Una eventual absorción de las facultades de la Cofece y el IFT por las secretarías de Economía y de Comunicaciones anularía en los hechos la vigilancia sobre actuaciones anticompetitivas de otros órganos del gobierno, estiman expertos.

Los cambios que plantea la reforma constitucional en materia de organismos constitucionales autónomos (OCA) del presidente Andrés Manuel López Obrador debilitarían la capacidad reguladora del Estado mexicano al crear conflictos de interés en la política regulatoria, afirman expertos.

La iniciativa de reforma constitucional presentada el lunes cinco de febrero contempla la extinción de un puñado de organismos constitucionales autónomos, pero no de sus funciones, que serían absorbidas por el gobierno central, a través de algunas de sus secretarías.

Sin embargo, cuando menos en lo que atañe a dos de los organismos constitucionales autónomos listados en la iniciativa, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la transferencia de sus funciones podría mermar o, de plano, suprimir algunas de ellas en los hechos.

Javier Núñez, director de la Consultoría Ockham Economic Consulting, visualiza, de entrada, dos grandes problemas derivados de una defenestración de estos órganos reguladores.

Rigor técnico, en riesgo

El primero tiene que ver con la desaparición de los filtros de selección de los funcionarios que llevan sus riendas. Estos robustecen el rigor técnico de la actuación regulatoria y mitigan el riesgo de la “contaminación” de criterios político-electorales.

Hoy en día quien quiera formar parte de los órganos de gobierno de ambos reguladores no solo debe ser propuesto por el Ejecutivo, sino que debe pasar las evaluaciones de otros órganos de rigor técnico, en este caso, el Banco de México y el Inegi.

Por si fuera poco, los nombramientos también deben ser ratificados por el Senado. Así quedó asentado en la reforma del 2013 que dio autonomía constitucional a la Cofece y al IFT.

“El sistema de selección que se tiene garantiza que tienes que certificar experiencia, conocimiento, pasar evaluaciones y acreditar que no tienes conflicto de interés. Es un sistema único en el mundo”, opina Javier Núñez.

De aprobarse la iniciativa presidencial, se perderían estos candados, pues los funcionarios directivos serían nombrados directamente por el Ejecutivo.

El problema de ser juez y parte

Una segunda preocupación son los potenciales conflictos de interés. Gracias a su autonomía, la Cofece puede opinar libremente sobre reglamentos, normas y leyes que, a su parecer, pongan en peligro el proceso de competencia. No importa si vienen de los poderes ejecutivo, legislativo o son interpretaciones del poder judicial.

También puede investigar y, eventualmente, ordenar suprimir barreras a la competencia, incluyendo las que se derivan de la propia actuación del Estado o de sus empresas.

“Defectos o actuaciones deficientes derivadas de las actuaciones del Estado no podrían ser investigadas por el propio gobierno (de aprobarse la reforma), es poco probable que el gobierno se vaya a investigar a sí mismo”, opina Núñez.

Y recordó que en los últimos años la Cofece ha emitido recomendaciones a organismos del gobierno federal y a gobiernos estatales para mejorar el clima de competencia o, de plano, reformar normativas anticompetitivas.

Ejemplos son las recomendaciones a la Consar en materia de comisiones cobradas por las Afore o las advertencias de los reglamentos municipales que limitan la oferta de gasolina al imponer distancias mínimas para la instalación de estaciones de servicio.

De modo que, aunque la iniciativa presidencial no prevé la extinción de facultades hoy depositadas en la Cofece, sino sólo su transferencia, algunas de estas quedarían anuladas en los hechos, dice el consultor.

Politización, indeseable

Para Miguel Flores Bernés, la disolución de los órganos reguladores generaría un daño que no es cuantificable, pero sí muy superior a los presupuestos que reciben estos organismos y la afectación iría directamente lo bolsillos de los consumidores que son todas las personas en el país.

Para el abogado especialista en competencia, los efectos negativos más relevantes si se aprueba este cambio sería volver políticos, con visiones y decisiones de corto plazo a las entidades que combaten las prácticas nocivas para sus consumidores que todos los días pueden realizar los agentes con mayor poder económico del país.

“No podemos dejarle en este país a un órgano eminentemente político que es una secretaría un trabajo tan titánico como enfrentar a los mayores poderes económicos que hay y afectan la vida y el bolsillo de todos los mexicanos, en el caso del IFT”, dijo el especialista.

Y agregó “tampoco podemos pedirle a un despacho de la Secretaría de Economía que regule a todos los mercados, que todos son distintos, que tienen sus características y en conjunto sostienen el bienestar, o no, del país entero”, dijo acerca de la disolución de Cofece.

“Llegamos 100 años tarde a esta regulación, pero ahí está y ha tenido resultados que no se difunden tanto, pero cuyo impacto se ve en la economía de los que menos tienen. Es necesaria una discusión mucho más profunda de esta iniciativa, de lo que se debe cambiar en la Cofece y el IFT, que no son perfectos, pero no disolverlos, no volverlos políticos”, finalizó Flores Bernés.