Roberto Aspiazu, vicepresidente de la Cámara de Energía de Ecuador (CEDE) señala que el país mantiene contratos con 51 empresas por US$ 1.171 millones y que podrían hacer demandas por daños y perjuicios al gobierno de Guillermo Lasso si se aprueba la consulta popular que denegaría la explotación del bloque 43.
Roberto Aspiazu, vicepresidente de la Cámara de Energía de Ecuador (CEDE), explica su posición por el No en la consulta popular sobre detener la extracción de petróleo en el bloque 43 ITT -que se realizará el próximo 20 de agosto en conjunto con las elecciones presidenciales- y hace hincapié en los problemas económicos que acarreará al país el quedar de manera abrupta sin una parte importante de ingresos por la producción petrolera, que está plenamente en funcionamiento en el Yasuní. Además advierte que habría demandas de empresas contratistas y que Perú podría aprovechar el petróleo ecuatoriano, ya que tendría una operación petrolera al frente del bloque 43.
-Como Cámara no han podido inscribirse en la campaña, pero entonces, ¿cómo será su participación?
Estamos activos en redes sociales. Nosotros como Cámara no pudimos inscribirnos, pues no teníamos el mínimo de vida institucional que es de dos años. Sin embargo, tenemos contacto con el movimiento Amigo y con el grupo Amaru, que sí fueron calificados (por el Consejo Nacional Electoral) para la campaña por el No. Este último, un grupo que reúne a indígenas y colonos de la Amazonía, con quienes nos hemos reunido para hablar del tema y tener lineamientos estratégicos en común.
-¿Cuál es el mensaje que quieren difundir?
Mi reflexión sobre el tema es que con esta consulta echan sobre el tapete de sopetón un tema que no estaba en la agenda nacional, desde hace diez años. Hay que recordar que se cayó la iniciativa Yasuní hace una década cuando se debatió, se planteó recaudar como US$ 3.500 millones de la comunidad internacional para dejar el crudo en tierra, pero se obtuvieron apenas US$ 13 millones. Como consecuencia, el colectivo YASunidos presentó su requerimiento de consulta que no prosperó, por las circunstancias que conocemos. Ahora, diez años más tarde, estamos obligados a debatirlo, pero en circunstancias diferentes. Esto, porque el bloque ya está en desarrollo, con base en normativa internacional, cuidados respectivos de medioambiente, con licencia ambiental que tiene estándares muy altos. Por ello, me llama la atención cómo la Corte Constitucional avala una pregunta de hace diez años que no refleja la realidad de lo que sucede en el ITT. La pregunta misma está fuera de la realidad, pues se consulta sobre si está de acuerdo con dejar el petróleo en el subsuelo, cuando ese producto ya está en la superficie. No tiene sentido.
-¿Por qué la Corte no tomó en cuenta el momento actual?, ¿cuál es la razón?
Yo he sido muy crítico con la posición asumida por la Corte. Desgraciadamente hay magistrados que han tenido demasiada vinculación con este tema en el pasado. Es más, en el voto salvado de los magistrados se alegó que la consulta popular desconocía los compromisos asumidos desde el 2014. La Asamblea ya dispuso que a través de Petroecuador se desarrollara el campo, es decir, tiene autorización expresa del órgano legislativo.
-¿Cuál sería el costo económico para el país si se dejan de explotar los 57.000 barriles de crudo del ITT?
Este es el único campo nuevo que tiene Petroecuador, y representa la capacidad de aumentar la producción en este momento que existen problemas con la balanza petrolera. Es la primera vez en 50 años que estamos en saldo rojo, es decir, está costando más la importación que la exportación. Según el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, el primer semestre del 2023 tuvimos un mal resultado de la balanza, relacionado con la importación del 72% de combustibles que consumimos. Pero el problema de la balanza se agudizaría si dejamos de producir 57.000 barriles. El ministro Santos nos explicó que esta semana se han hecho pruebas de un nuevo pozo que podría generar 25.000 barriles diarios, lo cual quiere decir que este campo tiene un potencial para crecer y duplicar los niveles actuales para llegar a una producción estable de 500.000 barriles.
-Ustedes también han hablado de probables demandas de empresas contratistas, explíquenos ¿de qué se trata esto?
Tienes contratos suscritos con prestadores de servicios, con 51 empresas de servicios de catering, logística, taladros, entre otros, que firmaron contratos por US$ 1.171 millones. La terminación de los contratos por efecto de la salida de la empresa representa potenciales demandas por daños y perjuicios. Además, en este campo se han invertido US$ 1.900 millones, en parte con deuda contraída por Petroecuador. Se trata de una inversión equivalente al metro de Quito y esto hay que pagarlo y amortizarlo con lo que el campo produce, en teoría. Pero esto es un pasivo contingente adicional. Otro dato económico es que en el activo del yacimiento hay plata por unos US$ 16.000 millones y US$ 27.000 millones y con un horizonte de diez años de producción.
-Se ha hablado del peligro de que Perú pudiera sacar petróleo si nosotros no lo hacemos, ¿es posible?
Los peruanos explotan, tienen al menos cuatro lotes petroleros y están explotando frente al bloque 43. De ahí que se hable de un posible efecto sorbete. Esto es que si dejamos de explotar, lo podrían hacer los peruanos ya que están pegados.
-¿Pero se puede controlar que no pase esto?
Es difícil de controlar, pero es real. Al frente donde los ambientalistas dicen que es un paraíso terrenal, los peruanos ya han realizado concesiones y están explotando petróleo del otro lado del bloque 43. Y antes de olvidarme, cuando en 2014 entraron a desarrollar el campo, se encontraron que ya era una zona intervenida pues había bosque secundario. En ese tiempo ya se habían cruzado los taladores desde Perú. Donde hay este tipo de intervención humana no hay tribus no contactadas.
-¿Cuánto mismo significa para el Estado dejar de producir?, hay académicos y expertos que hablan de $ 200 millones y US$ 400 millones. ¿Cuál es la cifra que ustedes manejan?
Se están produciendo 57.500 barriles. Recientemente se publicó la cifra confirmada por la Asociación de Trabajadores de Energía y Petróleo y son US$ 1.231 millones. Estas son cifras verificadas con el Ministerio de Finanzas y Petroecuador. Las otras cifras que manejan no son técnicas, son argumentos de interés. También es importante el pronunciamiento de las comunidades del sector, que ven que el petróleo ha traído a esta zona, al menos en el sector que ellos habitan, bienestar, agua potable, salud, progreso. No cabe la menor duda de que el bloque 43 es la principal fuente de sustento de Orellana.
-¿Cómo ve la postura de la población?, ¿cómo está entendiendo la gente el tema?
Lo que más me preocupa es que estamos caminando hacia una consulta desinformada y con una pregunta engañosa. Además, hay candidatos que no le están prestando la atención debida o prefieren no darle dicha atención por ser un tema polémico. Y deberían tomarlo en cuenta porque se acaba de tener una disminución de ingresos tributarios por US$ 1.100 millones en el primer semestre. Si en el segundo semestre tenemos un escenario parecido, se está jugando con fuego. Además, si ganara el Sí, hay que ver cómo se instrumentaría la decisión, porque va a haber protesta social desde las propias comunidades para que no salga la empresa. Habría un conflicto social si ganara el Sí. Por supuesto, nosotros alentamos para que gane el No.
