La Auditoría Superior de la Federación, detectó que en el universo auditado para el uso de recursos de la nueva refinería, por lo menos hubo nueve procesos de adjudicación directa de obras a contratistas, a quienes no se les realizó una investigación para determinar que eran los mejores postores.

Tan sólo en 2021, Petróleos Mexicanos (Pemex) recibió del gobierno federal recursos por 120,025 millones de pesos (más de 6,500 millones de dólares) para la nueva refinería Olmeca que se ubicará en Paraíso, Tabasco, cuando el costo original para la construcción de esta obra emblemática del gobierno federal sería de 8,000 millones de dólares en total. El monto ejercido resultó además 2.6 veces superior al presupuesto original para ese año.

Según el Seguimiento a la Gestión Financiera a la estatal para la nueva refinería realizado por la Auditoría Superior de la Federación, del monto recibido ese año, 113,785 millones de pesos fueron aportaciones del gobierno federal, emitidas por la Secretaría de Energía, mismas que se sumaron a 6,240 millones de pesos otorgados por el propio Pemex.

Cabe recordar que para el 2021 se consideró una aportación de la Secretaría de Energía a Pemex para la nueva refinería Olmeca por 45,050 millones de pesos aprobados por el Congreso en el Presupuesto de Egresos.

Sin embargo, la Auditoría constató que el presupuesto original asignado en el ejercicio 2021 a Pemex Transformación Industrial para inversión financiera en el primer semestre fue por 45,050 millones ya calendarizados, pero sólo para el primer semestre del año, sin considerar una programación anual. No obstante, se solicitaron 94,711 millones de pesos en el anteproyecto notificado en la sesión celebrada por el Consejo de Administración de Pemex del 14 de julio de 2020.

Posteriormente, en la sesión extraordinaria del Consejo de Administración de la estatal, del 18 de enero de 2021, se indicó que se contaba con un calendario preliminar de aportaciones para el proyecto de la nueva refinería. Así, para continuar con la capitalización a Pemex Transformación Industrial para el proyecto y cumplir con sus compromisos de pago, el Consejo de Pemex autorizó en las sesiones extraordinarias del 5 de junio y 29 de noviembre de 2021, recursos adicionales por hasta 40,802 y 29,628 millones de pesos, además de la adecuación por 27,933 millones de pesos.

Con ello se realizaron 13 adecuaciones presupuestarias autorizadas “por lo que el presupuesto modificado ascendió a 120,025 millones de pesos de pesos, lo que representó un aumento del 26.7% del presupuesto calendarizado del anteproyecto por 94,710 millones”.

La Auditoría, que entregó su tercer informe de resultados para el 2021 al Congreso este lunes, detectó que además en el universo auditado para el uso de recursos de la nueva refinería, por lo menos hubo nueve procesos de adjudicación directa de obras a contratistas, a quienes no se les realizó una investigación para determinar que eran los mejores postores.

“En los nueve procesos de adjudicación asignados directamente por 2,240 millones de pesos se observó la falta de documentación, como los estudios de mercado, las propuestas técnicas y económicas y las cotizaciones, principalmente, por lo que no se evidenció que se evaluara las características en cuanto al precio, a la calidad, a la oportunidad, al nivel de servicio y a la capacidad técnica y productiva, ni se garantizaron los principios de economía y transparencia”, según el organismo auditor.

La Auditoría Superior de la Federación emitió por ello una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, autorizaron la formalización de nueve contratos, sin que se evidenciara que en los procedimientos de contratación.

A la vez, informó que hubo recurrencia en la entrega tardía de 28 garantías de cumplimiento que Pemex debió exigir a los contratistas, mismas que se retrasaron entre 2 a 226 día. En 11 contratos, las garantías no cubrieron un periodo de 24 y 284 días naturales.