Los empresarios involucrados compartían los mismos proveedores o emisores tributarios falsos con tal de disminuir el pago del IVA y el Impuesto a la Renta. El cabecilla de la organización ya tiene antecedentes en casos similares y una militante del Partido Republicano está implicada en la presunta red criminal.
Este jueves 14, Chile se remeció con la captura de 55 empresarios por el fraude al fisco más grande en la historia reciente del país austral. El adjetivo no es gratuito: el Servicio de Impuestos Internos (SII) confirmó que el delito a gran escala implica una defraudación superior a los $240.000 millones (US$ 275 millones). Para forjar una amplia red delincuencial, los infractores usaron más de 100.000 facturas falsas a través de más de 340 contribuyentes. Esta trama de corrupción pasó desapercibida hasta que el Área de Litigación Penal del SII detectó una serie de movimientos sospechosos entre empresarios de las ciudades de Arica, Talca, Santiago, Puerto Montt, entre otras.
Las operaciones incluían empresas que compartían los mismos proveedores o emisores tributarios falsos. Este mecanismo beneficiaba a sus receptores finales, quienes mediante declaraciones maliciosas, lograron disminuir su carga tributaria de forma irregular, tanto respecto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) como del Impuesto a la Renta. Sin embargo, esta no fue la única forma de sacar provecho de la red evasiva: las pesquisas del SII descubrieron que algunas de las sociedades receptoras de las facturas falsas consiguieron devoluciones de impuestos que no les correspondían por concepto de IVA exportador.
¿Cuál es el perfil de los detenidos? Conviene aclarar que todos son chilenos y que entre los involucrados no hay personalidades reconocidas del empresariado local. Pero hay un tercer patrón clave: todos se dedican a los rubros de servicio, como transportes o servicios industriales. Asimismo, el SII también ha identificado al líder de la agrupación: José Antonio Pávez Canessa, quien no es un nombre nuevo en este tipo de delitos. Ya en noviembre de 2022, Pávez fue acusado de haber estafado al fisco chileno por $56.000 millones (US$ 64 millones) usando una red de venta de facturas falsas. Su estrategia delictiva incluía el uso de 16 sociedades de papel, que empleaba para imprimir más de 100.000 facturas ilegales, generando operaciones comerciales de 3.308 proveedores “fantasma” entre 2016 y 2020.
Este viernes 15 se realizó el control de detención de los 55 detenidos, de los cuales 29 permanecieron cautivos y los otros 26 fueron liberados, aunque bajo la orden de comparecer ante la justicia el próximo lunes 18. Cabe destacar que algunos de los implicados participan en la arena política. Quizás el nombre más destacado es el de Ximena Jiménez, militante del conservador Partido Republicano y ex candidata a consejera constitucional. Tras salir del centro de justicia, Jiménez aseguró ser inocente de cualquier delito tributario e interpretó su liberación de una forma peculiar: “No hay mayores antecedentes y no nos iban a pedir a nosotros una medida precautoria como prisión preventiva”, declaró. Según la visión de la ex candidata, su inocencia le permite participar en eventos partidarios y por otro lado, no debería afectar el desempeño del Partido Republicano en el Plebiscito Constitucional del domingo 17. Como se recuerda, la organización fundada por José Antonio Kast tuvo un rol protagónico en la redacción del nuevo proyecto de Constitución.
Pero la condena pública aún pesa sobre los acusados, estén en libertad o no. “Los presuntos autores de estos delitos no pueden calificarse como empresarios”, expresó la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), el principal gremio de empresas industriales de Chile, en un comunicado oficial. La asociación manifestó su repudio hacia la evasión tributaria y aseguró que los verdaderos empresarios crean valor, aportan con sus impuestos y trabajan duro por el progreso de Chile. El pronunciamiento cerró con un llamado a trabajar para fortalecer la integridad en el mundo empresarial y la colaboración con las autoridades para erradicar “conductas fraudulentas” que perjudican el bienestar de la nación.
La magnitud del escándalo también llevó a la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la organización que agrupa al gremio del empresariado chileno, a pronunciarse en contra. “Condenamos enérgicamente los delitos que aquí se investigan como evasión fiscal, fraude aduanero, lavado de activos y emisión de facturas falsas. Todos son extremadamente graves, dañan la institucionalidad económica, afectan la fe pública y deben ser sancionados con el máximo rigor de la ley”, declaró Ricardo Mewes, el presidente de la CPC.
En una entrevista para Biobío Chile, el exfiscal Carlos Gajardo fue más allá y describió al caso como el escándalo de corrupción más grande de la historia de Chile. Incluso, considera que es más grave que el caso Penta, el fraude al fisco que habría financiado irregularmente las campañas electorales de varios políticos del partido conservador Unión Democrática Independiente (UDI) en la década pasada. “En el Caso Penta, más o menos lo que se imputó fueron mil boletas falsas (...). Sin embargo, este caso tributario involucra 100.000 facturas falsas, según se ha conocido por la información preliminar”, declaró Gajardo. De esta forma, una inesperada bomba estalla en Chile durante una semana decisiva para el futuro del país.
