ocasiones que la medida únicamente afectará a las personas que se dediquen al agio y a la especulación, lo que perjudica los precios de la canasta familiar.

Si los gremiales, productores o comerciantes no realizan estos delitos, entonces no tienen por qué preocuparse.

En ese sentido, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, calificó a la medida de los gremiales como carente de sentido y señaló que el Gobierno boliviano está dispuesto a explicarles los alcances de la normativa para que estén tranquilos.