El gobierno peruano se ha visto incapaz de reflotar las inversiones mineras en medio de tensiones sociales. Mientras que el exceso de trámites y la ley del Royalty dictan la pauta de los proyectos mineros de Chile.
Del 25 al 29 de septiembre, se celebró la 35º edición de PERUMIN, una de las convenciones mineras más importantes de Latinoamérica. La cita fue en Arequipa (Perú), donde el Instituto de Ingenieros de Minas de Perú (IIMP) brindó un espacio de ponencias y debates en torno al sector minero. Esta nueva edición llegó tras una pausa de tres años derivada de la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, el optimismo de la reapertura se vio contrastado por diversas razones. Se resaltó la ausencia de la presidenta Dina Boluarte en el evento, los desacuerdos de sus ministros en torno a la viabilidad del proyecto Tía María y finalmente, la presentación de cifras desalentadoras para el futuro de la minería en Perú.
El jueves 28, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) explicó que este año la inversión minera en el país caería un 18% y el próximo año volverá a hacerlo en 7,7%. Hasta entonces, las cifras habían crecido, aunque de forma modesta: se pasó de US$ 5.263 millones en 2021 a US$ 5.364 millones al año siguiente (+ 1,9%). “No hay nuevos grandes proyectos mineros”, justificó el banquero. De esta forma, la inversión en el sector registrará tres años consecutivos de caída en un marco donde las esperanzas están puestas en el fin de la fase de inversión del proyecto Quellaveco, en la región sureña de Moquegua. La mina cuprífera actualmente es operada por la multinacional Anglo American, que ha logrado extraer más de 260.000 toneladas de cobre entre septiembre de 2022 y julio de 2023.
BRECHAS EN EL GOBIERNO DE BOLUARTE POR TÍA MARÍA
Por otro lado, los viejos conflictos han pasado factura al gobierno de Dina Boluarte. Esta vez fue el proyecto Tía María, que involucra el procesamiento de cobre que explotará los yacimientos de La Tapada y Tía María en el sur de Arequipa. Desde hace una década, esta iniciativa dirigida por la minera Southern Perú (Grupo México), ha generado el rechazo de los lugareños debido a su impacto ambiental y social. Las tensiones no se detuvieron con la aprobación de la licencia de construcción por el gobierno de Martín Vizcarra en 2019 y en última instancia, el proyecto sigue sin construirse.
No obstante, la organización del PERUMIN 2023 parecía verse como el foro indicado para destrabar el proyecto. Así, el día de inauguración, el ministro de Energía y Minas peruano, Óscar Vera, reconoció que Tía María era una iniciativa importante para el país, pero que no deben ignorarse las demandas del “pueblo, que es el dueño del terreno”. Pero al día siguiente, el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, negó que Tía María estuviera en la agenda del Ejecutivo peruano. “Tienen que solucionarse por consenso los problemas que ha tenido esta inversión”, expresó.
De manera paradójica, posteriormente Vera expresó que en el gobierno todos seguían la misma línea en torno a Tía María. Cabe destacar que las desavenencias en torno a Tía María se dan en un panorama donde el gobierno de Boluarte encuentra sus mayores cifras de rechazo en la región sur de Perú. Por ejemplo, en julio de 2023, la consultora Datum registró que un 92% de encuestados estaba en desacuerdo con el Ejecutivo. Asimismo, Boluarte actualmente es investigada por su responsabilidad política en las muertes de 61 ciudadanos en las protestas contra su gobierno, acaecidas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Cabe destacar que la mayoría de las muertes se registraron en la sierra central y sur del país.
Por ello, el manejo de los conflictos sociales se presenta como un reto para el gobierno peruano y a lo mejor existe la percepción que “reabrir viejas heridas” como Tía María sería más costoso que los beneficios del proyecto. Originalmente, Southern prometió invertir US$ 1.400 millones en Tía María. Asimismo, su etapa de construcción crearía 3.600 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos y a la postre, se estima que genere S/. 5.000 millones (US$ 1.312 millones) por canon y regalías que beneficiarían al gobierno regional de Arequipa. Por ahora, el proyecto se encuentra nuevamente aparcado y pese a la ausencia de iniciativas similares, se estima que la producción de cobre en Perú alcance las 2,8 millones de toneladas para 2024. Aunque luego se prevé una caída que, de acuerdo a la consultora Wood Mackenzie, permitiría que la República Democrática del Congo supere al país andino como segundo productor mundial de cobre.
EL PANORAMA CHILENO: EXCESO DE TRÁMITES Y MAYORES IMPUESTOS
En el primer lugar del podio cuprífero se encuentra Chile. Actualmente, el país austral presenta inversiones mineras importantes como la planta desaladora de Codelco, valorizada en más de US$ 1.000 millones o la expansión de Centinela por Antofagasta Minerals (US$ 4.000 millones). Sin embargo, ciertos gremios han denunciado que el exceso de trámites entorpece los proyectos. A finales de agosto, la Asociación de Industriales de Antofagasta denunció un encarecimiento del 60% de los proyectos mineros.
“Efectivamente tenemos esos proyectos, pero lo que ha pasado es que se ha ralentizado la consecución de los permisos y la concreción de las inversiones. Creemos que la misión nuestra es tratar de ayudar a que se generen las condiciones para darle más celeridad al desarrollo de los proyectos y a la consecución de las inversiones. Lo que tenemos que hacer es acelerarlas”, destacó Marko Razmilic, presidente de la asociación al Diario Financiero de Chile. Según Razmilic, el hecho que existan más de 4.000 permisos distintos para tramitar los proyectos mineros en Chile ocasiona que las inversiones se demoren 4,3 años más en concretarse y que los costos se hayan disparado en 64%.
Ese mismo mes, el gobierno de Gabriel Boric aprobó la Ley del Royalty Minero, que establece impuestos específicos para las grandes empresas mineras. El impuesto se cobrará a partir de 2024 a las empresas mineras cuyas ventas de cobre superen el 50% y su producción sea mayor a 50.000 toneladas métricas de cobre fino anual. Así, por medio del royalty, se espera obtener el 0,45% del PIB anual de Chile, un estimado de US$ 1.350 millones. En el proceso, la carga tributaria minera ascendería al 46,5% del ingreso operacional.
Mientras que en Perú, se mantiene en 41,7%, según un estudio de la consultora KPMG. Esta alza de impuestos podría ser ventajosa para el traslado de nuevas inversiones mineras a Perú. Aun así, Beatriz de la Vega, líder del área de energía y recursos naturales de KPMG Perú, declaró a Bnamericas que otros factores también entran en juego como la burocracia y nuevamente, el manejo de los conflictos sociales. De esta manera, con Chile imponiendo disciplina a las mineras y un Perú afectado por la incertidumbre política y social, el status quo del sector podría mantenerse.
