En su edición del 18 de febrero, un artículo de la revista asevera que un fallo judicial podría provocar el colapso del sector privado de la salud, con efectos devastadores en el sistema de salud pública.

Durante más de una década, los proveedores de salud privados de Chile, las Isapres, han estado en conflicto con el poder judicial del país. En 2010, el tribunal constitucional dictaminó que su práctica de ajustar los precios de los planes de salud en función de la edad y el sexo era inconstitucional.

"Tal mecanismo había encarecido la atención médica privada para niños menores de 2 años, personas mayores y mujeres en edad fértil. Sin embargo, el fallo carecía de una política gubernamental o un mecanismo de aplicación que lo acompañara, y las Isapres continuaron subiendo las tarifas".

Así inicia un texto del autor Matt Youkee, pubicado en The Lancet este 18 de febrero.

La prestigiosa revista médica británica aborda así la crisis que atraviesa actualmente el sistema privado de salud chileno y que tiene al gobierno del centro izquierdista Gabriel Boric observando cómo el modelo que ellos desean cambiar cae por su propio peso y casi sin intervención estatal.

El origen del problem, dice The Lancet, es que las Isapres continuaron subiendo las tarifas. A su vez cada vez más, y casi siempre con éxito, los pacientes individuales demandaron a las Isapres para frenar los aumentos de precios.

En parte como respuesta a esta creciente marea de casos, el 30 de noviembre de 2022, la Corte Suprema de Chile dictaminó que las Isapres debían adherirse a una tabla de factores para minimizar la discriminación por edad y sexo.

"La sentencia fue retroactiva y en aclaraciones posteriores, los jueces de la Corte Suprema dijeron que las Isapres deben devolver todos los cobros en exceso realizados a los pacientes desde abril de 2020", recuerda el artículo.

En efecto, el monto exacto aun debe decidirse, pero algunas Isapres podrían deber hasta US$1.000 millones. El sector completo ahora está esperando hasta l 30 de mayo para encontrar una solución.

Es un problema también para el gobierno de Boric, reflexiona el artículo de the Lancet, ys que si salva a las Isapres del colapso, por ejemplo, proporcionando un paquete de financiamiento, "sería impopular entre Los partidarios de Boric, que lo comparan con el rescate de un banco".

Pero el colapso significaría que 3,2 millones de pacientes de Isapres tendrían que ser absorbidos por Fonasa, el proveedor de atención médica pública. Esto, según Jorge Fabrega, experto en políticas de la firma de investigación Pacífico Research, sobrecargaría el sector público, recortaría los salarios de los médicos (la mayoría trabaja para ambos sector público y privado), y posiblemente paralizar a los proveedores privados de salud a quienes se les deben US$ 1.000 millones por Fonasa e Isapres juntas.

“Si las Isapres se retiran, veremos un efecto dominó entre las clínicas privadas de Chile”, dijo a The Lancet. “Esto no es una teoría, es la realidad y Fonasa no tiene capacidad para atender a 3 millones de pacientes más”.

“Mantener el mismo sistema después de rescatar a las Isapres es política y económicamente inviable”, dice en el artículo José Miguel Bernucci, secretario del Colegio Médico de Chile. “Tanto el gobierno como las Isapres saben que el objetivo a largo plazo es crear un sistema de salud universal con las Isapres convertidas en proveedores de segundo nivel”.

El 23 de enero, la vocera del gobierno, Camila Vallejo, anunció que en marzo se presentaría a la legislatura una nueva ley de cobertura de salud.

“La prioridad del gobierno es la protección y apoyo a los pacientes [de las Isapres] y sus beneficios”, dijo.

Aunque aún no se ha finalizado, es probable que proponga que todos los chilenos paguen el 7% de su salario a un nuevo órgano estatal a cargo de la atención universal de la salud, con aquellos que deseen y puedan hacerlo. contribuir más para garantizar una mayor cobertura o tratamiento en clínicas privadas haciéndolo a través de Isapres.