A pesar de ser una estrategia planteada para generar ingresos adicionales, los precios ofertados por los agentes comercializadores brasileños generan preocupación, ya que son inferiores al costo de reposición de la energía.

El inicio de 2025 trae consigo una serie de desafíos pendientes para el Gobierno paraguayo encabezado por Santiago Peña en materia energética. Entre los temas más urgentes se encuentra la definición sobre la venta de energía generada por la Central Hidroeléctrica Acaray al mercado libre del Brasil.

A pesar de ser una estrategia planteada para generar ingresos adicionales, los precios ofertados por los agentes comercializadores brasileños generan preocupación, ya que son inferiores al costo de reposición de la energía, lo que podría resultar en pérdidas económicas para Paraguay si se concreta la venta. Ingenieros del sector han advertido que aceptar estas condiciones podría ser perjudicial para los intereses nacionales.

Por su parte, la ANDE sostiene que esta estrategia es necesaria para tener la experiencia de venta a dicho mercado, considerando que según el “Entendimiento entre Paraguay el Brasil sobre directivas relacionadas con la energía de Itaipú Binacional”, está establecido que en la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, la parte paraguaya de la energía no consumida por Paraguay podrá ser vendida libremente al mercado brasileño por Paraguay.

POSTERGAN ANEXO C

A este escenario se suma la postergación de la negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, que regula los aspectos financieros y tarifarios de la hidroeléctrica binacional.

Los gobiernos de Paraguay y Brasil acordaron que las conversaciones continuarán durante 2025, sin conocerse públicamente el nuevo plazo para alcanzar un acuerdo definitivo.

El hermetismo con que se manejan estas negociaciones con el Brasil despertó críticas, dada la relevancia estratégica de este acuerdo para ambas naciones.

RECURSOS ADICIONALES

Otro aspecto que genera dudas es la distribución de los recursos adicionales obtenidos mediante la negociación de la tarifa de Itaipú, que quedó fijada en US$ 19,28 kW-mes por tres años (2024, 2025 y 2026). Hasta ahora, el Gobierno paraguayo no informó cuánto de ese monto se destinará al fortalecimiento del sector eléctrico, especialmente para inversiones en infraestructura.

Este vacío alimenta la incertidumbre en un momento en que el sistema eléctrico enfrenta grandes presiones por el aumento de la demanda y las deficiencias en su red. En medio de este panorama, la ANDE anunció una medida sin
precedentes: la emisión de bonos sin garantía soberana, con el objetivo de captar fondos para financiar proyectos de
infraestructura, principalmente para combatir las pérdidas eléctricas, según el presidente de la empresa estatal, Ing. Félix Sosa.

Esta decisión, aunque ambiciosa, presenta un riesgo considerable para la institución, ya que depende de su capacidad para convencer a los inversores del retorno de su apuesta.

Las pérdidas eléctricas son un problema histórico para la ANDE, pues representan un alto porcentaje de la energía generada que no llega a ser facturada.

AÑO DECISIVO EN TEMAS PENDIENTES

2025 se perfila como un año decisivo para el sector energético paraguayo, con decisiones que podrían definir el rumbo del país en las próximas décadas. La expectativa ciudadana es alta, exigiendo respuestas claras y acciones concretas que traduzcan los recursos energéticos en beneficios tangibles para toda la población.

Con desafíos complejos y expectativas crecientes, Paraguay tiene ante sí la oportunidad para consolidarse como un actor clave en el escenario energético regional.