Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMC), los estímulos fiscales otorgados por el gobierno de López Obrador para promover la inversión por la relocalización de empresas extranjeras y mexicanas no son suficientes para aprovechar esta tendencia.

Los estímulos fiscales para promover la inversión por la relocalización de empresas extranjeras (nearshoring) y mexicanas no son suficientes, hace falta “atender las necesidades de infraestructura, desarrollo de talento y Estado de Derecho”, afirmó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En un análisis publicado hoy viernes refieren que “cualquier estrategia para atraer inversiones al país, sean relacionadas con el nearshoring o no, debe ir más allá de los estímulos fiscales (...) Además, se debe garantizar que las medidas adoptadas cumplan con lo dispuesto en los tratados y compromisos comerciales de los que el país forma parte con el fin de generar un entorno de certeza jurídica propicio para la inversión”. 

El pasado miércoles 11 de octubre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación estímulos fiscales para atraer inversión extranjera, pero también nacional.

Uno de los estímulos tiene que ver con la deducción acelerada de inversiones que permite a las empresas de los sectores de “alta tecnología e investigación y desarrollo” deducir entre 56% a 89%. 

Lo anterior está diseñado "para aumentar la liquidez de las empresas y fomentar la reinversión” y durará hasta 2024, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda.

El segundo es una deducción adicional del 25% que se aplicará durante tres años para cubrir los costos asociados con la capacitación del personal.

La SHCP comunicó que hizo una “selección minuciosa” y que son sólo 10 sectores beneficiados para poder ser parte de los estímulos fiscales. Entre ellos destacan la fabricación de partes para automotores, agroindustria, productos farmacéuticos, equipos y accesorios eléctricos, etcétera.

EVITAR CONFLICTOS COMERCIALES 

El IMCO también señaló que los estímulos fiscales pueden incentivar la inversión en el país, pero el gobierno “debe garantizar que dichas medidas no entren en conflicto con los compromisos que México tiene con sus socios comerciales”.

“El hecho de que el decreto dirija los beneficios únicamente a empresas exportadoras en sectores económicos específicos y con vínculos comerciales establecidos principalmente con Estados Unidos, contradice algunas de las disposiciones establecidas en los acuerdos en los que México participa con la Organización Mundial de Comercio (OMC)”.

El Instituto refirió que, con base en las disposiciones de la OMC, se tiene que evitar las prácticas que perjudiquen la competencia en el sistema del comercio. 

“Dentro de estas prácticas se incluye el otorgamiento de beneficios conferidos a ciertas empresas bajo la condición de que se exporte un determinado porcentaje de la producción, como lo hace el decreto al estipular un mínimo de ingresos por exportación de 50% para que las empresas puedan acceder al beneficio”.

Además, el artículo 1 del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT, por su sigla en inglés) establece que si un país concede a otro una ventaja especial, se tiene que hacer lo mismo con todos los miembros de la OMC, citó el IMCO.

“Este principio, conocido como el “trato de la nación más favorecida”, entra en conflicto con los criterios establecidos en el decreto para seleccionar los sectores beneficiados, los cuales incluyen un incremento en la demanda por exportaciones de México a Estados Unidos”. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía analizarán si un decreto de fomento a las exportaciones publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación viola el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Estoy en contacto con el secretario de Hacienda (Rogelio Ramírez de la O) para ver este tema y, si es necesario, hacer los ajustes correspondientes”, dijo Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, en una comparecencia ante comisiones en la Cámara de Diputados.