El presidente Daniel Noboa anunció el martes que eliminará los "subsidios" eléctricos que reciben estas empresas.

Un intenso debate ha desatado la tarifa eléctrica que pagan actualmente las empresas mineras Ecuacorriente y Lundin Gold, que operan los proyectos mineros a gran escala Mirador y Fruta del Norte en Ecuador. 

Hay quienes consideran que las compañías gozan de un subsidio, porque el costo del kilovatio hora (kWh) es menor al valor del sector residencial y de otras industrias; por otro lado, la Cámara de Minería y otros analistas sostienen que no existe una subvención estatal ni una tarifa preferencial para el sector minero.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa se hizo eco de la posición de que sí hay un subsidio y el martes 15 de octubre anunció que lo eliminará. “Las mineras en Ecuador consumen más energía de la que necesita un hospital para operar. Y aún así, su tarifa de energía ha sido subsidiada por el Estado”, escribió en un mensaje publicado en sus cuentas de redes sociales.

Hasta el momento no se ha concretado la disposición del mandatario, a pesar de que la mañana del miércoles la secretaria de Comunicación de la Presidencia, Irene Vélez, dijo que para ese día se esperaba que la medida se oficialice.

Las tarifas eléctricas que rigen en el país andino están establecidas en el pliego tarifario del servicio público de energía eléctrica, en el cual se divide a los consumidores dependiendo del nivel de voltaje que demandan: bajo, medio o alto. El sector residencial está en el rango de bajo y medio consumo, mientras que las minas a gran escala están en el nivel alto.

El pliego vigente, que rige del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, fue elaborado por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, entidad que fue suprimida por el actual Gobierno en mayo de este año y en su lugar se creó la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel).

¿QUÉ ES EL GRUPO TARIFARIO AV2 EN EL QUE ESTÁN LAS MINERAS?

Para la operación de los proyectos Mirador y Fruta del Norte se requieren altos niveles de electricidad; por ello, las dos empresas mineras se encuentran dentro del grupo denominado alto voltaje 2 (AV2), que abarca a los consumidores de más de 138.000 kilovoltios (kV).

Según la Cámara de Minería del Ecuador (CME), en el grupo AV2 se encuentran cinco empresas en todo el país, entre ellas las dos mineras, pero también otras de las industrias de acero y de petróleo.

En el pliego vigente se indica que la tarifa industrial del grupo AV2 se aplica tanto a los consumidores industriales, en alto voltaje grupo 2-AV2, así como a los usuarios industriales conectados al sistema de transmisión. Los consumidores deben pagar cargos por temas de comercialización, demanda y energía, para lo cual se toman en consideración el kilovatio hora (kWh) y los horarios y días de demanda y consumo.

Con eso, el valor del kWh para el grupo AV2 oscila entre US$ 5 y 8 centavos, dependiendo del horario. En cambio, las tarifas para el sector residencial, que está en la categoría de bajo y medio voltaje, rondan entre los 7 y 68 centavos.

La Cámara de Minería asegura que en la práctica las mineras están pagando US$ 7 centavos el kilovatio hora. El gremio aclara que los proyectos mineros se conectan directamente al sistema de transmisión, no ocupan sub transmisión ni distribución; por lo tanto, al no emplear los dos sistemas, no tienen que pagar por ellos, como sí ocurre con los consumidores de los hogares.

"SI SE PAGA MENOS DE LO QUE CUESTA ES TARIFA SUBSIDIADA"

Jorge Luis Hidalgo, consultor en temas energéticos, opinó que “si se paga menos de lo que cuesta es tarifa subsidiada”. Por ello, apoya la decisión del presidente Noboa.

“¿Qué hace este país regalando energía a grupos que no necesitan, como las grandes mineras, como el segmento AV2?”, reprochó el experto, al tiempo de comentar que la crisis energética es una de las consecuencias de “regalar energía” y que mantener el “subsidio” tal como está beneficia a los más ricos.

Hidalgo indicó que el “problema” con las tarifas del grupo AV2 surge porque no se incluyen todos los costos, como la amortización de inversiones (para la generación), precio real de los combustibles, entre otros. Solo se toman en cuenta mantenimiento y operaciones. “Esto es insensato para el país”, dijo.

Citó un informe de 2018 de la Agencia de Regulación, que en aquel entonces determinó que el precio de la electricidad en el país debería ser US$ 15 centavos el kilovatio hora si se incluye el costo de amortización de inversiones.

Además, mencionó que hasta el momento no se ha cumplido con lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, que dispone a la Arconel, dentro del primer semestre de cada año, determinar los costos de generación, transmisión, distribución y comercialización, y de alumbrado público general, que se aplicarán en las transacciones eléctricas y que servirán de base para la determinación de las tarifas al consumidor o usuario final para el siguiente año.

"NO EXISTE UN SUBSIDIO"

Para René Ayala, docente de la carrera de Minas de la Escuela Politécnica del Litoral (Espol), el anuncio presidencial podría implicar un incumplimiento de la garantía de los contratos de los proyectos mineros Mirador y Fruta del Norte.

Ayala descartó que exista un subsidio eléctrico para la industria minera a gran escala. “No existe un subsidio”, enfatizó e indicó que las firmas mineras del grupo AV2 han invertido en los cables de alta tensión para llevar energía eléctrica hacia la mina, así como en la construcción de subestaciones eléctricas que garanticen el flujo del servicio.

Esas inversiones compensan la tarifa, ya que Lundin Gold y Ecuacorriente desembolsaron US$ 22 millones y US$ 34 millones, respectivamente, para construir y poner en marcha la subestación Bomboiza.

“Cuando se realizó todo esto (los contratos con las empresas), las condiciones eran otras, Ecuador exportaba electricidad. Había un convenio para que puedan invertir las empresas mineras, indicándoles que el país tenía la segunda tarifa energética más barata de Sudamérica, así como vías de primer orden. Pero todo eso ha ido cambiando, hoy tenemos un déficit de energía bastante alto”, agregó el docente.

En su criterio, para cambiar las tarifas vigentes no basta solo con actualizar el pliego tarifario, sino también se deberían revisar los contratos de inversión y resoluciones de la Agencia de Regulación. Ayala comparte la posición de la Cámara de Minería respecto de que “la responsabilidad del Estado es garantizar el suministro de energía eléctrica para las mineras”, por las inversiones que han realizado.