Altán Redes le importa al gobierno porque es una red de telecomunicaciones sobre la que se soportan alrededor de 124 empresas de telefonía e Internet que le compran datos móviles para revenderlos por todo el país a personas de escasos recursos y porque su tecnología está habilitada para iniciar despliegues de servicios de conectividad para el sector productivo y para dispersión de programas sociales, como telemedicina y educación.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) negocia comprar la deuda de la empresa de telecomunicaciones Altán Redes, valorada en el año 2024 en alrededor de 33,000 millones de pesos; entre capital y servicio de la deuda.

La CFE —con un presupuesto de más de 493.000 millones de pesos en 2024 (Unos US$ 26.400 millones)— contrató la asesoría financiera del despacho Rothschild & Co México para presentar una propuesta de compra de deuda a los alrededor de 119 acreedores con los que Altán Redes mantiene compromisos financieros; esto, a través de un plan bautizado como “Proyecto Quetzal”.

Altán Redes importa al gobierno, a la CFE, porque es una red de telecomunicaciones sobre la que se soportan alrededor de 124 empresas de telefonía e Internet que le compran datos móviles para revenderlos por todo el país a personas de escasos recursos y porque su tecnología está habilitada para iniciar despliegues de servicios de conectividad para el sector productivo y para dispersión de programas sociales, como telemedicina y educación.

Proyecto Quetzal fue divulgado a los acreedores el 15 de julio, para cita el día 17. Los pormenores de la propuesta fueron explicados ese día. Para los acreedores que aceptasen el plan, tendrían hasta el viernes 26 de julio para manifestar su beneplácito y cinco días hábiles después recibirían el dinero acordado. Esa fecha se vence este viernes 2 de agosto.

La propuesta de la CFE, que sería el primer intento de la paraestatal para comprar la deuda de Altán, propone abonar el 10%, el 33% o el 100% de la deuda a los acreedores; es decir, habría una quita hasta del 90% en contra de los intereses de algunos acreedores.

Los acreedores fueron colocados, según el Proyecto Quetzal, en tres tramos distintos, identificados como los tramos W, X y Y. En este último el proyecto colocó a 74 acreedores, a los que se propone pagar solamente el 10% del valor de su deuda; es decir, al 63% de las entidades a las que Altán les debe dinero.

La lógica de la Comisión Federal de Electricidad plasmada en Proyecto Quetzal cita que conforme pasan los años, será más complicado para los acreedores cobrar su dinero a Altán; pues, en el mejor de los casos, la deuda general con intereses y con tasa TIEE terminará en el año 2047, y en el camino desde el año 2024 hacia esa fecha, pudieran presentarse “riesgos”, según la paraestatal.

En el escenario actual, la deuda concursal se pagaría en más de 20 años y estaría sujeto a riesgos del negocio (…) La deuda concursal se empezaría a pagar en el 2033 y se terminaría de pagar hasta 2047 (…) Todo esto estaría sujeto a riesgos financieros, de mercado y de ejecución de la empresa, lo cual hace incierto el pago de la deuda concursal”, cita Proyecto Quetzal.

La deuda concursal de Altán Redes deriva de un concurso mercantil en el que la empresa estuvo envuelta en el año 2022, debido a que cayó en la insolvencia financiera para abonar a sus acreedores, ante el hecho de que por mandato constitucional y por mandato también de la reforma sectorial de telecomunicaciones, Altán debía primero acreditar hitos de despliegue de cobertura celular de hasta el 92% de la población mexicana en un determinado tiempo, entre 2021 y 2022, pero la fecha fatal se recorrió al 2024.

Es decir, la entonces directiva de Altán Redes estuvo en el dilema de usar el dinero para acreditar los avances de cobertura celular o pagar a sus acreedores. Hoy, Altán es todavía una empresa público-privada que explota la banda radioeléctrica de los 700 MHz en servicios móviles de Internet y hasta junio atendía de manera indirecta a 15 millones de mexicanos.

Debido a la insolvencia, el todavía actual gobierno salió al rescate de Altán, a través de la banca de desarrollo (Banobras, Bancomext, Nacional Financiera), que se convirtió en el principal acreedor. Entonces se habló de un rescate valorado en 266 millones de dólares.

Pero también existen acreedores de peso mundial, como Huawei y Nokia, las dos empresas que desarrollaron la infraestructura principal de esta red a nivel nacional.

Otros acreedores, por ejemplo, son Operbes de Grupo Televisa, AT&T, Megacable Holdings, American Tower, filiales de América Móvil y Telefónica, y demasiadas empresas locales o muy de nicho dentro de la muy particular industria de telecomunicaciones.

La propuesta de CFE en Proyecto Quetzal no resuelve la asfixia financiera en la que pudieran encontrarse algunos acreedores, reconocen ellos mismos: “La propuesta para muchas empresas es indecorosa, porque varias de esas 74 empresas a las que se quiere pagar sólo el 10% de la deuda contrataron créditos para hacer posible la red celular de Altán”, dijo una de las fuentes.

Cierto es, la CFE puede presentar otra propuesta, del 30% o el 35% del valor y los acreedores verán”, dijo uno de los acreedores.

“Por ahora, nadie ha aceptado y CFE debería ver el valor real de Altán y la Red Compartida, que no vale esos 33,000 millones de pesos, sino más del doble por la infraestructura ya instalada, sin contar valor de marca y clientes”, dijo otra de las fuentes.