La empresa estatal chilena Desarrollo País tiene entre sus planes este 2024 la conectividad digital -donde la estrella es el proyecto de fibra óptica submarina-, la inversión inmobiliaria e infraestructura para la electromovilidad. Su objetivo es la inversión social con rentabilidad económica y, tras cinco años funcionando, este año podría generar utilidades para el Fisco.

Cuando el presidente de Chile Gabriel Boric encabezó la ceremonia de lanzamiento del cable de fibra óptica Humboldt que unirá a Chile con Asia, en enero pasado, pocos habían escuchado hablar de la agencia Desarrollo País.

Con apenas cinco años de existencia, la entidad pública es en 99,9% propiedad del Fisco chileno. El restante 0, 01% pertenece a la Corporación de Fomento de la producción, Corfo.

“Todos los proyectos en los que nos embarcamos tienen un profundo sentido social, que es el espíritu final de una empresa pública”, aclara sobre su composición Patricio Rey, gerente general de la iniciativa Desarrollo País.

La institución tiene cuatro grandes áreas de inversión, entre infraestructura digital, infraestructura de transporte público, proyectos de vivienda social y de emergencia territorial. 

De cara a este 2024, la entidad tiene un presupuesto de US$ 15 millones en una primera etapa de construcción de Humboldt, “los que se va a ir complementando en los años venideros hasta terminar el proyecto. Y por el tema de ciudad, vamos a estar invirtiendo cantidades importantes de recursos, pudiendo llegar a más de US$ 100 millones en compra de terrenos para un plan de emergencia habitacional, terrenos para la línea 9 del Metro, y también para la compra de terrenos de terminales de buses, donde estamos desarrollando fundamentalmente un piloto de electro terminales”, adelanta Rey a AméricaEconomía. 

De una estructura similar a la del Metro S.A., -la firma estatal a cargo de la administración del tren subterráneo que corre por debajo de la capital chilena-, Desarrollo País nació hace casi 10 años como una idea del entonces ministro de Obras Públicas chileno, Alberto Undurraga, que buscaba una institucionalidad capaz de administrar las concesiones una vez que volvieran a manos del fisco chileno.

Una vez aceptada la idea por el Ministerio de Hacienda, el trabajo fue crear dicha empresa, con miras a potenciar la inversión estatal, pero con una estructura más ágil que la de ministerios. 

El resultado fue una agencia con una estructura similar a la de Infrastructure Ontario (IO), institución canadiense que apoya las iniciativas del gobierno de Ontario para modernizar y maximizar el valor de la infraestructura pública y los bienes raíces. 

“Ese fue nuestro benchmark ( …) basarnos en una empresa que durante 25 años ha ido consolidando un modelo de empresa pública eficiente, innovadora, para solucionar problemas reales de esa provincia en Canadá en términos de provisión de infraestructura pública”, comenta Rey.

Desde 2019 la entidad ya está funcionando bajo la premisa de obtener rentabilidad para que la empresa tenga una sostenibilidad económica y sus proyectos puedan generar utilidad y éstos sean reinvertidos en otros proyectos.

EL CABLE SUBMARINO

De todos sus proyectos, sin duda la estrella es el cable de fibra óptica que unirá Asia con Chile, a través de Australia, que permitirá posicionar a Chile como la puerta de entrada hacia Latinoamérica para el transporte de datos desde Asia Pacífico.

“Es un cable de conexión digital de internet que va a recorrer 14.800 kilómetros de mar, desde Valparaíso hasta Sydney, en Australia, para transferir datos digitales de forma más segura, rápida y directa”, destacó el presidente Boric al dar el vamos a la construcción del cable de fibra óptica.

Para concretar este proyecto, el país debió invertir US$ 55 millones, a los que se sumarán otras inversiones futuras mientras avanza la iniciativa hasta completar unos US$ 100 millones por parte del gobierno chileno. El proyecto completo le costaría a Google, la entidad a cargo de su realización, unos US$ 450 millones en total.

Ese mismo cable que, apenas se supo el trazado en julio de 2020 se interpretó como un desaire a China, pero que sería solamente la decisión más práctica en términos de inversión y de operación, ya que el tráfico de datos Chile-China es bajísimo respecto de los datos que se mueven con Japón, Australia y Singapur, asegura Desarrollo País. 

Adicionalmente, en el tema geopolítico, dejaba amarrado a ese país con China, en circunstancias que Estados Unidos y sus aliados están dejando fuera al gigante asiático de decisiones críticas.

De acuerdo con la agencia, este cable dotará de una mayor diversidad geográfica, resiliencia y redundancia a las actuales redes de telecomunicaciones a través de una nueva ruta. Además, aumentará la capacidad y mejorará la latencia de comunicación de Chile y Sudamérica en un escenario de aumento explosivo de tráfico con las nuevas tecnologías como 5G o internet de las cosas.

Técnicamente este cable constará de 16 pares de fibras, donde 1 par equivale a 9 terabytes con lo que se tiene capacidad para soportar todos los datos que se crean en Chile. De acuerdo con el trato establecido entre Google y el gobierno chileno, el país sudamericano tendrá para sí 4 pares de fibras, lo que le permitirá arrendar esa capacidad tanto internamente como externamente y así tener recursos tanto para crecer en capacidad de conexiones como recibir ingresos por ello. De hecho, Rey reconoció conversaciones con empresas públicas de Argentina, Uruguay y Paraguay para tal efecto.

“Se pensó hacer un cable de 4 pares, pero comprarle capacidad a Google era lo más eficiente”, indica Patricio Rey, quien detalla que el costo asociado a cada par es de unos US$ 25 millones.  

Se espera que el cable ya esté operativo en el último trimestre del año 2026. Para solventarlo, se creará una sociedad SPV (siglas de Vehículo de Propósito Especial en inglés) que será la propietaria del cable submarino. “Esta sociedad estará constituida por Desarrollo País y otras empresas que estarán encargadas de financiar el proyecto” destaca la web de la institución.

“Se estima un crecimiento anual de 25% en tráfico de internet. Por eso es tan importante poder tener la capacidad de proyectarse para el futuro”, indica Rey. 

UTILIDADES PARA EL ESTADO

Como toda empresa anónima chilena, la ley obliga a que un mínimo de las utilidades de las empresas sea repartidas como dividendos, y ese mínimo es el 30%. 

“Cuando comienza a funcionar una empresa, obviamente hay mayor inversión que utilidades. Una vez que la empresa ya tiene más utilidades que pérdidas estas deben ser devueltas a sus accionistas a través de dividendos, a no ser que la junta accionista decida lo contrario”, indica Rey. 

Con las utilidades que ya tiene Desarrollo País, su gerente afirma que están recuperando la pérdida acumulada al inicio de funcionamiento de la empresa. Algo que, de todas formas, depende de las decisiones que tomen sus accionistas.

“Esto lo decide el Ministerio de Hacienda junto al Ministerio de Obras Públicas y la Corfo, que integran nuestra junta accionista. [La decisión se dará a conocer] igual que todas las empresas de sociedad anónima entre marzo y abril”, concluye Rey.